Comunidades inmigrantes de Chicago abogan por incluir un camino a la ciudadanía en el presupuesto federal
De convertirse en ley, ‘Illinois Way Forward Act’ prohibiría cualquier nuevo contrato carcelario con ICE para la detención de inmigrantes y requeriría que los contratos vigentes comiencen a ser rescindidos antes del 1 de enero de 2022
La condición migratoria de Crescencia no ha sido impedimento para que se involucre activamente en marchas y manifestaciones pro legalización y tampoco para que participe como madre voluntaria en los salones de clase de la escuela de sus hijos por varios años.
“He sido madre voluntaria en la escuela de mis hijos desde que el más pequeño iba al kínder y ahorita ya va a ir al último año de la secundaria”, dijo Crescencia, quien tiene dos hijos ciudadanos estadounidenses de 20 y 17 años. Dice que su hijo mayor fue diagnosticado con lento desarrollo mental y que el menor ha padecido depresión y otros problemas emocionales.
La inmigrante, quien optó por omitir su apellido, ha vivido en las sombras desde hace 20 años y aunque ella espera solucionar su condición migratoria mediante una visa de residente patrocinada por su hermano, dice que seguirá luchando por un camino a la ciudadanía y un alto a las deportaciones y separación de familias.
Como voluntaria con Comunidades Unidas, organización que aboga por el derecho de los inmigrantes, Crescencia asistió al mitin y a la marcha a favor de un camino a la ciudadanía y cese de las deportaciones que organizó por la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR). La manifestación se llevó a cabo afuera del Thompson Center en el centro de Chicago, el pasado jueves 8 de julio. Después del mitin se realizó una marcha que culminó en la Plaza Federal.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes, activistas y legisladores están buscando que un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados en el país sea incluido en el presupuesto fiscal federal.
Fred Tsao, asesor principal de políticas de ICIRR, dijo que si el Congreso usa el proceso de reconciliación presupuestaria para aprobar un programa de legalización, el Senado solo necesitaría 51 votos para aprobar el proyecto de ley de reconciliación. Las resoluciones presupuestarias no están sujetas al obstruccionismo del Senado (conocido como ‘filibuster’), por lo que no se necesitarían 60 votos para aprobarlas. Los demócratas del Senado necesitarían el voto de sus 50 miembros, más el voto de la vicepresidenta Kamala Harris para romper cualquier empate, explicó.
Ante la pregunta de cuándo se aprobaría y de cuánto sería el presupuesto fiscal para incluir un camino a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados, Tsao respondió: “Los líderes del Congreso quieren aprobar su presupuesto antes del 30 de septiembre, cuando finaliza el año fiscal actual y comienza el nuevo. Si el presupuesto no se aprueba, el Congreso debería aprobar proyectos de ley de gastos a corto plazo [llamados ‘resoluciones de continuación’] para mantener al gobierno en funcionamiento hasta que se apruebe el presupuesto”.
“Un borrador de la resolución presupuestaria del Senado incluyó $124,000 millones para legalizar aproximadamente a 5 millones de trabajadores esenciales, beneficiarios de TPS y personas que tienen DACA o serían elegibles para la Ley DREAM Act”, explicó Tsao.
Quieren que el senador Durbin los apoye
Crescencia alzó su voz por una reforma migratoria con camino a la ciudadanía e hizo una demanda específica. “Queremos que el senador Dick Durbin apoye que se incluya un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados en el presupuesto federal. Queremos que él tome la misma postura que el congresista Jesús ‘Chuy’ García, quien anunció públicamente que no apoyará el presupuesto si no se incluye un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados”.
En una declaración sobre las negociaciones de reconciliación del presupuesto, el congresista García indicó en parte: “Un acuerdo de reconciliación del presupuesto sólido y equitativo debe incluir un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes, nuestro país no puede recuperarse por completo sin él y no puedo apoyar ningún acuerdo que deje atrás a tanta gente en mi distrito. Debemos aprovechar esta oportunidad histórica para traer compasión y dignidad a nuestro sistema de inmigración y brindar la certeza que conlleva tener el estatus legal que merecen millones de inmigrantes y sus familias”.
“Ahora los esfuerzos son que se incluya el alivio a las comunidades indocumentadas por medio del presupuesto federal, sabemos que con la dinámica que hay ahorita en Washington es posiblemente la oportunidad más accesible, hay más chance de que se logre pasar algo”, dijo Juan Cruz, organizador comunitario de Comunidades Unidas.
Se prohibirían contratos carcelarios con ICE
Además de inmigrantes, activistas y líderes comunitarios, al mitin asistieron las representantes demócratas por Illinois Jan Schakowsky y Marie Newman y el gobernador de Illinois J.B. Pritzker, quienes se comprometieron a luchar por un camino a la ciudadanía y a hacer un alto a las deportaciones.
Pritzker habló, entre otras cosas, sobre una iniciativa que está a un paso de convertirse en ley estatal: la ‘Illinois Way Forward Act’. La medida fue aprobada en Springfield el 31 de mayo. El proyecto fue enviado al gobernador Pritzker y se espera que lo firme para convertirlo en ley.
Tsao dijo que la propuesta de ley ‘Illinois Way Forward’ claramente separaría a la policía local de las actividades de aplicación de la ley de inmigración civil de la Policía de Inmigración de Aduanas (ICE). “La policía local ya no podría participar en las operaciones de ICE, transferir personas a la custodia de ICE, dar acceso a los agentes de ICE a las instalaciones o equipos policiales y compartir información con ICE para facilitar los arrestos de ICE. La policía local tampoco podría preguntar más sobre la ciudadanía o el estado migratorio. Habría excepciones si los agentes de ICE tienen una orden penal”.
La iniciativa también prohibiría en Illinois cualquier nuevo contrato carcelario con ICE para la detención de inmigrantes y requeriría que las cárceles con contratos vigentes comiencen a rescindirlos antes del 1 de enero de 2022, detalló Tsao a La Raza.
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