Alertan de situación “drámatica” de desplazados por violencia en El Salvador

SAN SALVADOR – La “inactividad” del Estado de El Salvador mantiene en una situación “dramática, triste y a veces deplorable” a las personas desplazadas por la violencia de las pandillas y, en menor grado, por el acoso policial, dijo en una entrevista con Efe Abraham Ábrego, activista salvadoreño.

“Es una situación bastante dramática” porque “estamos hablando de gente que perdió su trabajo, su fuente de ingresos, sus hijos han dejado de estudiar y están en una situación psicología bastante débil por las crisis emocionales”, señaló Ábrego, coordinador de la Unidad de Litigio Estratégico de la organización Cristosal.

Esta es una de las organizaciones no gubernamentales que componen la Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado por Violencia Y Crimen Organizado, que registra el fenómeno y da apoyo a las víctimas.

El también letrado, quien ha acompañado a las víctimas a buscar ayuda en el Supremo, agregó que, además de sufrir el desplazamiento forzado por la violencia de las pandillas, estas personas “son víctimas a la vez de asesinatos, de amenazas y violencia sexual”.

Añadió que en algunos casos los desplazados, especialmente los jóvenes, se ven “entre dos bandos” por las amenazas de las pandillas y la “presión de la Policía”, que también genera desplazamientos y que muchas veces los “estigmatizan” como colaboradores de los pandilleros.

“En los casos en donde se involucra a la Policía lo que ha habido es algún acto de abusos de derechos humanos” por parte de los uniformados y “en el peor de los casos ha habido asesinatos”, añadió.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) difundió recientemente un informe en el que da cuenta de los 138 casos de desplazamiento que registró entre abril de 2016 y mayo de 2017, que involucran a 458 personas de diferentes zonas del país.

De acuerdo con el estudio, el 83 % de los desplazamientos forzados son generados por las pandillas, el 4 % por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el resto por “desconocidos” y “otros”.

Según Ábrego, en El Salvador existe una “inactividad” y “omisión” estatal en la creación de cuerpos legales para atender el problema y cuando las personas buscan las instituciones “se palpa displicencia y negligencia de parte de los funcionarios que atienden a las víctimas”.

“Las instituciones no están familiarizadas con el fenómeno del desplazamiento forzado interno y no cuentan con protocolos específicos para trazar la ruta de atención que tienen que tener estas víctimas”, acotó.

Ábrego acompañó a cuatro familias desplazadas por las pandillas a presentar recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que dictó medidas cautelares de protección para las víctimas, al igual que lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en uno de los casos.

“Las razones por las que las víctimas han tenido que recurrir al amparo es porque vemos que no hay una adecuada atención por parte de la Policía, la Fiscalía y el Programa de Víctimas y Testigos”, explicó el abogado.

Añadió que con estos amparos, admitidos en su totalidad por el Constitucional, buscan que dicho tribunal mande al Congreso y al Gobierno a crear un marco legal acorde a los desplazamientos forzados.

“Las demandas no solo plantean la responsabilidad de los funcionarios que atendieron los casos, sino también del Ministerio de Justicia y Asamblea Legislativa porque no han emitido las leyes, no han dictado las políticas o los protocolos adecuados”, subrayó.

Las organizaciones sociales y la PDDH han denunciado con más fuerza los desplazamientos desde el año 2015, pero no fue hasta hoy que el Gobierno anunció que prepara un protocolo de atención, con lo que reconoce oficialmente el fenómeno.

“El próximo año esperamos abordar esta problemática de una forma diferente, (…) dando un servicio más integral”, dijo el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez.