Editorial: No a la violencia electoral en México

La intimidación y asesinato manchan la campaña de cara a las elecciones del 1 de julio

La candidata a diputada  Juana Iraís Maldonado fue asesinada en Puebla.

La candidata a diputada Juana Iraís Maldonado fue asesinada en Puebla. Crédito: EFE

La violencia de las organizaciones criminales está perjudicando la elección en México. La intimidación y el asesinato de los candidatos le quita a los mexicanos la opción de poder votar por ellos. La libertad de los aspirantes políticos y electores se ve coartada.

Desde el inicio del proceso electoral hasta el 2 de junio pasado 110 políticos y candidatos fueron asesinados a lo largo de México, según el Indicador de Violencia Política de la firma Etellekt. Otros 119 fueron objeto de intimidación y amenazas. En este período se registraron 382 agresiones globales. Hay 155 candidatos de 14 estados que solicitaron protección.

México sufre en general un alto nivel de violencia. Durante el período del presidente Enrique Peña Nieto se registraron cerca de 20,000 homicidios al año. La inseguridad pública es un problema cotidiano.

Lo que parece inusual es el aumento en la violencia electoral. Los analistas estiman que marca un incremento en la influencia de la mafias de las drogas en las estructuras gubernamentales.

En Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla son los estados con la mayor cantidad de casos contra los políticos. La gran mayoría de los hechos se producen en el entrecruce entre la política y el narcotráfico. Según las autoridades estas regiones están bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este es otro ejemplo de la incapacidad del gobierno federal mexicano para tener un efecto pacificador en las autoridades estatales y locales. Esto se ha visto en la elevada cantidad de periodistas asesinados.

El expresidente Felipe Calderón apostó a la militarización de la seguridad pública para solucionar esa violencia. La Ley de Seguridad Interna de diciembre del año pasado le dio una estructura legal a la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y la delincuencia.

La estrategia condujo a importantes arrestos pero no puede controlar una hidra de mil cabezas como parecen ser los cárteles y su reinado de corrupción a nivel local. Al mismo tiempo, las quejas de faltas a los derechos humanos se fueron apilando como suele suceder cuando se coloca a soldados a realizar funciones policiales para lo cual no están entrenados.

Los candidatos presidenciales ofrecen en general alternativas muy parecidas a la actualidad. Andrés Manuel López Obrador de Morena es el único que ofrece un cambio al revivir la Secretaría de Seguridad Pública, crear una Guardia Nacional fusionando un sector del Ejército, Marina y Policía y otorgando amnistía a quienes no tuvieron más alternativa que participar en el narcotráfico.

El gran desafío para el próximo presidente es cómo eliminar desde abajo, desde el nivel local y estatal el nexo entre la corrupción y el narcotráfico que hoy golpea el proceso electoral mexicano.

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