Por qué enjuician a quienes lograron la tregua entre pandillas en El Salvador
El Salvador asiste a un polémico juicio contra los negociadores de la tregua de pandillas que en 2012 y 2013 logró reducir drásticamente la tasa de homicidios en el país
Su papel fue esencial en uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de El Salvador: la tregua de pandillas entre 2012 y 2013.
Pero ahora enfrentan un juicio, acusados de violar las leyes en la negociación del acuerdo con las llamadas maras.
Son 18 exfuncionarios, militares, expolicías y uno de los dos mediadores del proceso, Raúl Mijango.
La Fiscalía General de la República asegura que para concretar el armisticio se concedieron “beneficios” irregulares a los líderes de las pandillas que estaban encarcelados en ese momento.
También sostiene que los privilegios no pacificaron realmente al país, pero sí permitieron el crecimiento de la Mara Salvatrucha MS13 y Barrio 18, las mayores grupos de maras en Centroamérica.
La tregua resultó fallida y eso detonó la violencia, asegura la FGR ante los tribunales.
Sin embargo, algunos especialistas creen que el juicio es un asunto político para responder a las críticas sobre la forma como las autoridades enfrentan las denuncias de corrupción en gobiernos anteriores.
Y más allá de interpretaciones, lo cierto es que el proceso judicial ocurre en un momento complicado.
El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén aplica desde el año pasado una serie de medidas especiales contra los maras, especialmente quienes están encarcelados.
Según organizaciones civiles, la estrategia provoca abusos de policías y fuerzas armadas.
Incluso el Procurador de Derechos Humanos, David Morales, advirtió que en supuestos enfrentamientos entre pandilleros y autoridades “pudieron haberse producido ejecuciones extralegales”.
“Negociaron vidas”
El juicio, que empezó el lunes 7 de agosto y podría concluir en unos días más, es un nuevo capítulo en la controversia política por la tregua que ya dura cinco años.
Formalmente Mijango, el exdirector de centros penales Nelson Rauda Portillo y otras 16 personas son acusados de tráfico de objetos prohibidos, agrupaciones ilícitas y falsedad ideológica , entre otros cargos.
Los inculpados aseguran que no cometieron ningún delito, pues la tregua fue parte de una política pública del anterior gobierno, encabezado por Mauricio Funes.
Pero esto es rechazado por el expresidente, quien fue acusado de corrupción y actualmente vive asilado en Nicaragua.
Según Funes, las negociaciones para el acuerdo fueron iniciativa “de la sociedad civil” y su gobierno sólo acompañó el proceso.
El fiscal Douglas Meléndez dice que el tema es “bochornoso”.
“Se negociaron cosas a espaldas de la población, se permitió que las pandillas crecieran. Se negoció con vidas a costa de la tregua “.
Algunos cuestionan por qué no se enjuició también al expresidente Funes o a quien fuera su secretario de Defensa y colaborador en la tregua, David Munguía.
La FGR dice que no tiene elementos suficientes para llevarlos ante tribunales. Otros creen que la explicación es otra.
“Hay muchos intereses políticos de por medio, los que están sentados en el banquillo no son los que deberían estar allí “, le dice a BBC Mundo José Miguel Cruz, director de Investigación del Centro Latinoamericano y del Caribe de la Universidad Internacional de Florida.
“Los responsables de esto son los jefes de los que están sentados: el ministro de seguridad en ese momento, el presidente de la república que aprobó la tregua”.
El fiscal Meléndez insiste en que el tema no debió haberse discutido. “A nosotros lo que nos ha quedado es investigar y presentar el caso a los tribunales”.
Fiestas y mujeres desnudas
En 2012 los líderes de Barrio 18 y MS13, encarcelados en la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca, acordaron suspender las extorsiones y enfrentamientos entre pandillas.
A cambio, decenas de ellos fueron enviados a cárceles con menos restricciones, con la idea de comunicar la tregua a los barrios.
Pero eso no fue lo único que recibieron. Según la FGR a los mareros se les entregaron teléfonos celulares, pantallas de plasma, servicio de televisión por cable, comida y hasta se les permitió organizar fiestas dentro de las prisiones.
En una de ellas, realizada en septiembre de 2012 en el Centro Penal de Izalco en Sonsonate, participaron mujeres desnudas, según un video que se presentó como prueba en el juicio.
El acuerdo de paz se anunció en marzo de 2012, aunque el portal El Faro ya había publicado reportajes sobre el tema.
En ese momento se informó que los facilitadores fueron Raúl Mijango, el obispo militar Fabio Colindres y el ministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés.
En poco tiempo el pacto pareció dar resultados. El número de homicidios bajó de 15 a 5 por día .
La ONU y la Organización de Estados Americanos avalaron el acuerdo , que permitió incluso días sin una sola persona fallecida.
Pero según la FGR, en los hechos la tregua no existió.
Esconder los muertos
En realidad los homicidios nunca se suspendieron, afirma la Fiscalía en los documentos de consignación presentados ante el juez.
La orden “consistía en no dejar a la vista a las personas a las cuales, por ser pandilleros rivales o personas con problemas con las pandillas tuviere que dárseles muerte”.
Así, la cantidad de cadáveres en las calles se redujo, “pero en sentido contrario se llegó a aumentar los índices o estadísticas respecto de las personas reportadas como desaparecidas “, señala la FGR.
Las pandillas también aprovecharon el traslado de sus jefes a cárceles de menor seguridad para reorganizarse “y dotar a sus líderes de un control pleno y total, que los mismos habían visto menguarse en atención a la escasa comunicación que lograban tener desde el penal de Zacatecoluca”.
El nuevo escenario les permitió recuperar el control “que poco a poco iban perdiendo”.
Pero además algunas pandillas locales se negaron a obedecer las órdenes de paz, y mantuvieron los enfrentamientos con sus rivales.
La tregua empezó a debilitarse en pocos meses y se rompió definitivamente después de la elección de Salvador Sánchez Cerén , en 2014.
El nuevo presidente, quien durante su campaña criticó fuertemente el diálogo con los pandilleros (como muchos en El Salvador), aplicó una estrategia de mano dura en su gobierno.
La violencia aumentó, incluso más que antes de la tregua. En 2015 ocurrieron 16 homicidios por día, en promedio. Y en algunas jornadas las víctimas fueron 54.
En agosto de ese año la Corte Suprema declaró a la MS-13 y a Barrio 18 como organizaciones terroristas .
Cualquier diálogo con esos grupos quedó prohibido.
“No hay delito”
Estos son algunos elementos detrás del juicio contra los participantes en la negociación de la tregua.
Los inculpados insisten en que no cometieron irregularidades, e incluso el exministro Munguía Payés insiste en que se trata de un asunto político.
Pero el fiscal Meléndez cuestiona su papel en el proceso. “¿Cómo es posible que instituciones del Estado como las fuerzas armadas se haya involucrado en esto?”, cuestiona.
“El testimonio del ministro de Defensa no tiene ninguna credibilidad, porque estuvo involucrado en este tema de la tregua”.
Por lo pronto, el fiscal reconoce que los testimonios en el juicio le dieron elementos para ampliar las investigaciones “contra otros funcionarios”.
Y el país espera por el resultado del juicio contra los arquitectos de la tregua que, por un momento, le dio a muchos la esperanza de que el problema de las pandillas tal vez sí podía resolverse en El Salvador.
