Alerta máxima por coronavirus en albergues mexicanos para migrantes

MÉXICO – Cuando Paola Hernández llegó hace un mes a Tijuana desde Michoacán creyó que su situación no podía ser más dramática. Con tres niños pequeños a cuestas huyó de gente que secuestró a su marido, la echó de su casa y amenazó con asesinarla por oponerse a las decisiones de un ayuntamiento impuesto por el crimen organizado.

“Lo último que pensé fue que también iba a enfrentar al coronavirus”, dice en entrevista telefónica con este diario.

Paola, de 33 años, es una más en la larga lista de personas que se quedaron atrapados en la frontera mexicana en busca de asilo político en Estados Unidos y que se suman a un cóctel de migrantes con necesidad de ayuda entre deportados, peticionarios de refugio y otros grupos que tienen en su máxima capacidad y en aprietos a los albergues.

Según datos el Instituto Nacional de Migración del 1 al 18 de marzo pasados han sido repatriadas 13,000 personas, una cifra que casi duplica del mes de febrero anterior, cuando  en todo el mes se deportaron a 12,400. El alza está relacionado a las deportaciones exprés que anunció el presidente Donald Trump como parte de las atribuciones extraordinarias que le dio el congreso para enfrentar la pandemia.

El incremento de migrantes, el recorte de ayudas que anteriormente daba el gobierno federal más el distanciamiento social de hasta metro y medio que requiere la Organización Mundial de la Salud para evitar contagios colocaron a algunos de los 18 albergues que dan hospedaje y alimento a los migrantes en la difícil decisión de no recibir más gente y quedarse con lo mínimo para guardar distancias.

“La idea es cerrar con los migrantes que ya tenemos, no permitir nuevos ingresos y evitar la propagación”, precisó Esmeralda Siu, de la Coalición Pro Defensa del Migrante conformada por seis refugios en Baja California: Casa del Migrante, Ejército Nacional, Casa Madre Asunta, Casa Puerta, YMCA y Albergue del Desierto.

Siu reveló en entrevista con este diario que, en últimos tiempos, la preocupación se centra en el dinero. “Nos preocupa un poco el financiamiento porque la mayoría de los donatarios son gente que viene de Estados Unidos y ya no están cruzando la frontera y desde allá traían la ayuda”.

En los últimos días EEUU se convirtió en el país con mayor número de positivos al coronavirus por arriba de China, Italia y España y los donatarios batallan con su propios problemas y restricciones.

Paola Hernández, la michoacana que busca refugio, se encuentra en Casa Madre Asunta que recibe sólo a mujeres y niños. Hasta la semana pasada este albergue permitía la entrada y salida, pero ya no: el arribo del coronavirus a Tijuana es un hecho para aceptar.

Mientras la encargada del refugio, Salomé Limas, realizaba una entrevista con este medio vía telefónica, alguien le anunció que en el hospital público más cercano, el principal de la ciudad,  al ya hay sospechosos de coronavirus. “Debemos tener mucho cuidado”, comentó a su interlocutora. “Por eso ahora nos quedamos con 41 personas, incluyendo los niños; en otros tiempos, recibíamos hasta 100”.

El resto, dijo, podrían ser atendidos en el Centro Federal Integrador para Migrantes, Carmen Serdán inaugurado en diciembre pasado por el gobierno federal con el fin de dar un espacio a los inmigrantes que esperan respuesta al asilo de EEUU y con capacidad para 3, 000 migrantes ubicado en un parque industrial del barrio El Águila en el municipio de Cerro Colorado.

El gobierno federal prometió la apertura de cuatro  espacios de este tipo a lo largo de la frontera, pero hasta el momento sólo operan dos: el de Tijuana y el de Ciudad Juárez “Leona Vicario”, donde originalmente no recibían a mexicanos hasta la contingencia sanitaria con algunos protocolos de detección como el aislamiento en caso de síntomas.

Expuestos al contagio 

En las últimas semanas, la ciudad de Monterrey y sus alrededores son un foco rojo de contagio de coronavirus camino a alcanzar el centenar de personas contagiadas que ponen en alerta al sacerdote Felipe de Jesús Sánchez, fundador de Casa Indi, uno de los seis albergues con los que  cuenta el fronterizo estado de  Nuevo León.

Casa Indi ofece comida y dormitorio a unos 500 migrantes para quienes el cura busca apoyo económico, fondos especiales, coordina la logística y diligencias como lograr la condonación del pago de luz porque cada mes le llega una cuenta de unos 2,700 dólares.  A esas ocupaciones se suma el requerimiento de contingencia por el coronavirus.

La  política del albergue, ubicado en una de las zonas más pobres de la ciudad, es de puertas abiertas con reglas mínimas: pueden entrar a dormir y a comer cuando quieran, sin límite de tiempo, pero el resto del tiempo deben estar fuera.

“No tenemos el personal para controlar a tanta gente dentro”, precisa Jesús Jaime Hernández, coordinador operativo.

A mediados de este mes lograron la autorización de las autoridades para cerrar una calle frente al albergue y, como es bastante amplia, simula una especie de patio donde se entretienen los inmigrantes  principalmente centroamericanos que requirieron refugio o en Estados Unidos y esperan respuesta de lado México.

“Ellos no les importa eso de mantener la distancia, les gusta estar en grupos y es muy difícil aplicar las medidas santiarias”, observa Hernández quien batalla día a día, principalmente a la hora de la comida.

Al principio de la alerta del coronavirus optó por darles los alimentos en platos desechables para que comieran en las afueras y así se alejaran unos de otros, pero lo único que logró fue que comieran en el suelo. Actualmente los meten en grupos pequeños al comedor y no les dan el alimento si no se desinfectan. Lo que hacen después ya es imposible de controlar.

“El otro día vía a algunos compartiendo el refresco de la misma botella”, cuenta Hernández, preocupado porque antes de la pandemia tenía en el albergue gente de la Cruz Roja y una médico por parte de la organización Caritas. “Ya nos los quitaron porque hay otras prioridades”.

Contrario a la incredulidad de sus compañeros inmigrantes, Angel Domínguez, un hondureño de 23 años, sí está preocupado por la salud y es de los pocos que permiten estar permanantemente en  el albergue porque recientemente fue operado de una apendicitis. “Imagínate que vine huyendo de la mara y me pase algo por el coronavirus”.

Angel llegó hace un mes en busca de refugio en EEUU después de que mataron a sus dos hermanos en la provincia de Santa Bárbara. “Los apuñalaron y metieron en sacos”, cuenta en un rato de descanso a sus actividades de limpieza en Casa Indi.

“El problema de que los inmigrantes contraigan el virus es que tienen pocas posibilidades de ser atendidos porque aquí en Nuevo León  ellos son invibles y va a  dar prioridad a su población”, advierte Katya Cabazos, una activista que desde hace años denuncia abusos contra los indocumentados en la zona.

Estaciones migratorias  

El 23 de marzo, alrededor de las 5:00 de la tarde, un grupo de centroamericanos entraron en pánico por el temor de contraer el coronavirus y anunciaron que entrarían en una huelga de hambre para presionar a las autoridades mexicanas y lograr su liberación de la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas.

No había enfermos ni mucho menos entre ellos, pero la ansiedad por las condiciones de hacinamiento los llevó hasta el patio de hombres donde se pusieron a gritar hasta que unos 20 agentes de la Guardia Nacional (GN) los controlaron con chorros de agua y gas pimienta . Algunos agentes del INM golpearon con sus puños y botas, según información documentada por el equipo del Colectivo de Observación y Monitoreo de DDHH, y así los dejaron en el mismo punto: la incertidumbre de hasta cuándo permanecerán ahí ya que el gobierno mexicano suspendió todos los trámites de petición de asilo.

El director de la agrupación Pueblos sin Fronteras, Irineo Mujica, pidió al gobierno mexicano que “libere a los migrantes” y “frene las redadas” que llevan a estas estaciones migratorias a más indocumentados cada día sin revisiones médicas.

En un comunicado de prensa el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que en todos sus centros, estaciones migratorias incluidas, se aplican medidas para “mantener una sana distancia entre personas” y se han incrementado las medidas de higiene, pero no permite el ingreso de observadores para verificarlo.