Temen que ola desalojos de vivienda aumente la población desamparada de Chicago

El futuro es incierto para inquilinos en Illinois que están desempleados debido a la pandemia de covid-19. Desde que se estableció la orden estatal de permanecer en casa en marzo de 2020 hasta ahora, ha pasado muchos meses y muchos de ellos no han podido pagar la renta. Defensores de los derechos de los inquilinos y de los desamparados abogan por mayor asistencia financiera para el alquiler por parte de los gobiernos federal y estatal antes de que se levante la moratoria contra los desalojos y muchos renteros queden en el limbo.

El gobernador de Illinois JB Pritzker presentó por primera vez una moratoria contra los desalojos a través de una orden ejecutiva en marzo, mientras que el estado estaba bajo una orden obligatoria de quedarse en casa. Desde entonces dicha moratoria ha sido extendida nueve veces.

Pero la moratoria estatal contra los desalojos por incapacidad de pago a causa de la pandemia ya no protege de forma automática a los inquilinos como antes sí lo hacía. A partir del 11 de diciembre los arrendatarios deben enviar un formulario firmado a sus propietarios declarando que la pandemia les ha impedido pagar la totalidad o una parte de su alquiler.

Para ser elegible a la protección ante desalojos un inquilino deberá declarar bajo juramento que cumple con los requisitos de no poder pagar el alquiler a causa de pérdida de ingresos o gastos de salud debido al coronavirus y que está en riesgo de quedarse sin hogar, tener que compartir vivienda o mudarse a una casa hacinada. Además será necesario que la persona no espere ganar durante 2020 más de $99,000 al año ($198,000 para parejas que declaran impuestos juntas), no haya estado obligado a declarar ingresos en 2019 o haya recibido en 2020 el cheque de estímulo federal de la ley CARES. La persona también deberá hacer todo lo posible por realizar pagos parciales de alquiler.

En caso de que el inquilino no presente el formulario firmado al propietario de la vivienda, este puede comenzar con el proceso de desalojo. Pritzker extendió la prohibición de desalojos causados ​​por la pandemia de coronavirus en Illinois hasta el 11 de enero.

Además, el nuevo paquete de ayuda financiera contra el covid-19 aprobado por el Congreso plantea una nueva moratoria federal a los desalojos,  vigente hasta el  31 de enero de 2021.

‘Pritzker está haciendo las cosas más difíciles’

Para Miguel Jiménez, organizador de inquilinos con Metropolitan Tenants Organization (MTO), muchas personas de la comunidad desconocen la enmienda hecha por el gobernador Pritzker a esa orden ejecutiva y los nuevos requisitos para ser elegible. “Antes se llegaba a un acuerdo verbal con el propietario, todo era más flexible, ahora el gobernador Pritzker está haciendo las cosas más difíciles para los inquilinos afectados por la pandemia”.

“Al comienzo cuando se estableció la moratoria contra desalojos, el dueño sabía que no podía hacer una demanda legal para desalojar al inquilino, pero ahora sí lo pueden hacer en caso de no recibir esa declaración [el formulario del inquilino]”, explicó Jiménez a La Raza.

Sin embargo, algunos dueños de casa argumentan que ellos también tienen que pagar la hipoteca de la casa y que ciertos inquilinos están buscando tomar ventaja de la moratoria para no pagar la renta por lo que aprueban la iniciativa del gobernador Pritzker.

Para los organizadores comunitarios locales, los programas federales, estatales y municipales de asistencia para el alquiler de vivienda han proporcionado algo de alivio, pero ha sido poco ante la gran cantidad de renteros que lo necesitan. Dicen que lucharán para que la próxima administración de Joe Biden brinde mayor asistencia para inquilinos y propietarios y recursos para las personas sin hogar en medio de la pandemia.

Y trabajadores de la salud advierten que los desalojos podrían provocar una mayor propagación del coronavirus y un aumento en las infecciones.

Minorías afectadas por desalojos

Se estimó que más de 21,000 posibles desalojos podrían presentarse en los tres primeros meses del 2021, según un reporte de la Universidad Loyola titulado: ‘Eviction Filings, Unemployment and the Impact of COVID-19’ publicado en diciembre de 2020.

La investigación hecha por el Comité de Abogados para una Mejor Vivienda señaló que es más probable que los desalojos ocurran en comunidades de mayoría afroamericana y latina que en las áreas de mayoría blanca.

Estos dos primeros grupos tienen más probabilidades de alquilar vivienda que los blancos. Y la mayoría de los inquilinos afroamericanos y latinos en Chicago están agobiados por los costos de renta en comparación con sólo el 40% de los blancos.

La Encuesta del Pulso de los Hogares de la Oficina del Censo realizada del 14 al 28 de octubre, que midió cómo la pandemia de covid-19 está afectando a los hogares en todo el país, reveló que más de la mitad de los afroamericanos y latinos en el área metropolitana de Chicago han experimentado pérdida de empleo desde marzo de 2020, en comparación con 42% de los blancos.

Quieren que se selle expediente de desalojo

El que un inquilino tenga una solicitud de desalojo en su récord de crédito puede ser un obstáculo para encontrar vivienda, dicen los defensores de los derechos de los inquilinos. Ante ello, se aboga para que renteros que sean desalojados por falta de pago debido al coronavirus tengan una ley que los proteja una vez que finalice la moratoria.

Se estima que unas 15,091 personas cada año terminarán con un registro público de desalojo a pesar de no tener una orden de desalojo u otro juicio en su contra, una experiencia que puede tener consecuencias duraderas para un inquilino, indicó un reporte del Comité de Abogados para una Mejor Vivienda y Acción de Vivienda Illinois, publicado en marzo de 2018, titulado: ‘Prejudged The Stigma of Eviction Records’.

Muchos propietarios se negarán a alquilarle a alguien si ven una solicitud de desalojo en su registro, independientemente del contexto o resultado del caso, señalaron abogados de asistencia legal.

En el reporte, los investigadores recomiendan que se promulgue una ley en Illinois que selle los registros de casos de desalojo. Tener su informe de crédito manchado por un desalojo le crea a la persona afectada un obstáculo adicional para encontrar una vivienda permanente. Que la corte selle el expediente de su desalojo significa que se evitará que se sepa de manera pública sobre el caso de desalojo.

Planean protecciones para los inquilinos

Algunos legisladores estatales estudian la posibilidad de impulsar una propuesta de ley en Springfield en 2021 que permita extender las protecciones para las personas que han sido afectadas por la pandemia del coronavirus y que no han podido pagar su renta, dijo la representante estatal Delia Ramírez (D-Chicago).

El reporte de desalojos por no pagar renta estará en el reporte de crédito del afectado por siete años y bancos y dueños de edificios en el futuro podrán ver que la persona fue desalojada en caso de que busque recibir un préstamo o rentar otra vez. Eso podría llevar a que las solicitudes le sean negadas por considerarlo cliente de alto riesgo.

Ramírez está trabajando en una propuesta de ley de emergencia que tiene como enfoque proteger al inquilino de la discriminación tras haber sido desalojado por falta de pago a causa de la pandemia. “Esta iniciativa busca sellar los récords para que no discriminen a la gente una vez que quieran rentar un apartamento”.

“Prevención de desalojo es más barato que ayudar a alguien que está desalojado, hay que ayudar al que ya está desalojado y hay que prevenir que se desaloje a más gente”, señaló la representante Ramírez.

Ordenanzas aprobadas en medio de la pandemia

Como una forma de ayudar a los inquilinos durante la pandemia del coronavirus, el Ayuntamiento de  Chicago promulgó la ordenanza de protección contra desalojos covid-19 en junio pasado. Tras recibir un aviso de cinco días, el rentero puede enviar un aviso de que sus pagos atrasados ​​se deben a una pérdida de ingresos relacionada con el coronavirus y entrar en un período de negociación de siete días con el propietario. Antes de que el dueño de casa rescinda el contrato de alquiler y desaloje al inquilino, ambos deben participar en negociaciones de buena fe.

También se aprobó la ordenanza ‘Fair Notice’ en julio de 2020, con el fin de que algunos inquilinos tengan más tiempo para desocupar la vivienda si un propietario aumenta el alquiler, no renueva un contrato de arrendamiento o termina un contrato de varios años o de mes a mes.

Amenazas y medidas ilegales

Con todo, inquilinos que no han pagado la renta debido a la pandemia han sido desalojados a pesar de las órdenes federal y estatal que supuestamente les mantendría en sus hogares. Y es que algunos propietarios están valiéndose de amenazas u otras medidas ilegales con el fin obligar a sus inquilinos a dejar la vivienda.

Ana Alonso, organizadora con Únete La Villita, dice que lo que está viendo mucho en ese vecindario del suroeste de Chicago es que les están cortado la calefacción y la electricidad a las personas que rentan vivienda. “Los dueños de casa les están quitando los servicios básicos para que esa casa no sea habitable y así poder desalojarlos más rápido. Esto lo estamos viendo mucho en La Villita”.

Luz Franco alquila un sótano de un apartamento en el vecindario de Brighton Park  en el suroeste de Chicago desde hace casi 4 años.

Franco trabaja limpiando casas y oficinas pero la descansaron por la pandemia, así que tuvo que buscar otro empleo y lo consiguió en una empacadora. Allí, dice, se contagió del coronavirus y estuvo en cuarentena mientras se recuperaba de las secuelas del covid-19.

Luz se retrasó con la renta dos meses, habló con el propietario, le dijo que le iba a pagar la mitad de su cheque y la otra mitad cuando recibiera el otro cheque, porque no podía cancelar todo el pago de la renta ya que se infectó del coronavirus y dejó de trabajar. “Me dijo que no, que necesitaba la renta, empezó a discutir por mensaje de texto, días después me cortó la luz y la calefacción”.

La mujer tenía ollas con agua caliente en su cocina para calentar el ambiente y dormía con varias capas de ropa para resistir el frío que sentía en el sótano que rentaba.

Llamó a la compañía para que le reinstalaran los servicios. Como tiene diabetes necesita que el sistema eléctrico funcione para mantener su frasco de insulina refrigerado.

Luz Franco sabía de la moratoria contra los desalojos, pero ya no se sentía a gusto viviendo allí y decidió mudarse a otra casa.

Recibió asistencia de la organización Únete La Villita y de Metropolitan Tenants Organization (MTO), que le informaron sobre sus derechos como inquilino. Franco sometió un reporte ante la Ciudad de Chicago y el Departamento de Policía de Chicago. El casero tiene multas por haber cortado los servicios esenciales y se encontraron violaciones en el apartamento al momento de la inspección.

Un bloqueo o ‘lockout’ es cuando el arrendador fuerza a un inquilino a salir de su casa sin ir a la corte primero y de manera ilegal corta la calefacción, la luz, el agua, cambia cerraduras, retira o daña pertenencias y amenaza o hiere a su inquilino.

“Los propietarios pueden ser arrestados por no parar un bloqueo o  ‘lockout’ a la casa. Si le dice le voy a cortar el gas, le voy a cortar la luz  si no me paga, aunque no lo haga por ser una amenaza verbal se considera un bloqueo bajo la ley municipal de Chicago”, señaló Jiménez, quien dijo que la solución a este problema es que la comunidad se organice y conozca sus derechos para que sepa cómo defenderse.

A pesar que hay órdenes vigentes en contra de los desalojos, hay dueños de casa que están echando a sus inquilinos ilegalmente cortándoles los servicios esenciales, intimidándolos para obligarlos a salir de la casa, señaló Javier Ruiz, organizador de prevención de desalojos con MTO. Y dijo que la Ciudad está haciendo muy poco para frenar esos ‘lockouts’ ilegales.

“Nadie puede desalojarlos hasta que haya un proceso de corte ante un juez y éste dé la orden de desalojo, que después se la da a un alguacil, quien es la única persona que puede sacar las cosas de las personas o cambiar las chapas del apartamento”, dijo Antonio Gutiérrez, cofundador de Autonomous Tenants Union (ATU).

Los bloqueos ilegales siempre han existido, pero ahora se está viendo más a raíz de la pandemia, aseguró Ruiz.

Y de acuerdo a Moisés Moreno, director ejecutivo de la Alianza de Pilsen, en vez de que el gobernador de Illinois siga extendiendo la moratoria de los desalojos en el estado cada mes, debería cancelar las rentas e hipotecas y levantar las prohibiciones del control de rentas.

“Extender la moratoria de desalojos no es suficiente porque la gente todavía tiene que pagar lo que debe y si la gente no está trabajando, si no hay suficiente trabajo, ¿cómo la gente va a pagar? Y ya se está poniendo la cosa pesada”, mencionó Moreno.

No pueden llamar a inmigración

La Immigrant Tenant Protection Act o Ley de Protección para el inquilino Inmigrante fue diseñada para evitar que en Illinois los propietarios desalojen o tomen represalias contra los inquilinos indocumentados simplemente por su estatus migratorio.

La ley prohíbe a los propietarios exigir a los inquilinos que indiquen su estatus migratorio, información que es irrelevante para su función como inquilinos.

“Los dueños de casa no pueden llamar a inmigración para tratar de desalojar o acosar a un inquilino, y si hacen eso pueden tener consecuencias legales”, dijo Gutiérrez.

Inquilinos pueden formar sindicato

ATU es una organización comunitaria establecida en el barrio de Albany Park, en el noroeste de Chicago, que apoya a inquilinos a crear sus propios sindicatos y les brinda recursos e información para el logro de ese objetivo.

“El crear un sindicato basado en las leyes o políticas que tenemos en la ciudad de Chicago te da más derechos como inquilino… Una vez que están en un sindicato, aparte de que [sus miembros] tienen más poder porque son más personas, también te da más protecciones en caso de que el dueño te quiera desalojar o tomar represalias por organizarse o hablar con otros vecinos”, explicó Gutiérrez a La Raza.

Gutiérrez dijo que se ha creado una coalición que se llama Movimiento de Inquilinos de Chicago, que incluye a organizaciones, sindicatos y organizaciones de abogados los cuales han creado una red con una línea de ayuda en la que todas las personas tienen acceso a ella para empezar a proveer recursos y también apoyo.

Para mayor información visite en internet chicagotenants.org. El teléfono para ayuda legal gratuita es el (773) 657-8700.

Podrían aumentar los desamparados por desalojos

Después de haber vivido por una década en refugios y en las calles de Chicago, Vicente Hernández, de 47 años, reconoce la importancia de tener una vivienda. Dice que se vio obligado a dejar su casa donde vivía con sus familiares por no tener una buena relación con ellos y porque lo discriminaban por su condición de invidente.

“Los desamparados estamos con un futuro incierto, he tratado de no retrasarme con la renta, porque si no me van a correr y voy a estar a nivel de calle otra vez. Dime tú cómo poder vivir sin una casa”, dijo Hernández.

Él padece diabetes y es invidente de nacimiento y hasta antes de la pandemia se ganaba la vida en trabajos temporales de poca paga. Dice que a veces hasta le resulta difícil juntar para la renta del cuarto en el sótano de una vivienda en el que habita desde hace un año. “Es un lugar que no es apto para vivir, pero es mejor que la calle”.

El hombre decidió dejar las calles de Chicago por su diabetes. Recuerda que se  dijo: “tengo que conseguirme un techo donde vivir para poner mi insulina en un lugar con refrigerador, si no me voy a morir”.

Hernández ayuda a personas que hacen remodelaciones y como es bilingüe a veces le dan empleo como intérprete o traductor. Pero cuando no hay trabajo dice que vive de la caridad de la gente. “Desde la pandemia no he podido tener los ingresos que tenía antes, que no eran muchos pero me permitían pagar mi renta y comprar un poco de comida. Hay veces en que sólo he hecho una comida porque no he tenido dinero para más”.

Hernández lucha por acceso a vivienda asequible y como voluntario en la Coalición de Chicago para los Desamparados aboga por los derechos de las personas sin hogar.

En Chicago hay 76,998 habitantes afectados por la falta de vivienda, ya sea que vivan en la calle, en refugios o en hogares temporales con familiares o amigos, indicó la Coalición de Chicago para los Desamparados (CCH).

Líderes locales que luchan por los derechos de los desamparados advierten un aumento en la población sin hogar, debido a las consecuencias económicas de la pandemia.

Alyssa Rodríguez, organizadora comunitaria con CCH, dijo que para su informe la Coalición se basó en los datos más recientes de la Oficina del Censo, de 2018, y destacó que de esas 76,998 personas un 23% son latinas. Rodríguez considera que como consecuencia de la pandemia, la cifra podría aumentar en 2021 cuando se levante la moratoria de desalojos.

Un recuento y encuesta de Point In Time del Departamento de Servicios y Apoyo a Familias (DFSS) de Chicago para contar a los desamparados encontró que unas 5,290 personas viven en las calles o en refugios. Estos resultados se obtuvieron tras un conteo realizado la noche del 24 de enero de 2019.

Según Rodríguez, la Coalición define como población desamparada a las personas que viven en la calle, en un refugio o en viviendas temporales con familias y amigos. Mientras que las autoridades de la ciudad sólo consideran desamparado al que habita en refugios y en las calles.

La Ciudad cuenta a los desamparados en enero, cuando esos números son muy bajos, dice Rodríguez. “Vivimos en la ciudad de Chicago donde hay un invierno muy frío en comparación con otras ciudades. Nadie quiere vivir en la calle, muchas de las personas sin hogar prefieren de manera temporal irse a la casa de amigos o familiares a pasar el invierno”.

El contar a las personas que viven en refugios o en las calles en medio del invierno no da una perspectiva completa del problema que existe en la ciudad, enfatiza Rodríguez a La Raza.

La Coalición ofrece servicios legales gratuitos, asistencia para solicitar el programa de estampillas de comida y talleres educativos sobre los derechos de las personas sin hogar, por mencionar algunos servicios.

Casa Norte, organización sin fines de lucro, cuenta con dos refugios de emergencia en los barrios de Humboldt Park y Back of the Yards para jóvenes desamparados de 18 a 24 años. También brinda asistencia con vivienda a través de un programa que ofrece ayuda financiera del gobierno, entre otros servicios.

“Los refugios están operando las 24 horas al día porque estamos viendo que los números de la pandemia han subido bastante en nuestras comunidades”, dijo José Muñoz, director ejecutivo de Casa Norte.

Cuando una persona se contagia con el coronavirus, la conectan con otros proveedores que se dedican ayudar específicamente a estas personas, dijo Muñoz.

Si un desamparado se infecta con el virus puede acudir A Safe Haven, una organización sin fines de lucro que asiste a cualquier persona que haya dado positivo en la prueba de detección de coronavirus y le brinda un lugar para aislarse.

Muñoz dijo que además de extender la moratoria de desalojos a causa de la pandemia, se debe dar asistencia financiera para que las personas que adeuden alquiler puedan pagar su renta y los dueños de casa su hipoteca. “Si estos dueños de casa no pueden recolectar la renta para pagar su hipoteca y pierden su edificio, los que van a venir comprando son los desarrolladores. Ellos van a subir las rentas, le será más difícil a nuestra comunidad mantenerse en ese lugar y los van a desplazar”.

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La producción y difusión de este reportaje es posible gracias al apoyo de la Field Foundation of Illinois a través de su programa Media and Storytelling. La Raza aprecia su ayuda.