La tragedia de los raramuris en manos de los narcos

MEXICO.- Cuando mataron al indígena ecologista Isidro Baldenegra en 2017, éste ya vivía a salto de mata, amenazado por defender  las tierras de sus ancestros en la Sierra Tarahumara de la tala ilegal y otros males de la región invadida por narcotraficantes que impusieron los cultivos de marihuana y amapola sometiendo a la etnia rarámuri a su voluntad salvo el exilio.

Baldenegra había recibido el premio Goldman Environmental, máximo galardón internacional al medio ambiente, desde 2005 por defender los bosques de la tala inmoderada del crimen organizado que se asentó en la región para quitarles tierras y sembrar marihuana  y amapola y poco a poco se fueron ensanchando.

“La situación se agudizó y se complicó cada vez más, matando o expulsando a quienes se oponen’’, precisó a este diario Icela Gonzalez, directora de la organización Alianza Sierra Madre.

Gonzalez está sorprendida por el incremento en el nivel de denuncia en contra de la etnia. “Antes no nos hacían caso’’.

Alianza Sierra Madre había sido una piedra en el zapato para el gobierno estatal desde el 2013 con los primeros asesinatos de activistas y los desplazamientos en las comunidades de Colorados de la Virgen y Chorea mientras otras organizaciones denunciaban a la par los ataques a otras comunidades en los más de 60,000 kilómetros cuadrados de la Sierra Tarahumara donde viven alrededor de 120,000 personas, principalmente indígenas.

“Se lo hicimos saber al ex gobernador César Duarte (hoy prófugo de la justicia) con manifestaciones y escritos y nunca hubo una respuesta. Ni ayuda humanitaria. Ni siquiera nos recibían.  En una ocasión se tardó 36  horas para mandar al ministerio público a recoger a un cuerpo’’, recuerda González.

“No sabemos por qué ahora en el Senado hace tanto escándalo o quizás sólo quieren golpear políticamente al nuevo gobernador (César Corral)’’.

El pasado 7 de febrero, los senadores emitieron un dictamen dirigido a la Secretaría de Gobernación para exigirle “mitigar’’ las consecuencias del desplazamiento interno forzado de los raramuris y atacar la ingobernabilidad de la región. “La sierra Tarahumara está controlada casi en su totalidad por dos grupos del crimen organizado”, advirtió.

Colorados de la Virgen tiene actualmente a 50 familias desplazadas  con medidas cautelares a solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la situación en otras regiones es mucho peor. En el poblado de Huicochi, por ejemplo, vivían alrededor 1,700 personas y ahora quedan alrededor de 300; en La Lobera no queda nadie y de Milpillas huyeron unas 700 en los últimos meses.

Según datos de Consultoría Técnica Comunitaria desde en los últimos seis años se han producido 2,337 homicidios en la esa zona que no cuenta con más de un cuarto de millón de habitantes. No existe un censo oficial.

El caso es que  la presencia de los rarámuri fuera de su territorio es cada vez más visible: se concentran en las ciudades más grandes, principalmente en la capital del estado, donde deambulan ellas con sus vestidos de estampados floridos multicolores y algunos hombres incluso con el torso desnudo y pintado y paliacates en la cabeza.

“Su situación seguirá igual si sigue la impunidad y mientras los indígenas no puedan regresar a casa, cualquier otra acción o medida será inútil’’.