Su hijo murió en la frontera de México en 2010 y ahora pide justicia en EEUU

WASHINGTON — Cada poco, la madre de Sergio Adrián Hernández peregrina hasta el llamado “Puente Negro” que une a México y Estados Unidos. Deja unas flores, reza y pide justicia para su hijo, muerto en el lado mexicano de la frontera por el disparo de un guardia estadounidense hace siete años.

“Cada rato voy ahí al puente para recordar a mi hijo. Al panteón voy cada ocho días. Mientras yo esté viva, siempre estaré ahí, cuidándole”, dice a Efe María Guadalupe Güereca, de 60 años y residente en Ciudad Juárez (México), la localidad unida por un puente de color negro con El Paso (Estados Unidos).

Debajo de ese puente, murió el 7 de junio de 2010 Sergio Adrián Hernández, de 15 años y a quien disparó en la cabeza el agente fronterizo estadounidense, Jesús Mesa.

El caso, bautizado “Hernández vs. Mesa”, ha llegado hasta el Tribunal Supremo de EEUU, que en los próximos días decidirá si la familia del joven mexicano tiene derecho a demandar ante las cortes estadounidenses a Mesa, que no ha sido juzgado ni en México ni en Estados Unidos.

No está en cuestión si Mesa actuó de forma negligente, sino si la Constitución estadounidense tiene validez en “tierra de nadie”, es decir en donde no existe una línea que pueda delimitar exactamente dónde empieza la jurisdicción de una u otra nación.

“Yo le pido a las autoridades de Estados Unidos que me hagan justicia, que me hagan justicia con lo de mi hijo, porque él no era ningún maleante, ni nada de lo que ellos dicen”, afirmó su madre.

La mujer se refirió a las dos versiones que existen sobre la muerte del joven: la historia de la familia, que asegura que solo estaba jugando en el momento de su muerte, y la versión de EEUU, que considera que Hernández era un criminal.

“No tenían derecho a matarle. Era un muchacho bueno, solo andaba ahí jugando”, sostiene su madre.

Desde el primer día, la familia asegura que el joven -conocido como “Keko”- no suponía ninguna amenaza para los agentes estadounidenses, iba desarmado y solo estaba jugando con unos amigos en el lecho seco del Río Bravo, que separa a EEUU y México y sobre el que se alza el “Puente Negro”.

El juego de los chicos consistía en correr hasta la valla metálica de Estados Unidos, tocarla y volver a toda velocidad hasta la parte mexicana.

Cuando Hernández volvía a México, el agente Mesa “sacó su arma, apuntó y le disparó en la cabeza, justo al lado del ojo”, según narra la defensa en documentos entregados al Supremo.

Lejos de la versión de la familia, el Gobierno de EEUU retrata a Hernández como parte de un grupo de traficantes de personas que trataba de cruzar de manera ilegal la frontera y que rodeó y atacó con piedras al agente Mesa, que disparó supuestamente para defenderse.

Un video difundido poco después del suceso desmintió esa versión: mostró que Mesa no estaba rodeado y disparó contra Hernández varias veces.

La madre recuerda cada detalle de ese 7 de junio de 2010. Dice que sintió un “golpe en el corazón” cuando estaba en el trabajo, sabía que algo le había ocurrido a su hijo y, como el joven no respondía al teléfono, decidió salir corriendo a su casa, en un barrio del oeste de Ciudad Juárez.

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Una de sus hijas recibió a la madre en la casa y, juntas, corrieron hacia el “Puente Negro”.

“Me volví loca en ese momento no sabía ni qué hacer. Cuando llegamos mi hijo ya estaba muerto, no estaba vivo. No me dejaron bajar, yo quería ir bajo el puente, pero no me dejó la Policía. Vino la forense y se lo llevaron. En ese momento, fue como si no existiera nada más dentro de mí”, cuenta.

Después llegó la lucha. La mujer se unió a la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza y el rostro de su hijo llenó pancartas en decenas de manifestaciones.

En total, son 53 los inmigrantes muertos a manos de los agentes de la Patrulla Fronteriza entre 2010 y 2016, según la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU).

La decisión de los próximos días del Tribunal Supremo puede tener un impacto no solo en el caso de Hernández, sino también en los procedimientos abiertos por muertes en la frontera.

“Al menos que se haga justicia, ya no me lo van a devolver”, dice su madre.