“Sin corrupción, mis amigos podrían estar vivos”: tragedias del sismo que pudieron evitarse
Muchos mexicanos sufren desalojo por residir en edificaciones que no resisten los sismos y así lo denuncian
MÉXICO – Omar Dushner está de luto e impotente. A unas cuadras de su casa en la colonia Hipódromo Condesa quedaron sepultados bajo los escombros dos de sus mejores amigos durante el terremoto que sufrió México esta semana a quienes conoció hace 17 años en los camellones del barrio y con quienes compartía el gusto por los perros y la lucha en contra de la corrupción en la construcción irregular de edificios.
“Aquí es una zona sísmica (pasa una falla geológica) y sin embargo las autoridades han permitido que se hagan edificios cada vez más grandes donde antes había casas de uno o dos pisos. En mi calle, Ometusco y Campeche, están haciendo cuatro y desde que pusieron un edificio el mío se ladeó, está inclinado”.
Dushner tiene las ojeras largas y callos en las manos por el arduo trabajo en las primeras horas de apoyo como brigadista para ayudar a sacar piedra tras piedra a sus amigos que cayeron en la esquina de las calles Laredo y Amsterdam después de una larga lucha por intentar frenar hubieran evitado la desgracia.
“Eran buenas personas, sanas”, recuerda con los ojos cansados.
Una vez, después de un viaje recreativo que realizaron a Veracruz, Dushner y sus amigos se fueron a quejar porque en casa de la mamá del primero (quien también vive cerca) comenzó a tener problemas de agua porque un edificio nuevo la absorbió toda: ahí vivía una familia y de un año para otro empezaron a vivir 30.
Tropiezo con la misma piedra
Después del sismo de 1985 que terminó con la vida de entre 3,000 (según la cifra oficial) y 10,000 personas, un nuevo reglamento de construcción vio la luz para hacer más estricta la normatividad y los permisos de construcción en la Ciudad de México.
Esa nueva ley establece que en zona de riesgo, como lo son las siete colonias donde el pasado 19 de septiembre se derrumbaron 39 edificios, no se pueden hacer inmuebles de más de siete plantas en avenidas grandes ni más de cinco en las calles pequeñas, sin embargo, en la mayoría de las colonias de la ciudad la regla se ignoró.
Sólo en la colonia Hipódromo -donde Omar busca a sus amigos- se han denunciado en los últimos tres años 26 irregularidades ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, según información proporcionada a este diario por el representante del Comité Fundacional de la Asociación de Residentes, Rafael Guarneros.
“El problema con los nuevos edificios es que sí son más fuertes, sí resisten más y no tienen tantos riesgos pero, al hacerlos con tantos niveles tienen que cavar más profundo y extraer más agua y, al absorber más agua, debilitan a las casas y edificaciones de a lado”.
A pesar del riesgo, las autoridades delegacionales (que hacen las veces de municipios en la CDMX) no han frenado los permisos para este tipo de edificaciones. De acuerdo con datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) el número de denuncias por violaciones de uso de suelo suma 5, 876 en las 16 delegaciones.
“Aquí está el resultado”, advierte Omar Dushner frente a decenas de marinos, militares, agentes de protección civil que intentan sacar los escombros que podrían dar con la vida o, al menos los cuerpos, de sus camaradas. “Cuántas veces denunciamos, pararon las obras y a las dos semanas volvieron a lo mismo porque los constructoras bien saben que si dan dinero a la delegación los dejan hacer lo que quieren”.
La senadora Mariana Gómez, quién ha seguido de cerca las denuncias de vecinos contra la corrupción en las 16 delegaciones advirtió que en adelante “debe combatirse de raíz la corrupción que pone en peligro la vida de los capitalinos”.
Logros y retos
Los vecinos de la Ciudad de México afirman que de vez en cuando el gobierno de la CDMX ha ayudado a frenar algunas obras dañinas para la estructuras de los edificios pero sólo después de meses de protestas y denuncias como ocurrió recientemente que la Secretaría de Gobierno detuvo 32 obras y ordenó la remoción de algunas de ellas, como un helipuerto en la avenida Nuevo León, muy cerca de donde ahora se encuentran ocho edificios derrumbados.
Pero el reto es mucho más grande como hoy se demuestra con la cifra de 3,000 construcciones dañadas por el temblor de 7.1 grados en la escala de Richter porque implica hacer un diagnóstico de todas las viviendas edificadas antes del sismo de 1985 que operaban con la legislación más laxa y que implicaría mejorar, reestructurar y hasta demoler miles y miles de edificios.
Óscar Ramírez, un arquitecto residente en el condominio 179 de la calle de Tlaxcala que fue desalojado porque el edificio vecino quedó recargado en el suyo, explicó que esto ocurrió porque los espacios de separación entre una y otra construcción eran muy pequeños. En cambio ahora, si un edificio se inclina, tiene un margen mayor que le impide no dañar al de a lado.“Son errores que se deben atender”.
Otro asunto es la mala supervisión que existe cuando se realizan las obras porque los Directores Responsables de Obra (DRO) son pagados por las mismas empresas constructoras a las que tienen que supervisar. Son juez y parte, al fin.
“A las compañías no les cuesta nada darles algo de dinero para que digan que todo está perfecto, hacerse de la vista gorda y no reportar los vicios ocultos que existan”, destaca Guarneros.
En la avenida Baja California 370, por ejemplo, el permiso de construcción era para siete pisos y cuando el Comité Vecinal se percató, en el predio donde otrora había una casa tipo colonial de dos plantas se había construido una edificación de 15 pisos. Ahora, algunas casas de los alrededores tienen severos daños.
“Sabemos que no se podemos evitar los sismos pero sí matizar su impacto y ayudar un poco”.