Adiós a la fianza en efectivo en Illinois

Cuatro habitantes de Illinois en un video de casi dos minutos contaron brevemente sus historias de cómo fueron impactados al estar tras las rejas dos meses, tres meses y hasta un año y medio. Uno de ellos perdió su casa y otro hasta su negocio por no tener para pagar una fianza monetaria que les permitiera seguir su proceso en libertad. Estuvieron en prisión preventiva no por una condena sino por una acusación y ellos decidieron unirse al movimiento para acabar con las fianzas en efectivo en el estado.

La Ley de Equidad Previa al Juicio, parte de la Ley SAFE-T que elimina las fianzas en efectivo, entró en vigor el lunes 18 de septiembre.

Funcionarios electos locales, del condado y del estado junto con varios grupos de defensa se reunieron en las escaleras del Tribunal Penal de Leighton para celebrar el fin de las fianzas en efectivo en Illinois.

Legisladores demócratas y activistas locales aplaudieron la medida, la cual convierte a Illinois en el primer estado en Estados Unidos en el que pagar una fianza en efectivo para salir de la cárcel mientras se espera el juicio en ese estado es cosa del pasado.

Los líderes locales dijeron que Illinois ahora se convierte en un líder nacional en la reforma de la justicia penal. En julio, la Corte Suprema de Illinois dictaminó que la histórica reforma de la justicia penal no violaba la constitución del estado.

La medida tiene opositores a los que les preocupa que esta nueva ley permita que criminales peligrosos pasen desapercibidos y, en última instancia, aumente la delincuencia.

Algunos fiscales y líderes encargados de hacer cumplir la ley creen que esto hará que más delincuentes vuelvan a las calles.

Riesgo de fuga o riesgo para la comunidad

Fiona Ortiz, directora de comunicaciones para la Oficina del Defensor Público del Condado de Cook, hizo hincapié en que la fianza se eliminó totalmente: “ya no existe para ningún cargo”. “Ya no hay fianza, nadie queda en la cárcel por no poder pagar fianza. Ahora la persona o queda en la cárcel porque representa un riesgo para la comunidad o queda en la cárcel porque representa un riesgo de fuga”.

Ortiz dijo a La Raza que, anteriormente, si a una persona se le acusaba de un delito, a veces los jueces imponían una fianza muy alta y si no contaba con los recursos tenía que pasar el tiempo en la cárcel, “a pesar de que en nuestro sistema uno es inocente, hay una presunción de inocencia, hasta que sea encontrado culpable. Esto era muy injusto, porque afectaba mucho a comunidades pobres, comunidades de color, comunidades inmigrantes y para todo el mundo. Ahora ya no existe fianza, no existe el sistema de fianza”.

Antes la persona tenía la posibilidad de pagar para salir, ahora el juez o la jueza bajo la nueva ley se toma su tiempo para escuchar al fiscal, para escuchar al defensor y medir con mucho cuidado si la persona representa un riesgo para la comunidad o si representa un riesgo de fuga, destacó Ortiz en entrevista con La Raza.

La detención sigue existiendo, la gente sigue en la cárcel si es que el juez o la jueza deciden que existe un riesgo para la comunidad o existe un riesgo de fuga.

Ortiz señaló que se va a tomar en cuenta lo que dice el fiscal, antecedentes, historial, si el acusado está trabajando, si tiene familia, qué delitos previos ha tenido, cuáles fueron las circunstancias, entre otros.

Ortiz explicó que hay muchos delitos menores que no califican para detención, pero hay una lista larga de delitos sujetos a posible detención y hay una lista larga de delitos menos graves que no están sujetos a posible detención. “Digo posible porque incluso en los delitos graves el juez o la jueza tiene que decidir primero, si hay riesgo de fuga o hay riesgo para la seguridad de la comunidad”, indicó Ortiz.

Las comunidades de color

Por su parte, Dolores Castañeda, cofundadora del grupo comunitario de prevención de violencia Padres Ángeles de La Villita, dijo entre otras cosas que se necesita más información sobre esta nueva ley en la comunidad. Castañeda y Doris Hernández se reúnen en otro grupo comunitario en ese vecindario. “Estamos en otro grupo, Doris y yo, de mamás que tienen hijos en las cárceles en la California Ave. y la 24th, también ellas no entienden muy bien la nueva ley, cómo es ese proceso. Yo creo que la gente necesita aprender más sobre cómo lo están manejando para poder entender la medida”.

Castañeda dijo que la ley beneficia en parte a la comunidad latina y afroamericana. “Porque no tenemos los recursos como para decir ‘aquí está el dinero para la fianza y ya déjenme salir en lo que me hacen un juicio’. Se necesitan personas responsables dentro de las cortes, de parte de los abogados, de parte de los jueces, que ellos sean personas que realmente estén haciendo su trabajo, de una manera que va a ayudar a la gente de verdad”.

Natalie Casal Alcaíno, organizadora con Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones (OCAD), dijo a La Raza que el daño causado por las fianzas en efectivo a las comunidades de color es parte del legado del encarcelamiento masivo y el racismo. Según Casal Alcaíno, esto ha sido especialmente insidioso para los inmigrantes de color que luchan por su estatus migratorio. “Cuando una persona permanece en la cárcel simplemente porque no puede pagar su fianza, que a menudo es más alta que la de sus compañeros blancos, se crean las condiciones para un castigo más severo y una mayor pérdida de medios económicos, sin mencionar el daño emocional y familiar causado”.

“Elevamos los esfuerzos de organización nacional y local que se han realizado para poner fin a la fianza en efectivo en Illinois y reconocemos este momento como un paso importante para desafiar las estructuras sistémicamente racistas en nuestro estado”, destacó Casal Alcaíno. 

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