Periodistas, líderes religiosos y ciudadanos de Chicago presentan moción contra el gobierno federal por violaciones a la libertad de expresión
Afirman que las acciones represivas realizadas por agentes de ICE violan las garantías de la Primera Enmienda de la Constitución y piden que se detengan
Agentes federales arrestan a una persona durante las protestas en contra de las redadas en el centro de procesamiento migratorio de Broadview, Illinois. Crédito: AP
Abogados de varios manifestantes y miembros de la prensa han presentado en una corte federal una moción que exige se detengan las acciones de supresión de los derechos de expresión bajo la Primera Enmienda realizadas por agentes del gobierno federal enfrente del centro de procesamiento en Broadview, Illinois.
La demanda alega que en los meses recientes de 2025 la administración del presidente Donald Trump ha desplegado fuerzas federales en varias ciudades del país con la pretensión de detener el crimen y aplicar las leyes de inmigración.
Esta fuerza, sin embargo, ha usado, según la demanda, “fuerza violenta contra la prensa, funcionarios electos, líderes religiosos e individuos privados que están participando en actividades pacíficas y protegidas”.
Se alega también que estas fuerzas federales no están entrenadas para patrullar contra el crimen y sus tácticas implican el uso indiscriminado de fuerza y han arrestado a civiles sin ninguna base legal.
El centro de procesamiento en Broadview ha sido, desde antes de este verano, el foco de protestas para lograr cerrarlo debido a las condiciones humanas en las que se encuentran los detenidos allí.
Durante las recientes semanas, la administración del presidente Trump ha enviado a oficiales federales y agentes de ICE, señalan los demandantes, a “brutalmente suprimir la expresión libre con violencia escalada, incluyendo el uso peligroso e indiscriminado de armas letales como el gas lacrimógeno, balas de goma, granadas de luz y otros tácticas innecesarias y desproporcionadas”.
La demanda, gestionada por abogados del bufete Loevy & Loevy y presentada ante la jueza Sara L. Ellis de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, argumenta que la violencia desatada por el gobierno “es un abierto intento de interferir con los más preciados y fundamentales derechos escritos en la Primera Enmienda de la Constitución, que son libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de creencias religiosas y el derecho de reunirse pacíficamente y expresar desacuerdo con las posturas del gobierno”.
“Nunca antes en tiempos modernos ha desestimado el gobierno federal las protecciones fundamentales en tan grande escala o ha usurpado los poderes de la policía al dirigir a agentes federales a llevar a cabo una misión ilegal contra el público para el beneficio del gobierno”, dice en parte la demanda.
La demanda es a nombre de miembros de la prensa, miembros del clero y ciudadanos privados, los cuales ha decidido hablar en oposición a las políticas Trump y que han decidido unir sus voces en defensa de los derechos bajo la Primera Enmienda.
Entre los medios de comunicación y organizaciones de periodistas que suscriben la demanda están Block Club Chicago, Chicago Headline Club, Chicago Newspaper Guild Filial 34071, la National Association of Broadcast Employees & Technicians Filial 54041 y varios periodistas individuales.
Por parte del clero en la demanda figura el pastor David Black, de la Iglesia Presbiteriana de Chicago en la comunidad de Woodlawn. El pastor Black fue atacado en la cabeza con proyectiles casi letales, según la demanda. El pastor Black dijo que fue impactado siete veces con proyectiles que explotaban en sus manos, rostro y torso. Dos de los proyectiles, dijo Black, le pegaron en la cabeza.
William Paulson, de 67 años, fue a Broadview a manifestar su desacuerdo con las redadas el 27 de septiembre cuando sin previo aviso, dijo Paulson, los agentes dispararon gases lacrimógenos contra los manifestantes.
“Empecé a respirar el gas y no podía ver ni respirar”, dijo Paulson. “Cerca de mi yo podía escuchar como agentes tiraban a otros manifestantes contra la banqueta. Me caí de pies y manos y me vomité. Mis ojos y mi nariz estaban con fuerte dolor”.
La demanda señala como demandados a la secretaria de Seguridad Interna Kristi Noem; al director interino de ICE Todd Lyons; al codirector de operaciones de Remoción Marcos Charles; al director de la Oficina en Chicago Russell Holt; al comisionado de Aduanas y Protección de la Frontera Gregory Bovino; a la procuradora o fiscal del país Pam Bondi y a varios agentes individuales.
Los demandantes son representados por abogados del bufete Loevy & Loevey y la Clínica Comunitaria y de Derechos Civiles de la Escuela de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern, la Clínica Legal Mandel de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago; First Defense Legal Aid, Protect Democracy y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Illinois.
