Sin aplicar la ley, México asfixia a los más pobres

La inseguridad y el narcotráfico crecen cada día más en México

Samir Flores, asesinado el 20 de febrero de 2019.

Samir Flores, asesinado el 20 de febrero de 2019. Crédito: Cortesía | Cortesía

MÉXICO – En el poblado de Tlahuelilpan y sus alrededores quedaron 194 huérfanos que no son atendidos tras la explosión que dejó un gasoducto por el robo de combustible; en Tijuana, en Zapopan, en Iguala, miles de familias buscan a los suyos porque no lo hace el ministerio públicos; en Michoacán y en Guerrero los pobladores toman las armas para suplir a la autoridad ausente…

México está muy lejos de que su sociedad tenga mejores oportunidades de desarrollo, según un informe de la organización World Justice Project (WJP) Indíce del Estado de Derecho o cumplimiento de la ley, indispensable para la mejoría de un país.

La organización internacional hizo encuestas y entrevistó a expertos en diversas especialidades para saber si se respetan la leyes en ocho temas: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de reglas y justicia civil y penal.

Así encontró la violencia, la corrupción e impunidad son producto de la ineficiencia para hacer cumplir la ley y lo documentó con ejemplos de víctimas. “No basta con tener leyes, hay que apliacarlas”, dijo, Matthew Stokes, jefe de Investigación del WJP. Aquí algunas de las historias:

1. Todavía hay muertes por oponerse al gobierno

Cuatro hombres armados asesinaron al principal líder opositor de una obra en Morelos: Samir Flores, un activista que explicaba con claridad en una estación de radio local lo que sucedía en Huexca y los alrededores: que la Comisión Federal de Electricidad quería imponer dos termoeléctricas, un gasoducto y una línea eléctrica a pesar de la oposición de los pobladores que no fueron consultados.

Pretendiendo subsanar el requisito de la consulta a los pueblos indígenas, el gobierno federal llevó a cabo una encuesta el año pasado, pero lo hizo lejos de las poblaciones afectadas y sin acuerdo de éstas por lo que no cumplía los requisitos mínimos que ordena la ONU para los proyectos en regiones indígenas.

2. Desalojados de sus casas por la corrupción

Cuando se trata de viviendas con alta plusvalía como las que se ubican en el Centro Histórico, la ley no está de lado de los más vulnerables. Donde las inmobiliarias ponen el ojo, sus abogados buscan cualquier agujero jurídico para hacerse de las propiedades y no les importa tirar desalojar a sus dueños y tirar a la calle cualquier pertenencia: sillas, escritorios, pianos, estufas, ropa…

“Estas prácticas no podrían existir sin la participación de algunas autoridades”, reconoce—Julio César Ortíz, coordinador de asesores de la senadora Citlali Hernández.

Estos son: notarios que hacen válida una compraventa sin respetar derechos de terceros o la orden de un actuario para la desocupación legal, personal del Registro Público de la Propiedad que manipulan escrituras, simulación de juicios, jueces que dejan pasar documentos falsos, entre otros.

3. Esconder información de fosas

A pesar de que México se ufanó durante décadas de haber creado una institución para transparentar la información, los gobernantes han buscado a la par la forma de ocultarla, colocando a su gente más cercana en los puestos claves para esconderla y como cereza en el pastel, recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, desapareció el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública.

La periodista Eirinet Gómez buscó durante dos años que se le revelara información sobre una fosa en Veracruz donde se encontraron 22,000 restos óseos y después de un largo proceso contra la fiscalía local , la Policía Federal y el INAI, un juez le dio la razón, pero ya no hay institución que cumpla con el mandato.

4. Arsenio Dávalos, el violador prófugo

Siete años después de haber sido sorprendido infraganti, Arsenio Dávalos fue declarado culpable de violación equiparada, abuso sexual y corrupción de menores incapaces. Para ese entonces ya estaba prófugo después de violar a su nieta de 11 años, a una niña de cuatro y un bebé de dos años.

Su hija Yesenia lo denunció durante años, pero las autoridades no hicieron caso a pesar de que se levantó la denuncia y se corroboró que la niña había sido abusada sexualmente. “Yo no tenía dinero para contratar a un abogado y presionarlos”, relata la mujer de 45 años, quien buscó el apoyo de abogados de Equipo Indignación, quienes ganaron el juicio cuando el hombre ya no estaba.

Yessenia busca justicia para su hija. Foto: Cuauhtémoc Moreno
Yessenia busca justicia para su hija. Foto: Cuauhtémoc Moreno.

5. Los grupos delincuenciales mandan más

Los Ardillos, una organización criminal local en Guerrero, son la causa de que Chilapa, un pequeño poblado otrora famoso por formar sacerdotes y profesores ahora sea el segundo poblado más violento de México mientras las autoridades, en lugar de llevarlos a juicio, mejor piden a la población que huya.

El profesor José Díaz Navarro, del Colectivo Siempre Vivo, quien apoya a desaparecidos, narró esa suerte a WJP después de que los criminales secuestraron y desmembraron a dos de sus hermanos, un primo y dos arquitectos que realizaban el levantamiento topográfico para construir aulas escolares.

“Hemos dado los nombres de los perpetradores, los identificamos plenamente, hay órdenes de aprehensión desde noviembre del 2016 y éstas no se ejecutan. Entregamos a todas las autoridades copia de la denuncia y ellos siguen matando y desapareciendo personas”.

6. Empresarios toman el papel de ministerio público

Coatzacoalcos era una ciudad símbolo de riqueza y prosperidad por el auge petrolero  hasta 2010, cuando la baja en el precio de oro negro coincidió con la llegada de uno de los gobiernos más corruptos en Veracruz con Javier Duarte a la cabeza.

Los ataques del crimen organizado en contra a la población civil se agudizaron con matanzas, secuestros, negocios incendiados, extorsiones a los hombres de negocios quienes,  en lugar de enfocarse a mejorar la economía y el empleo, han tenido que defenderse y ayudar a otros que no quieren hacerlo por desconfianza al ministerio público.

“Damos asesoría moral, psicológica, legal y alentamos las denuncias: nos encargamos del  papeleo, si las víctimas no quieren hacerlo”, explica Raúl Ojeda, ingeniero representante de Ciudadanos Unidos por Coatzacoalcos.

7. Cherán después de independizarse

Ocho años después de levantarse en armas en contra de grupos criminales, talamontes y asesinos y de declararse como una comunidad autónoma (gracias al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y un juicio ante la Suprema Corte), los indígenas de Cherán consideran que están mejor bajo sus propias  leyes.

Ahora no entra ningún desconocido, ni periodistas, ni activistas, ni las autoridades electorales o partidos políticos. Nadie que no sean autorizado por un Consejo Mayor y autoridades electas en asambleas que se rigen bajo sus propios criterios: tienen el trueque, cobran cuotas a los foráneos que quieren vivir ahí e imponen castigos a delincuentes sin ninguna vigilancia externa.

Salvador Campanor, keri de Cherán. Foto Juan Castro.
Salvador Campanor, keri de Cherán. Foto Juan Castro.

8. Encarcelados sin cometer delito

Cinco hombres y una mujer de la comunidad indígena de Tlanixco, en el Estado de México, estuvieron entre 11 y 16 años en prisión por delitos que no cometieron. Pasaron, en su mayoría, de la madurez a la tercera edad por defender el agua de su comunidad frente a la voracidad de floricultores en Villa Guerrero, el principal invernadero del país.

Los acusaron de asesinar al empresario Alejandro Isaak quien pretendía, junto con otros agricultores de exportación, entubar el flujo del líquido para sus negocios. Se manipularon testigos y se violó el debido proceso y aún así fueron convictos hasta que intervinieron organismos internacionales.

Romulo, encarcelado durante 16 años acusado de un delito que no cometió..
Romulo, encarcelado durante 16 años acusado de un delito que no cometió..

INDICE DE ESTADO DE DERECHO 2020

  • Las evaluaciones se midieron en una escala del 0 al 1
  • Ninguna entidad cumple siquiera con la mitad de los requisitos: todas están reprobadas.
  • El estado mejor evaluado, con .46, es Yucatán; el peor, Guerrero, con .33
  • Entre los peores se encuentran, además de Guerrero, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Quintana Roo y Puebla.
  • A nivel general hubo retrocesos en seguridad en 19 estados y falta de contrapesos para poner límites al gobierno en 11.
  • Jalisco tiene el lugar 26 de los 32 estados, por lo que es de los peor evaluados en aplicación de la ley; Michoacán, en el 18; Oaxaca en el 14; Puebla, en el 31 y Zacatecas en el tercero.

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