Demandan a Greyhound por no advertir a pasajeros sobre controles de inmigración
La empresa es acusada de violar leyes de protección del consumidor y en contra de la discriminación
El estado de Washington presentó una demanda en contra de la empresa transportista Greyhound a la que acusa de violar las leyes estatales de protección al consumidor y en contra de la discriminación al permitir que agentes de inmigración suban a sus autobuses para arrestar a pasajeros.
La demanda fue interpuesta el lunes 13 de abril en la Corte Superior del Condado de Spokane por el procurador estatal Bob Ferguson con el fin de que la compañía ya no permita que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de la Patrulla Fronteriza o de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE)aborden sus camiones para detener a inmigrantes indocumentados.
Desde el 2018 las representaciones de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) en California, Washington, Vermont, Nueva York, New Hampshire, Michigan, Florida, Maine, Texas y Arizona, habían manifestado su preocupación a Greyhound por obligar a sus pasajeros a bajar del autobús para ser arrestados.
En varios casos, advirtió la ACLU, aparentemente se escogió a los pasajeros para ser interrogados sólo por el hecho de tener piel morena o acento extranjero.
La demanda presentada por el estado de Washington sostiene que las prácticas de Greyhound violan las leyes estatales de protección del consumidor y en contra la discriminación.
Greyhound no había emitido una declaración al respecto, pero anteriormente la compañía transportista ha señalado que no tiene otra opción más que permitir a los agentes de inmigración acceso a sus autobuses, pero a decir del procurador Ferguson, eso es mentira.
“Greyhound debe reformar sus prácticas y advertir a los pasajeros que corren el riesgo de ser interrogados sin causa por los agentes de inmigración”, declaró Ferguson el martes. “Los clientes de Greyhound han padecido durante demasiado tiempo la indiferencia de la empresa”.
En la demanda se solicita una orden judicial que prohíba los controles y aplique multas a la empresa por su conducta pasada.