Cancelación del TPS no es fin de mundo para la mayoría de “tepesianos”: hay opciones legales

El temor de muchos beneficiarios del Estatus Temporal de Protección es que si les cancelan el programa van a tener que “irse al día siguiente”. Pero nada más lejos de la realidad de acuerdo a diversos expertos legales y abogados.

Es la retórica que han usado funcionarios del gobierno de Donald Trump. El pasado mes de junio, el entonces secretario de seguridad nacional John Kelly dijo a los medios que “las personas con TPS deben empezar a pensar en regresar a sus países”.

Cuando en mayo el departamento anunció una extensión formal de seis meses para los Haitianos el gobierno les aconsejó que “fueran preparando sus cosas”.

Pero la realidad es que los “tepesianos” de Nicaragua (ya cancelado pero aún vigente hasta enero de 2019), El Salvador (decisión en Enero 2018), Honduras (extensión de seis meses y luego se decidirá) y Haití (decisión viene a finales de este mes), tienen un abanico de opciones y recursos legales que les permitirán, en el peor de los casos, quedarse por años en este país.

Según Mark Silverman, abogado del Immigration Legal Resource Center, una organización que se dedica a difundir información legal sobre temas migratorios, el primer consejo para los tepesianos que reciban la mala noticia de la cancelación del programa:

“No se vayan, por ninguna razón. No crucen a Canadá como hicieron algunos Haitianos, no preparen sus cosas, no entren en pánico”, dijo Silverman. “Estoy convencido que la inmensa mayoría de las personas con TPS tienen una vía legal para quedarse en este país, pero para lograrlas, tienen que movilizarse y obtener asesoría legal”.

La Opinión consultó a Silverman y a Daniel Sharp, abogado y director legal del Centro para Recursos Centroamericanos (Carecen en Los Angeles) quienes ofrecieron sus consejos legales para los tepesianos.

No entre en pánico: la protección de TPS no se acaba de la noche a la mañana

El TPS no se acaba mañana. Esta semana se anunció el fin del TPS que los nicaragüenses tienen desde 1999, pero el gobierno les otorgó una extensión de un año, hasta enero de 2019.

Los haitianos tienen hasta el 22 de enero de 2018 para “preparar sus cosas” según DHS, pero el 22 de este mes se anunciará si se cancela la designación. Si es así, usualmente DHS daría un período de tiempo, entre 6 meses y 1 año de TPS, antes de que su estatus legal llegue a expirar.

Los hondureños recibieron una renovación “automática” del TPS hasta julio 5 del 2018, y dos meses antes se anunciará si el programa continúa o se cancela. En caso de cancelación, es probable que este grupo reciba un año más de protección, como ocurrió con los nicaragüense.

La decisión para los salvadoreños se dará el 9 de enero del 2018 y si llegar a cancelarse, entonces recibirían otro período -posiblemente un año- de protección temporal.

Entretanto, explicaron Silverman y Sharp, estos “tepesianos” deben consultar abogados y preparar defensas o seguir adelante con estrategias para lograr un cambio de estatus a residencia permanente.

Muchos “tepesianos” podrían arreglar por familiares

Por el largo tiempo que tienen en el país, muchos beneficiarios de TPS que originalmente entraron al sin autorización tienen hijos que se acercan a los 21 años o cónyuges ciudadanos.

Aunque normalmente no calificarían para “arreglar” por haber entrado ilegalmente y no estar “legalmente admitidos”, hay dos excepciones importantes debido a demandas que se resolvieron en 2013 y en 2017 respectivamente.

El primer caso se llama Flores vs USCIS y atañe a las personas que viven en los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. El segundo es Ramírez vs Brown que se decidió en marzo del 2017 en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito (California, Arizona, Alaska y Hawaii).

Gracias a esos dos casos, los “tepesianos” que vivan en algunos de esos estados tienen el requisito básico para ajustar su estatus por medio de un familiar: admisión legal al país, gracias al TPS.  Esto no es el caso para personas que viven en otros estados y entraron sin autorización antes de lograr el beneficio.

Dan Sharp, director legal de CARECEN calcula que unos 45.000 tepesianos podrían arreglar su estatus gracias a estas decisiones legales, obteniendo la residencia permanente gracias a un familiar directo que sea ciudadano.

Silverman argumentó que cualquiera de los tepesianos que teme perder el estatus “debe presentar el ajuste desde ahora, no esperar a que llegue la fecha en que se acabe el beneficio”.

Salir del país con “advanced parole” puede ayudar

Los tepesianos “tienen tiempo” para sopesar y poner en marcha sus opciones, dijo Silverman. Es por eso que si no si no viven en algunos de los estados donde el TPS equivale a una “entrada legal”, muchos abogados recomiendan que pidan el permiso de viaje y salgan brevemente del país, para regresar legalmente.

La entrada legal sirve como “admisión legal” y borra el impedimento para ajustar el estatus, dijo el abogado.

Toma mucho tiempo deportar a alguien (a menos que haya orden previa)

Las tepesianos que pueden estar en riesgo inmediato de deportación una vez se acabe la protección son los que antes de obtener TPS tenían una orden pendiente de deportación. Si no tenían una orden y ICE decide iniciar un proceso de deportación “puede tomar muchos años” llevarlo a cabo, dijeron los abogados.

“Aquí en CARECEN vemos mucha gente que viene a consultarse y entran en pánico pensando que al acabarse el programa, si se acaba, los van a deportar al día siguiente” dijo Sharp. “Vienen muy nerviosos y luego que les explicamos cómo funciona el sistema se quedan mucho más tranquilos”.

Si una persona tiene un abogado que lo defienda en su deportación, puede tomar de 7 a 10 años, entre la corte y las apelaciones, para que terminen de deportarlo, dijo Silverman.

“Definitivamente no hay temor de deportación inminente para esas personas”.

Hay otros recursos legales posibles

“Tepesianos” que no hayan visto un abogado migratorio recientemente “deben hacerse una consulta completa”, dijo Silverman. “De esa consulta deben salir con un abanico de ideas y posibilidades”.

Existen opciones como la “Visa U” si ha sido víctima de un delito. O la llamada “ley de los 10 años” (cancellation of removal) para personas en proceso de deportación pero que cumplan ciertos requisitos como tener familiares que sufrirían extremadamente su deportación.

También es posible pelear un caso de asilo, agregó el experto.

“Entre esa población hay muchos válidos argumentos de miedo a regresar a sus países”, apuntó. “Lo importante es no “paniquearse”, consultar abogados legítimos u organizaciones comunitarias y seguir aquí en este país”.