Jueza federal bloquea publicación de registros disciplinarios de policías y bomberos de Nueva York
Segunda victoria para sindicatos que representan a agentes de seguridad pública de NYC
Sindicatos de NYPD demandaron para frenar la divulgación Crédito: Andrés Correa Guatarasma | Cortesía
Un jueza federal detuvo la publicación pública de los registros disciplinarios de los oficiales de policía en Nueva York, revocando temporalmente una reforma de transparencia estatal promulgada a raíz del asesinato de George Floyd tras ser detenido en Minneapolis.
La jueza Katherine Polk Failla otorgó una orden de restricción temporal el miércoles por la noche prohibiendo que los departamentos de policía y otras entidades del estado divulguen registros de disciplina hasta al menos el 18 de agosto, cuando escuchará argumentos en una demanda sindical que desafía su publicación.
Failla se hizo cargo del caso cuando fue transferido de la corte estatal, extendiendo y ampliando una suspensión existente que pausó la divulgación pública de registros sobre acusaciones o acuerdos de solución no confirmados y no finalizados, informó NBC News.
La Asociación de Beneficencia de la Policía (PBA), que representa a los agentes de NYPD de la ciudad de Nueva York y otros sindicatos de seguridad pública de bomberos y guardias de prisiones, demandaron a la ciudad el 15 de julio para impedir que el alcalde Bill de Blasio cumpliera su promesa de publicar en línea una base de datos de denuncias de mala conducta Los sindicatos argumentaron que publicar quejas no comprobadas o falsas podría manchar la reputación de los oficiales y comprometer su seguridad.
Ese mismo día los sindicatos que representan a policías, bomberos y guardias de prisiones de NYC lograron una victoria tribunalicia cuando la jueza Carol Edmead, de la Corte Suprema del Estado NY emitió una orden de restricción temporal que bloqueó la liberación de ciertos registros disciplinarios, tras la reciente derogación de la ley 50-a de Albany.
La legislatura estatal derogó esa ley el mes pasado, estimulada por los disturbios civiles tras el asesinato de Floyd.
Edmead emitió la orden contra la divulgación de cualquier registro no comprobado mientras el caso se transfirió del estado al tribunal federal.
La 50-a se adoptó en 1976 para evitar que los abogados de defensa penal utilizaran esos registros en el interrogatorio de policías que son testigos en procesos penales. Por años grupos que reclaman reformas en la policía lucharon por su derogación, a lo que se opusieron sindicatos y grupos que representan a las fuerzas del orden público.
