ICE continuará deportación de inmigrantes potencialmente protegidos por leyes “privadas”

WASHINGTON.- La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha defendido su reciente decisión de proseguir con la deportación de personas que podrían beneficiarse de la intervención de líderes del Congreso mediante leyes individualizadas para sus casos, en el marco de su agenda de deportación masiva.

Bajo una política anunciada recientemente por el gobierno del presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, no demorará por mucho tiempo la expulsión de personas que podrían regularizarse mediante “proyectos de ley privados”, que los líderes del Congreso típicamente presentan para ayudarlos en estos casos.

Durante una conferencia de prensa, el director interino de ICE, Thomas Homan, defendió ayer la decisión, argumentando que sus agentes tienen el deber de hacer cumplir las órdenes de deportación de un juez, además de que la mayoría de estas legislaciones no es aprobada en el Legislativo.

“Este país gasta miles de millones de dólares en el control de fronteras, y en asegurarse que la gente tiene el debido proceso para ver a un juez. Cuando un juez federal toma una decisión y ordena su expulsión del país, esa decisión tiene que valer… nuestro trabajo es ejecutar esa orden”, explicó Homan.

Según Homan, el cambio en la política en realidad comenzó con la Administración Obama, y el DHS revisó los casos pendientes el mes pasado y determinó que ninguno de los cerca de 200 proyectos de ley en cuestión fueron aprobados en años recientes.

Típicamente, ICE suspende la deportación del individuo incluido en un proyecto de ley privado semejante mientras el Congreso lo debate y aprueba para regularizar su estatus.

Homan opinó que el sistema “estaba siendo abusado”, y el DHS está tomando medidas para corregirlo. Parte de esas medidas incluye el reducir de un año a seis meses la suspensión en los trámites de deportación en estos casos.

Pero, en declaraciones hoy a este diario, el legislador demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, se hizo eco de quejas de su bancada de que el DHS sólo intenta castigar a los inmigrantes indocumentados aún cuando estas legislaciones se debaten en el Congreso.

“La agenda de Trump es clara. Quieren deportar a cuantos inmigrantes sea posible, aún si congresistas y senadores les piden una pausa para examinar las circunstancias de un caso individual”, se quejó Gutiérrez.

Para el legislador, que ha enarbolado durante años una reforma migratoria integral, Trump y sus secretarios de Justicia, Jeff Sessions, y de Seguridad Nacional, John Kelly, tienen una fijación con la deportación masiva.

“Trump, Sessions y Kelly quieren sacar a los inmigrantes de ´su´ país, aún si eso significa que cambiarán los reglamentos y las formas normales de hacer las cosas”, puntualizó Gutiérrez.

¿Para qué sirven estos proyectos de ley?

Estos proyectos de ley privados en realidad son para casos individuales críticos,  y no alteran en absoluto las políticas del gobierno. Además, según datos oficiales, sólo afectan a un minúsculo grupo de inmigrantes indocumentados, y muchos no son aprobados por el Congreso.

Las legislaciones privadas migratorias ayudan a ciertos inmigrantes no sólo a detener los trámites de deportación sino también a obtener una “tarjeta verde” o residencia permanente, y excluyen a personas con antecedentes criminales.

Desde 1983, cerca de la mitad de los 4,200 “proyectos de ley privados” presentados ante el Legislativo ha sido para la legalización de un inmigrante indocumentado, según datos oficiales.

Desde 2010, unos 275 leyes privadas con carácter migratoria ha sido presentadas en el Congreso, y ninguno de los que fueron presentados ante el Congreso en 2016 fue aprobado.

En adelante, para situaciones que afectan a inmigrantes indocumentados, el DHS sólo aceptará las recomendaciones del Congreso en casos determinados si estas solicitudes provienen de los legisladores que presiden los comités judiciales en ambas cámaras del Congreso, en este caso del Partido Republicano.

Es decir, si un legislador de la oposición presenta un proyecto de ley privado para ayudar a un inmigrante en peligro de deportación, esa petición caerá en oídos sordos, a juzgar por la explicación del DHS.

ICE sólo suspenderá la deportación en este tipo de situaciones en una sola ocasión y solo por seis meses, con la posibilidad de una extensión de 90 días en circunstancias “extraordinarias”, dijo la agencia. Aún si la persona consigue una suspensión, ICE puede deportarla si descubre información perjudicial en su contra.