Procuradores y activistas se preparan para defender DACA si el gobierno de Trump abandona

Casos como el de Rodrigo Farfán, un joven boliviano de 22 años que ha recibido tres veces el permiso de estadía y de trabajo bajo el programa DACA, pero que súbitamente fue arrestado el pasado 15 de junio, están entre los que preocupan a los políticos y activistas que vigilan la actitud del gobierno de Donald Trump hacia estos inmigrantes.

Rodrigo, residente en el Valle de San Joaquín en el centro de California, tiene un record limpio, con excepción de un caso menor por posesión de fuegos artificiales sin permiso que ocurrió el año pasado.   En octubre pasado recibió su segunda renovación de DACA y su tercer permiso de trabajo desde que se acogió al programa en 2012.

Pero de repente, ICE llegó a buscarlo a mediados de junio de 2017, alegando que tenía una visa vencida y  luego diciendo que su DACA no había sido renovado (aunque tenía un DACA vigente hasta 2018). Sin dejarlo que buscara sus documentos, lo llevaron detenido al centro Mesa Verde en Bakersfield, donde iniciaron un proceso de deportación en su contra.

A raíz de este papeleo, ICE entonces le anuló su DACA.  Activistas del Valle Central comenzaron a regar la voz sobre su caso y abogados de Pangea Legal Services presentaron pelea a su favor.

El 27 de junio, Rodrigo fue liberado, pero ICE aún no le ha regresado su estatus ni su permiso de trabajo.

• Kelly advierte que futuro de DACA corre peligro y estaría en manos de las cortes
• Viajar con “advance parole” sería beneficioso para el futuro de personas con TPS y DACA

Irónicamente, Rodrigo fue el único arrestado por usar fuegos artificiales en su cuadra, mientras celebraba el Día de la Independencia de Estados  Unidos y ese cargo pudo ser el que puso a ICE tras su pista, aún meses después de ocurrido el incidente, y tras renovar su DACA una vez más, según explicaron sus abogados.

“Amo a este país”, dijo el joven, quien está aquí desde los 6 años de edad. “Teniendo mi DACA en regla no pensé que esto podía pasarme y mucho  menos en California”.

La preocupación por DACA aumenta cada día que pasa y con cada nuevo arresto, y ahora son varios los procuradores estatales republicanos que están presionando a Trump para que termine por eliminar el programa, que data del gobierno de Obama.

Según fuentes de Washington, los extremistas antiinmigrantes dentro del gobierno de Trump, están presionando para eliminar el programa de una vez y por todas.

¿Qué pasará con DACA?

Casos como el de este joven preocupan no sólo a activistas, sino a procuradores de estados simpatizantes con el programa DACA, entre ellos Xavier Becerra, de California y Maura Healy, de Massachussets, quienes están entre los diez fiscales estatales que han pedido cuentas al gobierno de Trump sobre su trato a los jóvenes con DACA.

Hace unos días, los fiscales de unos diez estados presentaron una solicitud bajo leyes de “libertad de información”, exigiendo al gobierno federal que explique con detalle el desarrollo de su política migratoria, en particular las razones y número de arrestos de jóvenes cubiertos con DACA.

“DACA es una iniciativa legal y el presidente Donald Trump debe mantenerla”, dijo el procurador de California Xavier Becerra este miércoles. “Las consecuencias de eliminar el programa, especialmente para estados como el nuestro donde viven más de 200,000 jóvenes con DACA, serían debilitantes para nuestra economía y sociedad”.

Tom Wong, politólogo y estudioso de la Universidad de San Diego acompañó a Becerra, indicando que el costo de eliminar DACA, un programa que ha ayudado a más de 800,000 jóvenes a lograr mejores trabajos y tener más estabilidad desde todo punto de vista, sería de unos 4,000 millones de dólares en pérdidas en todo el país.

La procuradora del estado de Massachussets, un estado pequeño geográficamente pero donde viven más de 23,000 jóvenes con DACA, se sumó a la preocupación de Becerra indicando que es preciso que el gobierno de Trump “sea transparente sobre lo que está haciendo”.

“Necesitamos claridad sobre lo que está pasando, porque están dando mensajes confusos”, dijo Healy.

• Beneficiarios de DACA prometen luchar para que el programa permanezca
• Diez procuradores estatales piden que Trump elimine DACA y amenazan con demanda

El mismo día que Rodrigo fue arrestado en California, el gobierno de Trump anunciaba que el programa DACA, que cubre a más de 800,000 inmigrantes jóvenes, continuaría tal y como estaba durante el gobierno de Barack Obama, que lo estableció en 2012.

Pero activistas han reportado desde entonces el arresto de jóvenes con DACA en varios puntos del país y abogados han tenido que ir a las cortes para exigir la liberación de muchachos que supuestamente están protegidos por el llamado “Programa de Acción Diferida para Arribados en la Infancia”.

A finales de junio, el mismo grupo de estados que atacó otro programa (DAPA) que nunca llegó a implementarse, amenazó al gobierno de Trump con tomar acción legal para eliminar DACA y el presidente no se comprometía a hacerlo.

Esto tiene preocupados a los activistas y a los beneficiarios del programa, y también a los procuradores simpatizantes del mismo, como Becerra y Healy, quienes dijeron estar listos para contrarrestar cualquier acción en los tribunales.

Becerra indicó estar confiado de que la ley “está de nuestro lado”.

“Este es un programa que, a diferencia de DAPA que nunca entró en vigor, ya ha demostrado sus beneficios para la sociedad y que tiene el apoyo del público”, dijo Becerra. “Tengo confianza que si ahora vienen a demandar en corte, tendremos éxito en probar su legalidad”.

Cristina Jiménez, directora de la organización que agrupa a miles de jóvenes inmigrantes,  United We Dream, dijo que es preocupante que el gobierno de Trump haya permitido que ICE arreste a beneficiaros de DACA y no haya tenido una postura fuerte en defensa del programa, a pesar del apoyo personal que supuestamente viene del presidente.

“El ataque es muy claro, y viene de los extremistas anti inmigrante en el gobierno de Trump”, dijo Jiménez. “Esto es un ataque que tiene menos que ver con la legalidad del programa, que está bien establecida y más con un tema político”.