Demandan a gobierno de Trump por encarcelar ilegalmente a solicitantes de asilo

WASHINGTON— La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) encabeza una demanda presentada este jueves contra la Administración Trump en un tribunal federal en Washington contra las “detenciones arbitrarias” de solicitantes de asilo que, sin tener historial criminal, languidecen en cárceles en este país.

En sus 29 páginas, la demanda “Damus v. Nielsen” destaca varios casos de inmigrantes que solicitaron asilo, pero terminaron tras las rejas pese a haber demostrado “miedo creíble” a la persecución si son deportados a sus países.

Ninguno de los solicitantes de asilo tiene historial criminal ni de violencia, y todos tienen en EEUU personas dispuestas a proveerles vivienda y asegurar que no falten a sus audiencias en los tribunales, alega la demanda.

“Aún así, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los ha mantenido encarcelados mientras se resuelven sus casos de asilo, sin una revisión individual sobre si su detención es o no necesaria”, acusaron los demandantes.

El documento indicó que la detención de solicitantes de asilo, sin determinar si son o no un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad, solo con el propósito de disuadir la emigración ilegal, contraviene tanto las leyes federales para este tipo de migrantes como el derecho constitucional al debido proceso.

Michael Tan, un abogado del “Proyecto de Derechos de los Inmigrantes” de ACLU, dijo que la Administración quiere crear condiciones “miserables” para que los solicitantes de asilo abandonen sus casos y regresen a sus países aún bajo riesgo de “tortura o muerte”.

“La administración está utilizando la detención indefinida como un arma para disuadir a futuros solicitantes de asilo, algo que es tanto cruel como anticonstitucional”, argumentó Tan.

Por su parte, Eunice Lee, codirectora legal del Centro para Estudios de Género y Refugiados, otro de los grupos en la demanda contra los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, precisó que quienes huyen de la persecución tienen derecho a solicitar asilo,  y “no deberían ser encarcelados” por ejercer ese derecho.

Los demandantes piden que el tribunal ordene que  la Administración obedezca una política de 2009 que permite la puesta en libertad de extranjeros mientras aguardan la resolución de sus casos en los tribunales de Inmigración.

Sin embargo, es poco probable que eso ocurra, tomando en cuenta que el fiscal general, Jeff Sessions, ha dicho que los inmigrantes “abusan” del sistema de asilo. La Administración persigue el endurecimiento de las leyes migratorias,  incluyendo el combate al “fraude masivo”,  mientras persisten las demoras -de más de 600,000 casos- en los tribunales de Inmigración.

Casos emblemáticos

Uno de los casos es el del exmaestro de ética haitiano Ansly Damus, que había hecho denuncias contra un funcionario del gobierno haitiano y tuvo que huir en octubre de 2016 para evadir la persecución política.

Aunque un juez de Inmigración le aprobó dos veces el asilo que solicitó, Damus lleva 16 meses en un centro de detención en Ohio donde, según la demanda, no tiene acceso a actividades al aire libre.

“No he respirado aire fresco ni sentido el sol en mi rostro, y nunca sé si hace frío o calor afuera, si ha salido el sol, y si están cambiando las estaciones”, dice Damus en la demanda.

El documento detalla el caso del hondureño Alexi Ismael Montes Castro, de 18 años, que huyó de Honduras tras recibir una golpiza y ser asaltado a punta de pistola por ser homosexual. Montes Castro está detenido en una prisión del Condado York, en Pensilvania, desde noviembre pasado.

Mientras, una pareja mexicana, identificada por sus iniciales “H.A.Y” y “A.M.M”,   solicitó asilo en diciembre pasado tras huir de las amenazas de un cartel criminal en México que intentó hacerse con sus propiedades y ganado.

En febrero pasado, la Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) en El Paso (Texas) les negó libertad bajo palabra. “H.A.Y” está detenido en el Centro de Procesamiento en esa ciudad, pero a su esposa la trasladaron al centro en el Condado Otero, en Chaparral (Nuevo México), indicó el documento.

También está el caso de “L.H.A”, un joven salvadoreño que huyó hacia EEUU en mayo de 2016 porque una “pandilla peligrosa” lo amenazó de muerte al negarse a integrarse a la banda delincuencial o pagar una extorsión. Lleva más de 21 meses detenido en El Paso.

Otro caso es el del joven salvadoreño “E.E.C.S”, que huyó en diciembre pasado de las amenazas de muerte de la pandilla MS-13 en El Salvador, y lleva más de tres meses detenido en Irvine (California).

En ese centro californiano también está detenido el mexicano “L.I.L.M”, que solicitó asilo en octubre de 2017, pero las autoridades de ICE en Los Angeles le negaron su solicitud de libertad bajo palabra.

Mientras,  un inmigrante venezolano identificado como “N.J.J.R”,  dijo que fue sometido a golpizas y amenazas de “grupos armados que buscan eliminar la oposición al gobierno venezolano”. En octubre pasado, aunque había demostrado “miedo creíble a la persecución”,  fue referido a trámites de deportación, y permanece detenido desde hace más de cuatro meses en una correccional del Condado Essex, en Nueva Jersey.

También está el caso del cubano Abelardo Asensio Callol, quien huyó de Cuba en diciembre pasado tras negarse a afiliarse al Partido Comunista. ICE no ha respondido a ninguna de sus solicitudes y lo mantiene detenido en una cárcel en el Condado York, en Pensilvania.

El documento menciona a cinco oficinas locales de ICE  en Detroit (Michigan), El Paso (Texas), Los Angeles (California), Newark (Nueva Jersey) y Filadelfia (Pensilvania), que prácticamente desde 2017 han negado solicitudes de libertad bajo palabra de los solicitantes de asilo.

Según ACLU, en 2013, nueve de cada 10 solicitantes de asilo en las cinco oficinas mencionadas salieron en libertad bajo palabra.

En 2017, bajo la Administración Trump, el número bajó a “casi cero”.  Tan solo en esas cinco oficinas el año pasado, las autoridades de ICE han denegado solicitudes de salir en libertad para más de mil solicitantes de asilo, dijo ACLU.