Cuatro estados envían al Gobierno de Trump datos de licencias de conducir para pillar a indocumentados
La gran mayoría de las demarcaciones se han negado a compartir información, pero algunos ya lo están haciendo
Iowa, Carolina del Sur y Dakota del Sur se han unido a Nebraska para compartir la información de las licencias de conducir estatales con la Oficina federal del Censo con el objeto de ayudar al Gobierno de Donald Trump a determinar quién es ciudadano estadounidense y quién es extranjero.
Trump ordenó el año pasado al Censo que reuniera los datos de ciudadanía de los registros administrativos de las agencias federales y estatales, después de que la Corte Suprema bloqueara su intento para incluir una pregunta al respecto en el cuestionario de 2020.
Hasta ahora, la gran mayoría de estados se han negado a compartir información sobre licencias de conducir y tarjetas de identificación. Pero el Departamento de Comercio, que supervisa a la Oficina del Censo, asegura que tiene suficientes registros administrativos para determinar la ciudadanía de casi el 90% de la población.
Los cuatro estados que colaboran son gobernados por republicanos.
El acuerdo con Carolina del Sur se firmó a principios de este mes: la Oficina del Censo le paga $27,000 dólares por los datos. La ley estatal permite el intercambio de información si es para llevar a cabo “funciones de agencia gubernamental legítima”, aseguró a la agencia de noticias The Associated Press Julie Roy, portavoz del Departamento de Vehículos de Motor.
Dakota del Sur firmó un acuerdo con el Censo en abril para enviar cada mes información sobre licencias de conducir, incluyendo nombres, direcciones, fechas de nacimiento y el estado de ciudadanía.
Los datos deben ser utilizados “únicamente para fines estadísticos y no para el programa o la aplicación administrativa”, según el acuerdo. Algo similar sucede en Iowa y Carolina del Sur, que limitan el envío a otras agencias federales (como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE).
Los demócratas de la Cámara de Representantes han presentado una propuesta de ley que pretende anular la orden de Trump para la recogida de datos.
Muchos residentes en comunidades de inmigrantes ya tenían miedo de llenar el Censo, y estos acuerdos refuerzan la idea de que Trump está tratando de “poner fin” a la decisión de la Corte Suprema, según Taneeza Islam, una abogada de inmigración que dirige la organización South Dakota Voices for Peace.
“Mucha gente no confía en llenar los formularios del Gobierno y esto solo añade otra capa a esa desconfianza”, dijo.
En Carolina del Norte sucedió algo similar en diciembre. ICE consiguió por tan sólo 27 dólares el acceso a la base de datos estatal de las licencias de manejar.
Con información de The Associated Press y NPR.
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