El choque de AMLO con defensores de Derechos Humanos

MEXICO – De manera pública e informal se quejan grupos de todo tipo: de indígenas a periodistas; trabajadores del Estado y activistas sociales en contra de supuestas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado representado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De manera institucional, suman 29 recomendaciones en 2019 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de otras dependencias a cargo de la nueva administración federal como las secretarías de la Defensa Nacional  y de Protección Ciudadana; la de Salud, la  Fiscalía General de la República, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Arbitraje, entre otras.

Cada inconformidad apunta a responsables nombrados por el primer mandatario, una situación que le acarrea severas críticas frente a su retórica de defensa de derechos humanos y el no abuso del Estado.

Entre ellas destaca la más reciente por parte de Raúl Gonzalez Pérez, presidente de CNDH, a quien dejó en días pasados con el informe anual en la mano. Al menos de manera simbólica: en 29 años de la institución, ningún presidente había dejado de asistir a recibirlo.

“Los derechos humanos no son de izquierda o derecha, no son de ideología ni tienen partidos políticos, respondemos a una lógica de defender la dignidad humana”, reprochó González Pérez. “Estamos preocupados porque ya se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones”.

Las diferencias del ombudsman nacional con el nuevo gobierno venían de atrás, desde la creación de una Guardia Nacional con base militar a la que la CNDH se opone, pero las quejas también se han ido acumulando desde otros flancos.

En el caso de los periodistas, por ejemplo, el colectivo Reporteras en Guardia ––que ha documentado el asesinato de 13 periodistas durante los primeros seis meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador–– reprochó que cuatro de estos casos no hayan sido reconocidos por la administración federal como crímenes contra comunicadores.

“Esto viola  la ley para la protección de estos profesionales y defensores de derechos humanos, vigente desde 2012”, advirtió Laura Castellanos, coordinadora del colectivo.

“Esta exclusión hace más vulnerables principalmente a comunicadores indígenas del país. Su labor suele ser la única vía de información y denuncia de los pueblos originarios”.

Las organizaciones de indígenas se consideran particularmente más afectadas por decisiones de Estado. La Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca igual que decenas de comunidades mayas, se quejan por las “consultas ciudadanas” en las cuales el gobierno decide proyectos que los afectan como el tren maya o el tren del Itsmo.

“Sus consultas no son reales: impide que los pueblos y las comunidades nos informemos de manera adecuada y utilicemos nuestras propias formas de organización comunitaria y de construcción de acuerdos, como la Asamblea Comunitaria”, señaló la organización en un comunicado de prensa divulgado recientemente.

El presidente mexicano ha dado respuestas a algunos temas; otros, los deja pasar o ha pedido un tiempo para solucionar problemas que “se han acumulado por años”. En el caso del reclamo del presidente de la CNDH dijo que, si bien no había acudido personalmente a recoger el informe, éste ya se encuentra en análisis en la Secretaría de Gobernación.

Organizaciones de la Sociedad Civil, a las que AMLO quitó presupuesto público, para atender a grupos vulnerables, lamentan que el presidente en lugar de corregir procesos para evitar corrupción simplemente las quite de en medio. Señaló Mario Patrón, director del Centro ProDH:

“Lo que vemos es que este gobierno tiene la perspectiva de que sociedad civil solamente somos intermediarios, o sea, no que somos actores en un contexto de democracia. Eso es lo preocupante”.