Una lista de revisiones y cancelaciones de normas que puede afectarle

El candidato a ser secretario de Trabajo, Alexander Acosta, ha pasado esta semana por el Comité del Senado en comparecencia previa a su confirmación para el puesto. Si la mayoría vota a su favor, Acosta será el único latino en el Gobierno de Donald Trump y llegará a un departamento en el que hay muchas normas de la época de Barack Obama en revisión y apelación además de regulaciones que quiere poner en marcha la nueva Administración.

Acosta no ha sido muy claro sobre el sentido de lo que hará con estos asuntos pendientes que pueden afectar su salario, su seguridad en el trabajo y sus ahorros para la jubilación.

• Horas extra. La Administración Obama elevó el umbral salarial para calificar para el pago de horas extraordinarias de trabajo de $23,660 anuales a $47,476, algo que no se hacía desde 2004. En noviembre, un juez de Texas emitió un mandamiento para evitar su entrada en vigor. ¿Defenderá el nuevo departamento de Trabajo este aumento ante el juez o hará lo contrario? ¿Luchará por el cambio o una apelación en el caso de que el juez anule la norma? Acosta no dio una respuesta clara pero sugirió que el umbral se había elevado mucho y podría perjudicar a las empresas. El candidato señaló, no obstante, que es partidario de vincular algunos pagos a la evolución de la inflación. La nueva regulación sobre horas extras de Obama habría supuesto un aumento de sueldo para 12.5 millones de asalariados en el país.
• Regla de obligación fiduciaria. El Gobierno de Obama reguló casi al final de su mandato que los asesores financieros y los intermediarios deben recomendar estrategias de inversión en el mejor interés de las personas que ahorran para su jubilación y no sus intereses o los de la firma que los tiene en nómina. Algunas firmas de Wall Street se prepararon para ello y lo van a mantener a pesar de que Trump firmó una orden ejecutiva para revisar si era necesario este compromiso. Para la Administración reduce las opciones de inversión y supone una regulación innecesaria, por lo que quieren acabar con ella. Actualmente, sin esta regla, quien le asesora tiene la obligación de recomendarle inversiones que son apropiadas en abstracto y puestos a sugerirle el ahorro en dos fondos de inversión similares puede optar por abogar por el que mejores comisiones le abone al asesor y no el mejor a largo plazo. La organización Demos calcula que los ahorradores pagarían $25,000 millones menos al año por comisiones más bajas.
• La regla de la Sílice. Está en el limbo judicial aunque estaba previsto que en el sector de la construcción entrara en vigor en junio y en 2018 en el resto de la industria. Esta regla limitaba la exposición al sílice cristalino respirable a 50 microgramos por metro cúbico en un turno de ocho horas. Es la mitad del límite previo y cinco veces más bajo que el actual en la construcción. El polvo de silicio es causante de enfermedades como la silicosis y el cácer de pulmón. ¿Seá defendido este nuevo límite por parte del departamento de Trabajo en los tribunales?
• Estadísticas de enfermedades y lesiones. Las empresas tienen que documentar enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo siete días después de que se produzcan y mantener estos archivos durante cinco años. Desde un punto de vista estadístico, eso ayuda a entender y mejorar condiciones laborales y desde la perspectiva de las autoridades se pueden imponer multas en caso de que se encuentren situaciones de peligro. En 2012 un tribunal estableció un plazo de prescripción de seis meses en el que se podía sancionar a la empresa en caso de violaciones de la ley y no cinco años. El Congreso aprobó una ley para ampliarlo claramente a cinco años. Ahora las dos cámaras han votado de nuevo reducir la prescripción a seis meses y está pendiente ya de la firma de Trump. Peg Seminario, directora del Departamento de Salud y Seguridad, y experta en OSHA de la confederación sindical AFL CIO explica que esto significa que habrá peor archivo de enfermedades y lesiones, no se podrán sancionar tantas situaciones problemáticas y no se podrá actuar sobre situaciones peligrosas que se iniciaron antes de seis meses aunque estas se mantengan. “Se limita  a OSHA y su labor de velar por la seguridad de los trabajadores”, afirma.
• Pruebas de drogadicción para cobrar el desempleo. El presidente Trump tiene ya preparada para su firma una ley que permite a los estados condicionar los beneficios de desempleo al resultado de un examen que pruebe que el o la receptora de estos no usa drogas. Es algo que han querido hacer los conservadores desde hace tiempo y también se ha intentado implementar para quienes reciben ayudas de welfare. Los tribunales han acabado con ese requisito en Michigan y Florida aduciendo que viola la Cuarta Enmienda de la Constitución que prohíbe innecesarias indagaciones. La ley puede acabar en los tribunales.
• Lugares de trabajo seguro y con salario justo. Donald Trump emitió en febrero una orden para acabar con una regla de la Administración de Obama que requiere que las empresas que contraten con la administración federal hagan públicas si tienen violaciones de leyes laborales. Con ello se forzaba a las empresas a ser estrictas en el cumplimiento de la ley. Trump quiere eliminarlo.¿Sus razones? Reducir los costos del Gobierno y los de las empresas.