Barreras que enfrentan algunos inquilinos latinos en Chicago podrían empujarlos al desalojo de vivienda
La moratoria de desalojos finaliza el 31 de agosto; los gobiernos estatal y municipal han creado programas de subvenciones para ayudar a inquilinos y propietarios con el pago de renta e hipoteca pero muchos no la han recibido o la desconocían
Muchos latinos van a quedarse sin hogar cuando se levante la moratoria. Eso se está viendo en el norte de Chicago: hay muchos apartamentos que ya están desocupados porque los inquilinos fueron desalojados, asegura Liliana Velásquez, de 43 años, quien junto a su esposo renta un apartamento en el barrio de Logan Square desde hace tres años. La mujer es padre mentor y promotora de vivienda de la Asociación de Vecinos de Logan Square (LSNA).
Debido a la pandemia, Velásquez dejó de cuidar niños y a su esposo le disminuyeron sus horas de trabajo. La situación económica se complicó cuando a su esposo mientras manejaba le dio un infarto, lo hospitalizaron en marzo y le programaron una cirugía para mayo pasado. “Mi esposo no ha conseguido un buen trabajo porque apenas tiene dos meses de que se está recuperando de la cirugía que le hicieron, le pusieron una vena artificial de la ingle al corazón”.
El pago de la renta por el apartamento es de $1,200 mensuales sin incluir servicios, señaló Velásquez a La Raza. Su falta de pago empezó desde enero y dijo que Caridades Católica le ayudó con tres meses de su alquiler: el cheque que recibió el propietario fue de $4,000.
“Al principio el dueño nos estuvo apoyando porque en algunos programas de asistencia financiera pedían el apoyo del dueño, que él facilitara información, su correo electrónico, su ID, sus impuestos. Al principio sí fue accesible, nos ayudó, nos apoyó, pero después cuando vio que ya eran cuatro o cinco meses de renta decía ‘qué está pasando, no tengo noticia de ningún lado, yo necesito mi dinero’. Mi esposo le dijo: ‘no es que no te quiera pagar y estar viviendo gratis, pero ahora por mi situación no puedo’…”, relató la mujer.
La familia actualmente adeuda tres meses y ya su casero le ha dado un aviso para que desocupe el apartamento. “Hace como 15 días dijo: ‘no he recibido otro correo electrónico, ningún mensaje. Yo necesito el dinero de mi renta, le doy cinco días, quiero el dinero o quiero el apartamento’. Nos presentó una carta de desalojo, él quería el dinero de los tres meses o quería el apartamento. Él no nos puede correr en cinco días, yo sé que él es el dueño de casa, pero yo también sé que como inquilina tengo derechos”, menciona Velásquez. Ella y sus hijos se contagiaron de covid-19 en marzo del año pasado.
Casos como el de Velásquez en los que hay dificultades para pagar la renta se repiten a diario en Chicago y aún más en tiempos de pandemia.
La moratoria contra los desalojos que se inició en marzo de 2020 cuando el gobernador de Illinois JB Pritzker emitió la orden de quedarse en casa para prevenir la propagación del coronavirus llegará a su fin y acabada esa protección muchos inquilinos perderán sus hogares, aseguran activistas que luchan para prevenir desalojos.
La moratoria contra los desalojos en Illinois está programada para que finalice el 31 de agosto de 2021.
Pritzker dijo que el estado permitirá que las órdenes de desalojo se hagan cumplir después del 31 de agosto. En tanto, la moratoria contra los desalojos a nivel nacional ordenada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) terminará el 31 de julio y no se extenderá, indicaron funcionarios federales.
Los gobiernos estatal y municipal han creado programas de subvenciones para ayudar a inquilinos y propietarios con el pago de renta e hipoteca. Muchas personas han solicitado asistencia financiera pero no todos la han recibido y otros desconocían que había ayuda, dijeron promotores de vivienda
La oficina del gobernador de Illinois anunció que se abrirá otra ronda de asistencia para el alquiler en otoño próximo.
Al menos 21,000 familias en Chicago podrían ser desalojados de las casas que alquilan una vez que se levante la moratoria, según el Comité de Abogados para Mejores Viviendas y el Centro de Investigación y Aprendizaje Urbano de la Universidad de Loyola, cuya estimación fue publicada en diciembre.
Tocando puertas
Integrantes de un grupo de promotores de vivienda de LSNA, que en su mayoría son padres mentores, hacen llamadas y tocan puertas en el barrio Hermosa al noroeste de Chicago para ayudar a los inquilinos ya sea realizando el seguimiento al estatus de sus solicitudes de asistencia financiera para el pago de renta o para referirlos a los diferentes programas que tiene su organización a fin de que reciban la ayuda que necesitan.
Antes de que finalizara el periodo de solicitud para el programa de pago de alquiler de Illinois Housing Development Authority, que cerró el 18 de julio, estos voluntarios estuvieron ayudando a los inquilinos con el proceso de llenar dicha solicitud.
Algunos renteros latinos de Chicago no están aprovechando los programas de asistencia financiera municipal ni estatal y las barreras que enfrentan van desde que no saben que existen esos programas, no tienen dominio del idioma inglés ni tecnológico a la hora de someter su solicitud y desconocen quién puede asistirlos hasta que tienen temor de pedir ayuda por ser indocumentados y el ser escépticos sobre que son elegibles al programa. Esto es lo que han podido observar cuando tocan puertas los promotores de vivienda de LSNA.
“Tocando puertas nos dimos cuenta de que hay mucha necesidad, pero lamentablemente mucha gente de nuestra comunidad, aunque están los recursos, no tiene cómo llegar a esa información. Nosotros estuvimos hablando con padres de las escuelas, padres de la comunidad, muchos de ellos no conocían que estaban estos programas”, dijo Teresa Labastida, coordinadora de los promotores de vivienda de LSNA.
Las áreas que están abarcando estos promotores de vivienda son Hermosa, Logan Square y Avondale, vecindarios del noroeste de Chicago.
La gente nos está expresando sus preocupaciones, dice Labastida: “una persona me dice: ‘es muy bueno el programa, pero creo que no podría calificar’, le preguntó por qué cree que no podría calificar y me dice ‘porque soy una inmigrante indocumentada’. Eso no es una barrera, este programa es para todos sin importar el estatus migratorio”.
Labastida dice que hay dificultad en acceder a los recursos por varias razones. “Alguna gente no sabe cómo llenar una solicitud en línea, hemos encontrado personas que no saben leer, que no saben escribir, que no saben cómo usar un teléfono, apenas pueden hacer llamadas con sus teléfonos”, explicó.
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