Manafort pacta acuerdo para cooperar con FBI y evitar segundo juicio
La Administración Trump quiso proyectar una imagen de cero preocupación por lo que pueda decir Manafort al FBI como parte de su acuerdo para evitar un segundo juicio
Paul Manafort está en prisión. Crédito: Alex Wong/Getty Images
WASHINGTON— El exdirigente de la campaña presidencial de Donald Trump, Paul Manafort, suscribió este viernes un acuerdo para cooperar “plenamente” con el FBI en su investigación de la trama rusa en 2016, a cambio de evitar un segundo juicio en su contra y afrontar menos cargos criminales.
Manafort, de 66 años, compareció ante la jueza Amy Berman Jackson en tribunal federal en Washington, donde se declaró culpable de dos cargos de conspiración, incluyendo uno de conspiración para la obstrucción de justicia.
Manafort afrontaba un total de siete cargos por violaciones relacionadas con cabildeo para grupos pro-Rusia en Ucrania, lavado de dinero y manipulación de testigos.
El juicio para esos cargos estaba programado para el próximo 24 de septiembre, con la selección de jurado prevista para el próximo lunes. Aún con el acuerdo anunciado hoy, Manafort podría afrontar hasta 10 años de prisión.
Manafort, quien permanece encarcelado desde junio pasado, ya fue declarado culpable por un jurado en Alexandria (Virginia) el mes pasado de ocho cargos de evasión de impuestos y crímenes financieros, y aguarda sentencia en ese caso.
Como parte del acuerdo de 17 páginas, Manafort, acostumbrado a una vida de lujos, según documentos judiciales, aceptó que las autoridades federales le confisquen varias cuentas bancarias y propiedades en Nueva York.
A cambio, podrá mantener propiedades residenciales en Virginia y Florida, cumpliendo el deseo de Manafort de resguardar la seguridad y el bienestar de su familia, según explicó a la prensa el abogado defensor, Kevin Downing.
La declaración de culpabilidad de hoy es parte de un acuerdo alcanzado con el fiscal especial, Bob Mueller, para colaborar “plenamente” con la investigación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.
De inmediato, tanto la Administración Trump como el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, intentaron restar importancia al acuerdo de Manafort, al insistir en que no guarda relación absoluta con la trama rusa.
Giuliani dijo en una declaración escrita que el acuerdo “no tiene nada que con el presidente Trump o con la campaña de Trump”, y la razón de eso se debe a que “el presidente no hizo nada malo y Paul Manafort dirá la verdad”.
Posteriormente, enmendó el mensaje al indicar que “el presidente no hizo nada malo”, pero omitió la parte sobre el posible testimonio de Manafort.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que la decisión de Manafort de cooperar con Mueller no tiene ninguna relación con el presidente.
Los juicios contra Manafort efectivamente no están relacionados ni con la trama rusa ni con la posible obstrucción de justicia que investiga el equipo de Mueller.
Sin embargo, su “cooperación plena” con el FBI es importante porque, como expresidente de la campaña presidencial de Trump durante cinco meses, seguramente será interrogado sobre todo lo que sabe de los contactos de la campaña con autoridades de Rusia en 2016.
Riesgos de un perdón presidencial
En privado, Trump ha discutido la posibilidad de un perdón presidencial para Manafort o incluso un perdón para sí mismo pero, según afirmó hoy Justin Florence, director legal del grupo “Protect Democracy” y exabogado de la Casa Blanca durante la Administración Obama, eso no frenaría su cooperación con el FBI.
“Trump y su equipo han tratado de sentar las bases para perdones para protegerse de cargos criminales. Pero, ¿Puede usar el poder del perdón de esa manera? No de acuerdo con nuestra lectura de la ley… sería un abuso de poder que viola la Constitución y, como tal, podría suscitar un juicio político”, explicó Florence en una columna de opinión en el diario “The Washington Post”.
“Si el presidente puede usar el poder del perdón para protegerse de una acusación, efectivamente se transformaría en un gobernante autoritario, incapaz de que la ley u otras ramas del gobierno lo limiten”, advirtió.
La columna de opinión está firmada también por Paul Rosenweig, analista del “Instituto Calle R”, una organización de investigaciones políticas, y miembro del equipo de fiscales a cargo de Kenneth Starr en el caso “Whitewater” contra el entonces presidente Bill Clinton, en la década de 1990.
