Decisión de la Corte Suprema envía mensaje de alerta a personas con Green Card

La Corte Suprema dio un gran impulso al gobierno de Donald Trump para respaldar las crecientes amenazas a la inmigración legal, al facilitar que los agentes fronterizos impugnen el regreso al país de los titulares de Green Card con decisiones ampliamente discrecionales.

La decisión 6 a 3 sobre una opinión escrita por el juez Clarence Thomas otorga al gobierno mayor flexibilidad para tratar a los inmigrantes con Residencia Legal Permanente o Green Card como “solicitantes de admisión”, a través de un ‘parole’ o permiso de permanencia, ya sin el valor de la Green Card.

De este modo, el Máximo Tribunal establece que los agentes fronterizos no están obligados a contar con “pruebas claras y convincentes” de que una persona con Green Card ha cometido un delito que implica “depravación moral” –un término establecido en la Ley de Nacionalidad e Inmigración (INA)– para determinar que dicho residente no conserva su derecho a reingresar a los EE.UU. tras un viaje al extranjero, sino que debe solicitar nuevamente su admisión.

El caso, Blanche v. Lau, involucra a un residente a quien se le permitió reingresar a los EE.UU. tras un viaje al extranjero, mientras tenía pendiente un proceso penal en su contra. Posteriormente, fue sometido a procedimientos de deportación tras declararse culpable de falsificación de marcas registradas, un delito que el tribunal asumió, a efectos de la argumentación, como un “delito que implica depravación moral”.

La magistrada Ketanji Brown Jackson escribió la opinión en contra y consideró que la mayoría de los magistrados prácticamente ignoraron los derechos de los titulares de Green Card y entregaran un “cheque en blanco” al gobierno federal.

“Me preocupa que el Tribunal le haya entregado al Gobierno un cheque en blanco de enorme magnitud”, escribió la magistrada Jackson. “Sin duda, si el residente permanente legal en libertad condicional termina siendo absuelto, el eventual intento del Gobierno de deportarlo por este motivo fracasará (ya que el cargo de deportación se basó únicamente en el delito que lo justificaba). Pero es probable que esto no sea de mucho consuelo para el residente permanente legal, quien para entonces podría haber pasado años en un limbo legal (con solo la protección de una tarjeta de residencia temporal) o, peor aún, detenido”.

La demanda de Lau indicó que los agentes migratorios no debieron tratarlo como un nuevo peticionario de estancia en EE.UU., debido a su apego a la Gren Card, pero la Corte Suprema ha decidido lo contrario, luego de que El Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito dio la razón a Lau y revocó las decisiones anteriores de los tribunales de inmigración.

LatinoJustice, junto con Asian Americans Advancing Justice (AAJC), el Asian American Legal Defense and Education Fund (AALDEF) y el Immigrant Defense Project, presentaron un escrito de amicus curiae (documento amigos de la corte), argumentando que cambiar el estatus de una persona con Green Card a uno “temporal” dificulta que los residentes permanentes legales trabajen, estudien, abran cuentas bancarias o consigan vivienda.

“Como señala la magistrada Jackson en su opinión disidente, esta decisión desacertada de la Corte Suprema otorga esencialmente un cheque en blanco a los agentes fronterizos, quienes pueden presumir que cualquier persona acusada de un delito ya es culpable; esto es lo opuesto al principio jurídico de nuestro país que presume la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad”, indicó Lourdes M. Rosado, presidenta y asesora jurídica general de LatinoJustice PRLDEF.

Rosado agregó que la decisión de la Corte Suprema coloca prácticamente a 12.8 millones de personas con Green Card en una situación vulnerable, debido a la decisión discrecional de un agente de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sobre su reingreso al país.

“Este fallo deja, en la práctica, a 12.8 millones de residentes legales permanentes a merced de la decisión de los agentes fronterizos de rebajar su estatus migratorio al intentar reingresar al país, prácticamente sin recursos para defenderse de cambios arbitrarios en dicho estatus”, advirtió la experta. “El mensaje es que, al viajar, sus tarjetas de residencia (green cards) no les brindan protección alguna y corren el riesgo de ser separados injustamente de sus hogares, empleos y familias al ser sometidos a detenciones inhumanas”.