Fiscales exigen al DHS información sobre detenciones de inmigrantes

Fiscales de nueve estados y de Washington DC solicitaron hoy al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que entregue información sobre las prácticas federales en temas de inmigración bajo la actual Administración.

“Los mensajes mezclados de la Administración Trump en la aplicación de las leyes de inmigración están sembrando confusión y creciente ansiedad entre los inmigrantes”, indicó Xavier Becerra, fiscal general de California.

Becerra se unió a sus homólogos de Massachusetts, Iowa, Maryland, Oregón, Washington, Hawai, Illinois, Nueva York y el Distrito de Columbia haciendo uso de la Ley de Libertad de Información (FOIA) para pedir al Gobierno que entregue los detalles de cualquier orden, memorándum, política, procedimiento o manual que instruya a las autoridades migratorias a implementar arrestos.

La solicitud exige que se entregue información específica sobre las políticas de arrestos en los llamados “lugares sensibles” que incluyen escuelas, iglesias, hospitales y paradas de autobús, entre otros.

La petición viene debido a que los fiscales están preocupados por las denuncias de la comunidad a pesar de que los portavoces del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) aseguran que los agentes respetan estas áreas.

En Los Ángeles, California, Romulo Avélica fue arrestado a unos metros de una escuela, mientras su hija estaba en el auto.

“La migra está traspasando sus propias reglas, entonces es importante tener todos estos datos”, aseguró a Efe Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

Los fiscales también quieren obtener información sobre los solicitantes de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), así como registros relacionados con solicitudes de detenciones del ICE y de la Patrulla Fronteriza (CBP) o deportación de éstos jóvenes.

“Hoy pedimos a la Administración que nos diga lo que está haciendo en esta área. Es una simple solicitud que ayudará mucho a informar a los residentes de California sobre cómo las políticas realmente han cambiado y cómo los cambios afectan sus derechos”, indicó Becerra.

Por su parte, los solicitantes argumentaron que las familias inmigrantes en sus estados están viviendo momentos de zozobra que estarían afectando la seguridad de todos los residentes, especialmente porque las víctimas y los testigos no están denunciando crímenes o cooperando con la policía estatal y local.

Como fiscales generales de nuestros respectivos estados, creemos que estas nuevas políticas menoscaban la salud pública, la seguridad y el bienestar, escribieron los fiscales en su solicitud.

La petición fue enviada simultáneamente al ICE, CBP y a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), todas agencias que dependen del DHS.