Asesinato de líder antiminero chiapaneco llega a corte… ¡de Canadá!

MEXICO – Mariano Abarca, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema-Chiapas), platicaba con otro activista afuera de su casa cuando un sujeto desconocido le disparó en la cabeza y huyó. El asesinato ocurrió en 2009 en uno de los momentos de mayor tensión entre pobladores de Chicomuselo, Chiapas, y la empresa minera Black Fire.

Poco antes, los opositores habían ido a quejarse personalmente ante la embajada canadiense en México y dieron a los diplomáticos el parte y las razones de su rechazo.

La familia de la víctima consideró, entonces, que la diplomacia “fue omisa” ante sus quejas y solicitaron al Comisionado de la Integridad del Sector Publico de Canadá que abriera una investigación contra la diplomacia de Canadá, pero, al ser rechazados, llevaron el caso a una corte de aquel país y ésta admitió el caso.

“Los actos y omisiones de la embajada contribuyeron a crear un ambiente de peligro para la vida de mi padre además de que no actuó acorde a las políticas de respeto y protección de derechos de las personas en otros países”, observó José Luis Abarca, hijo de Mariano, en conferencia de prensa.

Al contrario, agregó: “facilitó las operaciones de la empresa Blackfire desde su inicio (presionó al gobierno mexicano para que diera facilidades a la compañía), hasta la suspensión  de ésta por violaciones ambientales”.

Por los años en que ocurrió el crimen, las autoridades federales mexicanas habían otorgado 54 permisos a canadienses para la explotación de minerales en la región que incluye el municipio de Chiocomuselo, donde viven los Abarca. A Blackfire para extraer barita, oro y antimonio (10 concesiones); a Linear Gold Corp, para oro (24); Fronteer Dev. Group (12); New Gold Inc (3) y Radius Gold (6).

Posterior a esas concesiones, diversos líderes y gente de las comunidades que se opusieron fueron perseguidos como en otras regiones de México y América Latina.

Según un estudio de la organización Proyecto Responsabilidad Corporativa y Justicia (JCAP) entre 2000 y 2015 sumaron 44 muertos, más de 400 heridos y arriba de 700 casos de criminalización en torno a conflictos mineros relacionados con 28 empresas mineras canadienses en 13 países.

La decisión del juez de la Corte Federal de Canadá sobre el caso de Mariano Abarca será en un par de meses pero, para el abogado de la familia,  Shin Imai, lo más importante es que “el Estado canadiense hoy acepte que la minería ha puesto en peligro la vida e integridad física y psicológica de cientos de defensores del medio ambiente”.