Cuando ‘resetear’ las reglas del juego en la democracia es una opción: La disolución del Congreso peruano

Resetear es un coloquialismo de la informática que hace alusión al término ‘reiniciar’ cuando se trata de una computadora, programa o plataforma. En otras palabras, Reset -término usado en inglés para ‘reinicio’- es la acción de regresar al estado inicial, o bien, el emprender un nuevo comienzo con la pizarra en cero. Hasta aquí todo está claro para el mundo de la tecnología y de las diferentes aplicaciones que usamos y constantemente reiniciamos para un mejor desempeño, pero ¿qué tanto podemos aplicar esta necesidad de reencauzamiento a la política, al gobierno y a la democracia en el sentido amplio?

La respuesta a esta pregunta es lo que precisamente ha querido aplicar el presidente peruano Martín Vizcarra en su país para reiniciar el tablero de ajedrez de la política peruana, a través de la figura de la disolución del congreso que ha decidió invocar. Vale destacar que esta crisis política y por demás constitucional, se veía venir ya pues era una bomba de tiempo que en cualquier momento podía estallar y ese momento ha llegado. Vizcarra, anterior vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, llegó al poder probablemente de la misma forma en que saldrá: una crisis constitucional con un congreso midiendo fuerzas con el poder ejecutivo.

En los sistemas parlamentarios y en algunos casos en los sistemas semipresidenciales, la disolución del congreso es la suspensión de la legislatura y en la mayoría de las ocasiones, la convocatoria a nuevas elecciones. Este proceso que constituye un reinicio de las reglas del juego no es bueno ni malo, puede propiciar dictadores o puede ayudar a encauzar la democracia, todo dependiendo del contexto histórico-político, por lo cual no puede ser satanizado, tampoco podemos ser muy optimistas con este escenario.

Naciones con democracias fuertes y con tradición de desarrollo no se han escapado de procesos similares. En Alemania por ejemplo, el Presidente de la República Federal puede revocar el Bundestag (Congreso alemán) en caso de que el canciller pierda un voto de confianza, o cuando el nuevo Congreso resultase incapaz de elegir un canciller con mayoría absoluta. Aquí radica la importancia de tener coaliciones de poder fuertes en estos sistemas parlamentarios, pues siendo minoría la gobernabilidad resulta casi imposible. El Bundestag fue cerrado en los años 1972, 1982 y 2005, tras la pérdida de votos de confianza por parte de los entonces cancilleres Brandt, Kohl y Schroder.

En el caso de Francia, la Asamblea Nacional puede ser revocada en cualquier momento por el presidente galo, siempre que consulte esto con el jefe de gobierno (primer ministro) y con las cabezas de las cámaras que conforman la Asamblea. En Canadá, el Primer Ministro puede aconsejar a la Reina de Canadá (en este caso la de Inglaterra) y al Gobernador General para disolver la Cámara de los Comunes. De todos modos, esta cámara se reinicia de forma automática al cumplirse cada quinquenio.

En su historia reciente, el Perú experimentó otra disolución del congreso, cuando el 5 de abril de 1992, el hoy condenado por la justicia Alberto Fujimori siendo presidente propició un ‘autogolpe’ que lo ayudaría a consolidar su poder y su régimen de mano dura. Como justificación de su desentendimiento con el congreso y la necesidad de mover su agenda, justificó el cierre del poder legislativo de la siguiente manera:

“¿Cuál es la institución o mecanismo que permitiría realizar todos los cambios profundos que a su vez hagan posible el despegue del Perú? Sin lugar a dudas ni el Parlamento, ni el Poder Judicial son hoy por hoy agentes de cambio, sino más bien freno a la transformación y el progreso…por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional.”

El resto de la historia es conocido por todos. Fujimori encontró su zona de confort en el ejercicio férreo del poder y fue su deseo de control absoluto lo que lo llevó a manejar el país con mano dura. En esta época ya se fortalecía su relación con Vladimiro Montesinos y la realidad es que la confrontación entre los dos poderes del Estado, aunque intensa, no era más fuerte que la se produce en el núcleo de la crisis política que el Perú viene experimentando desde 2017, a raíz de los grandes conflictos que se generan entre los poderes ejecutivo y legislativo específicamente.

La Constitución Política del Perú, aprobada en 1993, se encuentra entre las constituciones que más tiempo han regido el país, solo superada por la de 1860 y 1933. Este texto, en su artículo número 134, señala que “El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.” Además, en el mismo artículo se ordena que con la disolución se convoque a elecciones para un nuevo Congreso.

La excusa para la disolución se genera cuando en el Congreso se produce la elección controversial de un magistrado a pesar de que el Ejecutivo había propuesto un mecanismo diferente para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Esto anterior, sumado a lo que el presidente interpreta como una negación de confianza sufrida por Presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar quien no pudo sostener la palabra ante el Congreso, fue el detonante.

A raíz de esto, Vizcarra señala que “presentamos la reforma de adelanto de elecciones, pero el Congreso no tuvo pudor de utilizar organismos internacionales….“Hoy se presentó la tercera cuestión de confianza y el Congreso subraya la vergüenza que ha caído la mayoría de congresista. Nuestro proyecto era para evitar la repartija. Se le impidió la palabra al Presidente del Consejo de Ministros. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República”.

Por supuesto, no es de esperarse que el Congreso se quedara con los brazos cruzados, máxime cuando la guerra entre estos dos poderes se desarrolla en un ambiente hostil e inmisericorde. El Pleno del Congreso ya “disuelto” resolvió con suspender al Presidente de la República por doce meses por “incapacidad temporal”, una causa contemplada en el artículo 114 de la Constitución peruana. Esto fue aprobado a través de una moción (86 votos) que suspende a Vizcarra del cargo.

La ex congresista Mercedes Araoz fue asignada como presidenta interina de la República por un sector de ex congresistas que se habían opuestos a la disolución. Solo el tiempo dirá si este fue el paso correcto para Mercedes de cara a no enfrentarse a la posibilidad de ser acusada de usurpación de cargo en el futuro. Veinticuatro horas después renunció Mercedes y se ha quedado sin la vicepresidencia.

La suspensión presidencial de Vizcarra no es la primera y de seguro no será la última. Así como tenemos muchos ejemplos de disolución de congresos, también hemos visto mandatarios perder sus cargos. Basta con transportarnos a la España de 2018, cuando el Parlamento acordó el cese del gobierno, lo que solo ha ocurrido en una ocasión desde que el país se abrió a la democracia a partir de 1978. El Congreso de los Diputados cesó el segundo término de Mariano Rajoy.

La lista latinoamericanas de destituidos está formada por mandatarios como Carlos Andrés Pérez (Venezuela, 1993), Abdalá Bucaram (Ecuador, 1997), Alberto Fujimori (Perú, 2000), Lucio Gutiérrez (Ecuador, 2005), Fernando Lugo (Paraguay, 2012) y Dilma Rousseff (Brasil, 2016).

Por otra parte, como hemos señalado al principio, las disoluciones parlamentarias no siempre han tenido un resultado favorable. En la Austria de 1933, al igual que Fujimori en 1992, Engelbert Dollfuss disolvió la Cámara Baja y empezó a gobernar a través de decretos, iniciando de forma oficial la etapa de régimen autoritario conocida como el austrofacismo. En Uruguay, Juan María Bordaberry, quien había sido elegido de forma democrática en 1971, termina disolviendo el Congreso en 1973 e instala una dictadura cívico militar que se extendió hasta 1985. En 1976, en Argentina se produce el golpe de Estado contra María Martínez de Perón, instalándose la junta militar integrada por Jorge Videla. Naturalmente, esta junta cerraría el Congreso e iniciaría el proceso de Reorganización Nacional, en el cual Videla pudo gobernar sin un contrapeso.

Finalmente, dejamos estas tres preguntas abiertas para los lectores que comentan a través de las diferentes plataformas:

a) Ante la disolución del congreso y la posterior suspensión presidencial, ¿quién debe ganar el pulso político?

b) ¿Prevalece el presidente que con sus facultades constitucionales golpea primero o se impone un Congreso que ha sido neutralizado por ese primer golpe que no esperaba?

c) ¿Es posible regresar del mundo de los muertos (los disueltos) y contraatacar a quien políticamente los mandó a mejor vida?

Todas estas interrogantes forman parte de la compleja ecuación de una crisis política como la peruana y son las que nos ayudaran a dibujar los diferentes escenarios políticos. Las próximas horas definirán el futuro del Perú.

-Geovanny Vicente Romero es un analista político, consultor internacional y profesor establecido en Washington D.C. Comentarista político en medios como BBC. Es el fundador del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo RD (CPDL-RD). Sigue a Geovanny en Twitter @GeovannyVicentr.