Los 22 estados que expresan apoyo formal contra deportación de inmigrantes con TPS
El Gobierno Trump quitó la protección del TPS a más de 350,000 inmigrantes que podrían ser deportados
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En medio de la incertidumbre de miles de inmigrantes que se quedaron sin su Estatus de Protección Temporal TPS gracias a la decisión del presidente Donald Trump se siguen alzando las voces para evitar una deportación masiva de estos inmigrantes.
Asi es que un grupo de 22 fiscales generales anunció este viernes la presentación de un texto de apoyo a la demanda que pide frenar la deportación de cientos de miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) después de que el amparo migratorio expire.
La medida es liderada por el fiscal general de California, Xavier Becerra junto con los Fiscales Generales de Massachusetts y el Distrito de Columbia, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada , Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.
El “amicus brief”, como se denomina un texto de apoyo a una causa en litigio aportado por un tercero, solicita a la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito de San Francisco que mantenga la orden preliminar, que bloquea la decisión del Departamento de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump de finalizar el TPS para nativos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán por violar sus derechos al debido proceso.
“No daremos marcha atrás frente a la cruel campaña de la Administración Trump de romper nuestras comunidades”, afirmó Becerra en un comunicado.
Becerra remarcó que “el país se impulsa en las contribuciones de todos los vecinos, sin tener en cuenta su origen” por lo que la “xenofobia de Trump no tiene espacio”.
En concreto, el texto señala el impacto que estas deportaciones provocará en cientos de miles de niños estadounidenses por la “forzada separación” de sus padres y la pérdida de ingresos por los impuestos abonados por los beneficiarios del programa.
En el año pasado, el Gobierno de Donald Trump arrebató la protección del TPS a 55,000 hondureños, 195,000 salvadoreños y 50,000 haitianos, entre otros, a los que ha dado entre 12 y 18 meses para que regresen a sus países o cambien su estatus migratorio.
Una vez superadas las fechas límites, la Administración podría deportar legalmente a todas esas personas sin amparo migratorio.
El TPS es un programa creado en 1990 con el que el Gobierno concede permisos de residencia de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales
