Aprueban acuerdo para indemnizar a residentes de La Villita afectados por demolición de planta Crawford

Una corte en Chicago autorizó un acuerdo en una demanda colectiva relacionada con la demolición de una chimenea en la antigua planta de carbón de Crawford en abril de 2020. Este evento, llevado a cabo por Hilco Redevelopment y otras entidades, generó una enorme nube de polvo y contaminantes que cubrió amplias zonas de La Villita y desató preocupaciones significativas sobre daños a la propiedad y la salud en esa comunidad hispana en el suroeste de Chicago.

Según los términos del acuerdo, los demandados pagarán $12.25 millones, destinados a compensar a los residentes afectados y cubrir los honorarios legales y otros costos. Se estima que hasta 20,000 personas podrían recibir una compensación.

Los demandados en este caso incluyen a Hilco Redevelopment, LLC, HRE Crawford, LLC, HRP Exchange 55, LLC (colectivamente “Hilco”), MCM Management Corp., Controlled Demolition, Inc., y Marine Technology Solutions LLC. Estas entidades están involucradas en la demanda colectiva relacionada con la demolición de la chimenea en la antigua planta de carbón Crawford en Chicago.

Los demandantes en este caso son Antonio Solís, José Solís y Juan Rangel, quienes actúan como representantes de clase en su nombre y en el de todos los miembros afectados por la demolición de la chimenea en la antigua planta de carbón Crawford. Estos representantes han iniciado la demanda colectiva buscando justicia y compensación por los daños personales y a la propiedad resultantes de la demolición, argumentando mala gestión y negligencia por parte de los demandados.

Los afectados dentro de los límites especificados pueden ser elegibles para reclamar una compensación económica. El fondo compensatorio se distribuirá entre reclamaciones de daño personal y daño a la propiedad.

Este acuerdo busca resolver las disputas sin determinar responsabilidad legal, proporcionando un alivio económico a los afectados mientras evita los costos y la incertidumbre de un juicio prolongado. Con todo, algunas voces lo han considerado insuficiente.

El acuerdo cubre a residentes y propietarios residenciales y de negocios que residen en la zona definida en la demanda colectiva, que incluye partes de Little Village.

Los límites específicos son desde la calle 33 y avenida Kedzie, hacia el oeste hasta la calle 33 y avenida Kilbourn, hacia el norte hasta la avenida Kilbourn y Cermak, al este hasta Cermak y Ogden, y al noreste hasta Ogden y California. Desde ahí se extiende hacia el sur hasta la calle 26 y California, al oeste hasta la calle 26 y Sacramento, hacia el sur hasta Sacramento y la calle 31, y al oeste hasta la calle 31 y Kedzie, finalizando al sur en la calle 33 y Kedzie. Estos límites marcan la zona donde los residentes pueden ser elegibles para reclamar compensación debido a los impactos de la demolición.

En la demanda colectiva hay dos clases definidas:

• Clase de propiedad: Incluye a todas las personas, propietarios, arrendatarios y negocios cuyas propiedades recibieron material particulado de la demolición y se encuentran dentro de los límites geográficos de la calle 33 y avenida Kedzie, oeste hasta la calle 33 y avenida Kilbourn, norte hasta Kilbourn y Cermak, este hasta Cermak y Ogden, y siguiendo otros puntos hasta volver a 33 y Kedzie.
• Clase de Lesiones Personales: Compuesta por individuos que estaban presentes en la misma área geográfica durante la demolición.

Los residentes de la zona afectada por la demolición en Little Village podrán beneficiarse de un fondo de compensación de $12,250,000. Las personas elegibles son aquellas que estaban presentes o poseían propiedades dentro de los límites especificados el 11 de abril de 2020. El acuerdo propone pagos de aproximadamente $200 a $400 por reclamaciones de lesiones personales, dependiendo del número total de reclamaciones aprobadas. Además, se ha reservado hasta $1,000,000 para reclamaciones de daños a la propiedad, sujetas a reducciones proporcionales si el valor total de las reclamaciones excede este monto.

De acuerdo con la propuesta de acuerdo, los pagos a los beneficiarios se estiman para finales de junio de 2024, sujeto a la resolución de cualquier apelación. El proceso será administrado por un Administrador de Reclamaciones aprobado por la corte, responsable de la distribución de los fondos y la gestión de las reclamaciones.

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