Policías, abogados y hasta médicos eran socios de la Mara Salvatrucha o MS-13 en El Salvador
Se suman a una lista de 33 imputados
Juan Francisco Jacobo, agente de la Policía Nacional Civil (PNC) acusado por organizaciones terroristas, será procesado en libertad por órdenes del Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador. Jacobo enfrentó ayer la audiencia de imposición de medidas junto con otros 33 imputados, entre los que destacan dos abogadas.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que Jacobo daba información de inteligencia de la Policía, vendía armas de fuego y ofrecía datos sobre localización de miembros de la PNC a una estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13) que opera en el departamento de La Libertad.
Las abogadas, identificadas como Yanira Rafaela Recinos Miranda y Patricia Flores Alfaro, según Fiscalía, representaban a la mayoría de miembros de la estructura delincuencial, identificaban a testigos criteriados para la pandilla y legalizaban traspasos de vehículos de la pandilla.
El juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador, sin embargo, decretó que también las abogadas enfrenten el juicio en libertad. “Se ha determinado una fianza de $1,000 para cinco de los 11 imputados presentes; los otros van a detención”, explicó la Fiscalía.
La Fiscalía tiene cuatro meses para recolectar pruebas contra los acusados.
También, el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador decretó que 14 de 15 acusados enfrenten los cargos de agrupaciones ilícitas en libertad, luego de pagar fianza por $500. Este grupo es parte de la misma operación contra el policía y las abogadas, que las autoridades denominaron Plan Escudo Regional.
La Fiscalía destacó que entre los beneficiados con ser procesados en libertad figura el médico Carlos José Torres, quien, según Fiscalía, coordinaba la compra y venta de droga, elaboraba constancias médicas falsas a pandilleros y compartía las ganancias de su clínica con ellos.
Otros 76 supuestos pandilleros acusados por extorsión, homicidio y agrupaciones ilícitas que supuestamente operaban en Ciudad Delgado y Cuscatancingo también enfrentaron la audiencia de imposición de medidas. El Juzgado Especializado de Instrucción C decidió que todos enfrenten el proceso en prisión.
(Por Mariana Arévalo de la Prensa Gráfica)