Se promulga ley en Illinois que amplía protección a inmigrantes y recorta la cooperación con ICE

El gobernador JB Pritzker firmó legislación que pone fin en enero de 2022 a los contratos de cárceles estatales tienen con ICE para recluir a inmigrantes detenidos por la autoridad migratoria

Activistas piden que se cancele el contrato que la cárcel del Condado de McHenry tiene con la Poliía de Inmigración y Aduanas (ICE). (Cortesía Coalición para Cancelar el Contrato con ICE en el Condado de McHenry)
Activistas piden que se cancele el contrato que la cárcel del Condado de McHenry tiene con la Poliía de Inmigración y Aduanas (ICE). (Cortesía Coalición para Cancelar el Contrato con ICE en el Condado de McHenry)
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Con la rúbrica del gobernador de Illinois J B Pritzker una iniciativa que amplía la protección a los inmigrantes se convirtió en ley estatal el pasado lunes 2 de agosto.

La ley incluye el cierre de los centros de detención de inmigrantes en cárceles de Illinois y restringirá la cooperación de la policía local con los agentes de la Policía de Inmigración de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Líderes y activistas locales celebraron la firma de la ley a favor de los inmigrantes de Illinois, pero dicen que seguirán la lucha por un camino a la ciudadanía que beneficie a los más de 11 millones de indocumentados en el país.

“Cada familia, cada niño, cada ser humano merece sentirse seguro y protegido en el lugar al que llama hogar”, dijo Pritzker durante la firma de dicha ley el lunes.

Tres condados de Illinois -Kankakee, Pulaski y McHenry- tienen acuerdos con ICE para albergar en sus cárceles a al menos 260 inmigrantes detenidos en espera de audiencias judiciales, según esa agencia federal.

Por ejemplo, en el Condado de McHenry el acuerdo con ICE le aporta aproximadamente $10 millones cada año al gobierno condal, según el presidente de la junta Michael Buehler.

La ley Illinois Way Forward Act fue aprobada por la Asamblea General en Springfield a fines de mayo y prohíbe tanto al gobierno estatal como al local firmar contratos con el gobierno federal para detener inmigrantes. Y también se evitaría que las fuerzas estatales del orden pregunten o investiguen la condición migratoria o de ciudadanía de una persona detenida.

Los contratos actuales deben finalizar en enero de 2022. Y por ley ya no se podrán efectuar nuevos contratos similares.

Ante la pregunta de qué sucederá con los inmigrantes actualmente detenidos en las cárceles de esos condados, Fred Tsao, asesor principal de políticas de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), dijo que lo que suceda con los detenidos dependerá de ICE.

“Exigimos que [los detenidos] sean liberados en lugar de que los trasladen a otros estados o que se les coloque monitores de tobillo”, indicó Tsao.

“La Illinois Way Forward entró en vigor cuando el gobernador la firmó. La disposición sobre la cárcel requiere que los condados ejerzan las cláusulas de rescisión en sus contratos para el 1 de enero de 2022”, precisó Tsao.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker.

La lucha sigue

Sandra Dávila, integrante de la Coalición para Cancelar el Contrato de ICE en el Condado de McHenry, dijo que aunque celebran la firma de la ley aún hay mucho camino por andar y que la lucha sigue.  “Es una celebración, pero es una celebración solemne porque ahora celebramos una victoria pero con la conciencia de que los prisioneros van a ser transferidos fuera del estado”.

Dávila dijo que este logro llegó en un momento crítico “en el que había suficiente ruido en el Condado de McHenry, entonces se pudo solidificar el movimiento. Ha habido gente que lo ha intentado por años y desde el año pasado que empezamos a organizar creo que fue más fuerte, se pudo pasar y ayudó mucho a esta ley”.

La Coalición para Cancelar el Contrato de ICE en el condado de McHenry se va a convertir en un grupo de respuesta rápida “porque de todas maneras ICE puede seguir operando en el estado, nada más que ahora ya está fuera de la ley mantener estos contratos entre gobiernos locales y estatales con el gobierno federal”.

“El trabajo sigue, el trabajo no se ha acabado y las protecciones no son suficientes hasta que nos legalicen a todos”, remarcó Dávila a La Raza.

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