México no ha aceptado “ser país tercero” en la recepción de migrantes procedentes de EEUU
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no ha firmado ser un país tercero para la recepción de migrantes de nacionalidades diferentes a la mexicana

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, al centro, instruyen a migrantes a caminar hacia el Puente Internacional McAllen-Hidalgo mientras los deportan a México. Crédito: AP
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que México no ha firmado ser un país tercero para la recepción de migrantes de nacionalidades diferentes a la mexicana provenientes de Estados Unidos.
“No hemos aceptado ser país tercero. Si hay un migrante que ha sido trasladado a territorio nacional tenemos que recibirlo y enviarlo, si es el deseo de esta persona, a su país de origen”, afirmó la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa matutina.
La reacción de Sheinbaum ocurre después de que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobara el lunes la posibilidad de las deportaciones rápidas, mediante las que la Administración del presidente Donald Trump tiene la capacidad de enviar a migrantes a países terceros, distintos a su nación de origen.
En ese sentido, la gobernante mexicana explicó que Estados Unidos tiene acuerdos con “prácticamente todos los países para enviar de manera directa a la repatriación a unas personas”, sin la necesidad de que estos pasen por México.
Sin embargo, remarcó que, si hay un migrante enviado a México, “por razones humanitarias” es recibido y enviado a su país de origen, si eso quiere.
Desde el 20 de enero, día de la toma de posesión de Trump, México ha recibido 65,475 deportados, de los que 59,747 son mexicanos y 5,728 extranjeros.
Trump ha buscado acelerar la cantidad de deportaciones y detenciones para cumplir con su promesa de campaña de expulsar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, donde cerca de la mitad son mexicanos.
Las acciones del republicano han recibido críticas de organizaciones en defensa de los derechos humanos y expertos legales, quienes acusan a su Gobierno de incumplir con el derecho al debido proceso.