Líder de sindicato de jueces de Inmigración advierte de “nueva era oscura” por cuotas para completar casos

WASHINGTON— La presidenta del sindicato de jueces de Inmigración, Ashley Tabaddor, advirtió este viernes en Washington de que se acerca una “nueva era oscura” con la imposición de cuotas anuales, a partir de octubre próximo, para que los jueces reduzcan el atasco de 750,000 casos pendientes en el sistema.

Durante una conferencia de prensa en Washington, Tabaddor habló en nombre de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), que sigue exigiendo explicaciones del Departamento de Justicia frente a “la diabólica situación en la que estamos”.

Tabaddor, una jueza de Los Angeles (California), se refería a las normas que entrarán en vigor el próximo 1 de octubre para evaluar la gestión de los jueces, incluyendo una cuota de 700 casos al año para cada uno y una tasa de casos resueltos y sin apelación de al menos el 85%.

Esas normas, anunciadas por el fiscal general, Jeff Sessions, en abril pasado,  no sólo perjudican la independencia de los 58 tribunales sino que están generando ansiedad y más presiones para los cerca de 400 jueces en el sistema, y auguran una “nueva era oscura” para el procesamiento de los casos, advirtió.

“Esto es un acto sin precedente que compromete la integridad de las cortes y mina la independencia de nuestros jueces de Inmigración para tomar decisiones”, dijo Tabaddor.

La jueza precisó que la demora en los casos, muchos de los cuales toman al menos dos años para siquiera tener una audiencia, no es culpa de los jueces sino de los “fallos fundamentales” en el diseño de un sistema de tribunales ahora bajo la bota del Departamento de Justicia.

Para Tabaddor, el atasco de 750,000 casos pendientes “está siendo usado como una herramienta política para avanzar las políticas policiales” de la Administración, pero el Departamento de Justicia aún no ha explicado a NAIJ cómo estableció las nuevas normas.

Tabaddor explicó que los jueces manejan toda clase de casos migratorios que varían en complejidad y muchos, como los de asilo, requieren más tiempo para resolver.

A su juicio, las nuevas normas impondrían la meta imposible de resolver casos en un promedio de dos horas y media, son un “ataque sin precedente” a la autonomía de los jueces, y podrían incluso afectar el derecho de los inmigrantes al debido proceso.

En su caso, por ejemplo, ella tiene pendiente más de 2,000 casos, aunque otros tribunales tienen típicamente entre 400 y 500, y el de Baltimore tiene hasta 5,000 casos.

Según Tabaddor, la presión por resolver casos con más celeridad de la necesaria, obligará a los jueces prácticamente a mantener un “velocímetro” para rastrear cada minuto de su jornada laboral si no quieren perder sus empleos, en vez de invertir sus energías en una revisión cuidadosa de los casos.

“Nadie está en su tribunal cruzado de brazos” por falta de casos, dijo Tabaddor, de origen iraní.

Tabaddor señaló que la forma de reducir el atasco en los casos es mediante el desembolso de más recursos y capacitación para los jueces, y eso le comunicaría a Sessions si tuviese la oportunidad de reunirse con él. Sessions anunció recientemente la contratación de 44 jueces y prevé contratar a más en los próximos meses.

La magistrada reiteró el pedido de NAIJ de que el Congreso apruebe una ley para separar a los tribunales de Inmigración del paraguas del Departamento de Justicia, para que puedan mantener su independencia jurídica.

El Departamento de Justicia no ha respondido a las declaraciones de Tabbador pero en el pasado ha acusado al gremio de jueces de torpedear el proceso de reformas.

La Administración Trump, mientras tanto, sigue presionando al Congreso a que apruebe los fondos para reforzar la seguridad fronteriza con un muro y más agentes federales.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes aseguran que Sessions, además de apretar las tuercas al proceso de asilo, quiere convertir a los tribunales en otro elemento más de la “fuerza de deportación” de la Administración Trump.