Departamento de Justicia da luz verde a continuación de cárceles privadas
"Las empresas de cárceles privadas invirtieron centenares de miles de dólares en la campaña presidencial de Donald Trump y hoy recibieron su recompensa", afirmó Sanders
WASHINGTON.- El Departamento de Justicia revirtió este jueves una guía establecida hace seis meses para eliminar gradualmente el uso de lucrativas cárceles privadas, al argumentar que las autoridades necesitan la “flexibilidad” para el control de la población carcelaria.
La decisión supone un revés para grupos defensores de los derechos civiles, que durante años han denunciado los abusos registrados en esas instalaciones.
En una breve declaración, el Departamento de Justicia explicó que la Oficina de Prisiones necesita “la flexibilidad para administrar a la población de presos federales, según sus necesidades de capacidad”.
El fiscal general, Jeff Sessions, explicó en un memo con fecha del martes pasado que dio la orden de revertir la guía bajo la Administración Obama porque la Oficina de Prisiones necesita campo de maniobra para “responder a las futuras necesidades del sistema correccional federal”.
Pero el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, señaló que la decisión refleja “cómo funciona el corrupto sistema político y de financiación de campañas”.
“Las empresas de cárceles privadas invirtieron centenares de miles de dólares en la campaña presidencial de Donald Trump y hoy recibieron su recompensa”, afirmó Sanders.
“En unos momentos en que ya tenemos más gente tras las rejas que ningún otro país, Trump acaba de abrir las compuertas para que las prisiones privadas hagan grandes ganancias con la construcción de más prisiones… nuestro trabajo: invertir en la educación y empleos, no cárceles y encarcelamiento”, subrayó.
Video: ‘Belleza tras las rejas’, la historia de los reos manicuristas de California
En agosto pasado, la entonces subfiscal general, Sally Q. Yates, ordenó una reducción gradual de los contratos que el gobierno federal concede a empresas privadas para albergar a la población carcelaria, que entre 1980 y 2013 había aumentado en un 800%.
El Departamento de Justicia justificó entonces la reducción de los contratos ante el descenso en el número de presos federales, de 220,000 en 2013 a 195,000 el año pasado. En la actualidad, la agencia tiene vigente doce contratos con empresas privadas, que en su conjunto controlan a unos 21,000 reos.
También la Oficina de Inmigración y Aduanas recurre a empresas privadas, como GEO y CoreCivic, antes conocida como Corrections Corporation of America (CCA), para albergar a aproximadamente el 65% de los inmigrantes detenidos por la agencia federal.
La nueva política migratoria de la Administración Trump ha contribuido a un aumento en el valor de las acciones de las empresas de cárceles privadas, y grupos pro-inmigrantes advirtieron de que, en adelante, las compañías se forrarán los bolsillos con un aumento en las detenciones y aumentará el potencial de abusos en esas instalaciones.
