Tribunal Supremo anula ley de California que impone restricciones a clínicas cristianas
El dictamen afectará a leyes similares en otros estados que exigen informar a las mujeres sobre su derecho al acceso al aborto
WASHINGTON — En un guiño a los conservadores y grupos anti-abortistas, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional este martes una ley estatal de California que exige a clínicas administradas por grupos cristianos “pro-vida” notificar a las mujeres sobre su opción al aborto.
En un dictamen de 5-4, dividido sobre líneas ideológicas, la máxima corte del país dijo que la ley estatal, aprobada por una legislatura demócrata, viola la libertad expresión consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución.
La opinión, emitida por el juez conservador, Clarence Thomas, fue una victoria para grupos anti-abortistas y para organizaciones que administran este tipo de clínicas para mujeres embarazadas, denominados “centros de embarazos en crisis” y en los que se trata de desalentar el aborto.
Se calcula que hay alrededor de 2,700 “centros de embarazos en crisis” en todo EEUU, incluyendo 200 sólo en California, y el dictamen de hoy previsiblemente afectará leyes similres en otros estados.
Con este dictamen, el Tribunal Supremo anuló una decisión del 2016 del Noveno Circuito de Apelaciones de San Francisco, que se negó a bloquear la puesta en marcha de la ley en cuestión, que fue promulgada un año antes por el gobernador Jerry Brown.
Thomas le dio la razón a los demandantes al señalar que, debido a los derechos consagrados en la Primera Enmienda, el gobierno no puede exigir que estas clínicas promuevan el aborto, porque eso contraviene sus creencias religiosas.
El Tribunal Supremo dio hoy buenas noticias a la Administración Trump, primero con el dictamen contra la ley estatal de California y después con otro avalando la “veda musulmana”.
El fiscal general, Jeff Sessions, dijo en un comunicado que los centros de embarazo “pro-vida” en California “no deben ser obligados a promover el aborto y minar la razón misma por la que existen”.
El caso “NIFLA v. Becerra” llegó hasta el Tribunal Supremo por una demanda entablada por “National Institute of Family and Life Advocates”, un grupo sin fines de lucro, y dos de sus miembros en el Condado de San Diego, contra la ley de California.
La ley estatal exige que las clínicas de salud reproductiva informen a las mujeres y sus familias sobre todas las opciones que tienen disponibles ante un embarazo no planificado, incluyendo los servicios de aborto, cuidado prenatal y planificación familiar financiados por el gobierno estatal.
Las autoridades estatales argumentaron infructuosamente que estas clínicas en realidad no ofrecen extensos servicios de salud sino que tienen la misión de desalentar el acceso al aborto.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, dijo que el dictamen hará más difícil que las mujeres en California obtengan la información precisa que merecen, y prometió seguir luchando por el derecho de éstas a tener acceso a servicios reproductivos.
El Tribunal Supremo legalizó el aborto en 1973 pero, desde entonces, grupos conservadores han liderado esfuerzos ante el Congreso y las legislaturas estatales para imponer cada vez más restricciones en el acceso a servicios de aborto en todo el país.
La mayoría de los líderes demócratas del Congreso, entre éstos la líder de la minoría demócrata y legisladora por California, Nancy Pelosi, y grupos cívicos defensores de los derechos reproductivos de la mujer condenaron la decisión judicial.
El grupo “NARAL”, que defiende la opción al aborto, advirtió de que el Tribunal Supremo “le está dando la espalda a las mujeres”, y que el dictamen de 1973 en el caso “Roe v. Wade”, a favor del derecho al aborto, está en peligro toda vez que “centros de salud falsos” puedan seguir con sus prácticas “peligrosas y engañosas”.
“El engaño en los falsos centros de salud para mujeres es real, pero cinco jueces aún así se negaron a actuar en nombre de las mujeres que necesitan información veraz para tomar las mejores decisiones para nuestras familias… el Tribunal Supremo le dio la espalda a las mujeres y respaldó las tácticas engañosas” de esos centros, dijo Ilyse Hogue, presidenta de “NARAL”.
El dictamen de 1973 “corre más riesgo que nunca antes, y no podemos permitir que ellos ganen. El movimiento contra la opción al aborto no se dará por vencido, y nosotros tampoco, porque hay demasiado en juego”, prometió Hogue, al señalar que la lucha continuará en el Congreso y las legislaturas estatales.
