¿Quiere AMLO regresar a la todopoderosa “Presidencia Imperial” en México?
El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple este 1 de junio sus primeros seis meses de gobierno. Sus críticos dicen que recuerda al viejo presidencialismo mexicano
El Festival de Cannes 2019 apenas había empezado cuando la jefa de la delegación oficial mexicana, María Novaro, recibió una noticia inesperada: su viaje para participar en uno de los encuentros de cine más importantes del mundo no había sido autorizado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Novaro, directora del gubernamental Instituto Mexicano de la Cinematografía (Imcine), tuvo que regresar a México.
Y es que desde hace unas semanas AMLO, como se conoce al mandatario, ordenó que todos los viajes internacionales de sus colaboradores se consulten con él.
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Es el presidente quien autoriza las salidas al extranjero. “¿Saben cuántas solicitudes me han enviado para viajar al extranjero?”, dijo recientemente. “Alrededor de 100 y sólo autoricé 20”.
La orden es parte de su política de austeridad, asegura el mandatario, que quiere evitar lo que llama “derroches de otros tiempos”.
Pero algunos creen que por medidas como ésta, el gobierno de AMLO se parece cada vez más al antiguo régimen que gobernó México por casi un siglo.
La historia parece repetirse aseguran especialistas como Roger Bartra, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Las directivas políticas emanan clara y directamente de la Presidencia, casi no hay mediaciones”, le dice a BBC Mundo.
“López Obrador encabeza una corriente que está tratando de reconstruir ese antiguo régimen, lo que tenemos es una restauración”.
Pero otros ven un escenario distinto.
“Es absurdo plantear que hay una centralización autoritaria del poder, es todo lo contrario”, dice a BBC Mundo John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
“Lo que hace es recuperar la autoridad de la oficina de la Presidencia de la República pero no de manera personal, sino institucional. Eso no es autoritarismo, es democracia”, explica.
BBC Mundo solicitó la posición de la Presidencia de México, así como de senadores y diputados del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sobre el tema. No hubo respuesta.
“La dictadura perfecta”
Las referencias al antiguo régimen político se refieren a la época del presidencialismo mexicano que algunos llaman “La presidencia imperial”, el título de un libro del escritor Enrique Krauze.
Según el autor, el período empezó en 1940 durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, y terminó en 1997 cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI), perdió la mayoría en la Cámara de Diputados.
Durante la mayor parte de esas décadas, el PRI fue un partido hegemónico, con el control de todas las gubernaturas y congresos.
En esos tiempos el presidente tenía un poder casi absoluto, refieren investigadores como Alberto G. Salceda.
En las manos de los mandatarios mexicanos, define en un ensayo publicado en los años 70 en la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, estaban “todos los bienes y todos los males de la nación, y por ello el pueblo lo espera todo de él y todo lo puede temer de él“.
“A él se le piden la solución de los grandes problemas nacionales y el remedio de los más pequeños defectos municipales”.
Así, durante el presidencialismo, el Congreso autorizaba todas las propuestas del Ejecutivo y los gobernadores acataban las disposiciones presidenciales.
La mayoría de las políticas públicas y acciones del gobierno eran ordenadas o se coordinaban por el presidente en turno.
El presidencialismo mexicano, que el escritor Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010, llamó “la dictadura perfecta”, permitió inclusive que a partir de 1974 por una enmienda legal promulgada por el presidente José López Portillo, la oposición obtuviera algunos escaños en la Cámara de Diputados.
Y en 1989 el gobierno federal reconoció el primer triunfo de un gobernador diferente al PRI, Ernesto Ruffo en Baja California.
Parte del sistema se rompió en 2000 cuando el PRI perdió por primera vez la presidencia de México ante el candidato Vicente Fox Quesada, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
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A partir de ese momento, refieren especialistas, el poder que concentró el presidente de la República se diluyó entre los 32 gobernadores del país, que controlaron las decisiones políticas y administrativas de sus territorios.
Esto se mantuvo después cuando el PRI recuperó el gobierno del país con Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien según las encuestas fue el presidente más impopular de la historia reciente.
Pero hace seis meses el escenario empezó a cambiar, cuando López Obrador ganó las elecciones presidenciales el 1 de julio de 2018.
“Austeridad republicana”
¿Por qué algunos creen que López Obrador pretende restablecer el antiguo régimen político mexicano?
Por algunas de sus decisiones en sus primeros seis meses de gobierno y también por su peculiar forma de ejercer su mandato.
Es un presidente que suele dar instrucciones a su gabinete en los encuentros matutinos que diariamente tiene con periodistas.
En estas conferencias de prensa, algunos comunicadores –y otros que no ejercen el periodismo- suelen pedir al presidente que atienda problemas locales.
En ocasiones son denuncias contra alcaldes, gobernadores o funcionarios federales, pero también se refieren a temas específicos como la construcción de plazas comerciales o casos de abusos y violencia de género de algunos funcionarios.
Para todos los casos, hay una respuesta del presidente.
López Obrador también ha firmado memorándums para aplicar estrategias o implementar leyes rechazadas por el Congreso, y somete a consulta pública sus principales proyectos de infraestructura.
También promovió una Ley de Austeridad Republicana que establece severos recortes al gasto público, reduce el salario de los altos funcionarios y cancela prácticamente todos los privilegios como sobresueldos, escoltas, autos de lujo y viáticos generosos.
Sin embargo, los críticos de López Obrador insisten en que algunas de sus decisiones violan las leyes.
Los “superdelegados”
Se refieren, por ejemplo, a los memorándums que firmó para suspender la aplicación de la Reforma Educativa, cuando el Congreso no pudo derogarla como había planteado el presidente.
Otro caso es su decisión de cancelar las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes.
Y uno más es su propuesta de sustituir las 2.300 delegaciones y subdelegaciones del gobierno federal que hay en los 32 estados, por solamente una en cada entidad.
La nueva estructura se llama Delegaciones de Programas de Desarrollo y quienes las encabezan responden directamente a la oficina de López Obrador.
Los superdelegados, como se les llama, controlan el presupuesto federal en los estados, algo fundamental pues en México la mayoría de las entidades no recaudan con impuestos todos los recursos que necesitan.
Algunos como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dicen que se trata de un virtual gobierno paralelo y otros, como la diputada Martha Tagle, del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) creen que se trata de una estructura política.
Varios de los superdelegados son militantes del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Según Roger Bartra, estas decisiones presidenciales “son decretos autoritarios, es una forma de decir ‘esto se hace así y punto'”.
No es verdad, responde John Ackerman. “Son memorándums, no decretos, hacia su equipo. En México, hay un sistema donde el presidente es el titular del poder ejecutivo”, recuerda.
Los miembros del gabinete presidencial así como el resto de los integrantes del gobierno federal están legalmente obligados a obedecer las instrucciones del presidente.
Además, “en los memorándums no hay nada que implique una orden de desobedecer o desacatar la Constitución”.
El modelo presidencial de AMLO
¿Cómo es la presidencia de López Obrador a seis meses de asumir el gobierno de México?
Algunos como el historiador Héctor Aguilar Camín dicen que es un mandatario con un poder “inconmensurablemente mayor que el que recibió en las urnas”, publica en el diario Milenio.
Otros como el escritor Vargas Llosa advierten de síntomas “de que se puede estar construyendo dentro de este sistema, un sistema paralelo que podría ser peligroso”.
Pero para Gibrán Ramírez Reyes, presidente de la Conferencia Internacional de Seguridad Social, la realidad es que “no ha habido un cambio constitucional que haga más poderoso al presidente”.
“Está reconstituyendo la institución presidencial pero con límites”, le dice a BBC Mundo.
Otros recuerdan el escenario del país después de los comicios del 1 de julio, cuando AMLO obtuvo la votación más alta de la historia para un candidato presidencial.
“Alguien que gana la elección con 53% de los votos y tiene formas de alcanzar mayorías en el Congreso tiene que ejercer ese poder”, le dice a BBC Mundo Carlos Heredia, del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE).
“Eso es lo que está haciendo. La gran pregunta es para qué quiere ese poder”.
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