Juez contradice a Trump y quita a agentes de CBP la capacidad para decidir sobre casos de asilo

Un juez federal frenó temporalmente este lunes la política del Gobierno del presidente Donald Trump que autoriza a los agentes de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) para que evalúen la validez de los argumentos de quienes piden asilo en Estados Unidos porque temen retornar a sus países.

El juez Richard Leon, del Distrito de Columbia, calificó como “tontería” el argumento gubernamental sobre la capacitación de los agentes de CBP para esa tarea, y prohibió que el Gobierno saque del país a las demandantes “a la espera de un dictamen sobre los méritos de este caso”.

Bajo la ley estadounidense, cuando una persona solicita asilo su caso es evaluado por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), pero el 30 de enero, por una ordenanza el Gobierno de Trump, hubo un “memorando de entendimiento” que dio esa autoridad a CBP.

En esas entrevistas, la persona solicitante, con debido asesoramiento legal, puede presentar las razones por las cuales ha huido de su país, y por las cuales el retorno representa una amenaza a su seguridad o su vida.

Leon escribió en su decisión que “los demandantes han presentado muchos argumentos importantes, pero yo necesito enfocarme en sólo uno de ellos”.

“Los demandantes han demostrado la probabilidad de éxito sobre los méritos de su reclamo según el cual el uso de agentes de CBP, que reciben instrucción sustancialmente inferior que (los agentes de) USCIS para conducir las entrevistas de asilo, viola la Ley de Inmigración y nacionalidad”.

El presidente Trump, que ha hecho de la política antimigratoria uno de los pilares de su Gobierno y, ahora, de su campaña por la reelección, instauró a inicios de 2019 una medida (MPP) que rechaza en la frontera sur a quienes pidiendo asilo y los devuelve a México y algunos países centroamericanos para que esperen allí la cita para una audiencia sobre sus casos.

Asimismo, tres meses atrás, Trump ordenó que los agentes de CBP apliquen las directrices del Centro para Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés) para determinar si los solicitantes de asilo presentan síntomas de la COVID-19, lo cual ha permitido que la agencia federal devuelva por razones de salud a los solicitantes.

Los demandantes en el caso sobre el cual el juez Leon puso un alto, son cuatro madres y sus hijos recluidos en el centro de detención de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dilley, Texas.

Estas personas alegan que huyeron de sus países por la violencia y las persecuciones e indicaron su intención de pedir asilo, pero en lugar de ser entrevistadas por agentes capacitados de USCIS, cada uno de ellas fue sujeta a lo que el Centro de Responsabilidad Constitucional describe como “interrogatorios agresivos” por parte de agentes de CBP.

Los agentes, según la demanda, no buscaron información relevante para las solicitudes, tomaron notas incorrectas de lo que declararon las solicitantes y cometieron otros errores. En todos los casos los agentes de CBP concluyeron que las demandantes no corrían un peligro de persecución.

Las familias demandaron a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, y al director interino de CBP, Mark Morgan, quien había aprobado la ordenanza.

Entre los otros argumentos de la demanda a los cuales el juez Leon hizo referencia se cuenta el de que Morgan no tenía atribuciones para aprobar el acuerdo con USCIS dado su posición como director interino de CBP es inválida bajo la Ley de Reforma de Vacantes Federales.

Asimismo, las demandantes alegaron que la política viola la Ley de Seguridad Nacional, que creó el departamento de ese nombre, como asimismo las leyes de inmigración de Estados Unidos.

Por Jorge A. Bañales