Editorial: La nueva norma restrictiva antiinmigrante

Es un problema establecer una política migratoria pieza por pieza, cuando el rompecabezas es tan complejo y los factores económicos están entrelazados entre sí como en Estados Unidos.

Por un lado está  la necesidad del mercado de mano de obra inmigrante no especializada, para los trabajos que no quieren hacer los locales. Por el otro, el equilibrio entre los beneficios sociales y los aportes impositivos, en una economía basada en producción de bajo costo.

Una reforma migratoria integral debería tomar estos elementos para buscar un equilibrio realista entre trabajadores y empleadores, de manera que se consiga una estabilidad que permita una vida decente y una producción rentable.

De lo contrario se toman medidas que aisladamente pueden tener sentido, pero en el contexto real son absurdas.

Este es el caso de la nueva norma anunciada el sábado que redefine lo que es una “carga pública” para decidir la residencia legal. Es lógica la expectativa que el inmigrante llegue con una capacidad de autosuficiencia como para pagarse todos sus gastos, mejor si trae más dinero.

Sin embargo, esa lógica queda de lado cuando se trata de indocumentados, integrantes de un segmento que por décadas sostiene un sector de la economía y que opera en la sombra de la ilegalidad migratoria.

La administración Trump tiene una vista que es fragmentada, negativa, estereotipada del indocumentado, como si fuese alguien que viviera del erario. Por eso, amplió las limitaciones ya existentes de beneficios públicos a estos inmigrantes.

La nueva definición de “carga pública” es recibir “uno o más beneficios públicos” para cubrir necesidades básicas como salud, nutrición o vivienda. Quienes así sean catalogados verán el camino a la “green card” severamente reducido.

Por otra parte, se mirará el beneficio en relación al individuo, en vez del hogar. Una madre que obtiene cupones de comida para su hijo ciudadano, eso no contará en su contra. No contarán los beneficios ya obtenidos y entregados, sino los nuevos, que se soliciten cuando la norma esté vigente en cerca de 60 días.

Es la “totalidad de circunstancias” y no cada uno de los cambios, lo que hace los beneficios más restrictivos. Los analistas temen una “prueba de riqueza” que exija un ingreso no menor a los 62,750 dólares por hogar.  Esta cifra está por arriba del ingreso medio estadounidense de $61,372 en 2017 y del ingreso medio de los latinos, de $50,486.

La exigencia de ingresos no es realista para trabajadores en empleos de salarios bajos.  Es más, la expectativa de no recibir ningún beneficio es contraria a la experiencia del 30% de trabajadores estadounidenses, como los de Walmart entre otros, que deben suplementar su entrada con ayuda pública. Por último, la nueva política considera al indocumentado inherentemente como carga pública, ignorando que también es una base impositiva para el Seguro Social.

A la hora de conceder la tarjeta verde a los inmigrantes, se debe tener en cuenta el contexto en que se desarrolla la vida del indocumentado que trabaja en este país. Es para que no prosperen normas discriminatorias como esta que se necesita una reforma migratoria integral.