Jueza ordena a agentes federales limitar el uso de la fuerza ante manifestantes, periodistas y religiosos

Una jueza federal emitió una orden de restricción temporal que limita el uso de la fuerza por parte de agentes federales en Chicago, dictaminando que los manifestantes, miembros del clero y periodistas tienen el derecho constitucional de manifestarse y de reportar sin temor a la violencia o interferencia del gobierno.

La jueza federal del Distrito Norte de Illinois, Sara L. Ellis, otorgó la orden este jueves, marcando un avance importante en las batallas legales en curso sobre el despliegue federal de fuerzas del orden y de la Guardia Nacional en Chicago.

“Las personas tienen derecho a protestar”, dijo la jueza Ellis en un comunicado de prensa. “Tienen derecho a expresarse. Eso está garantizado por la Primera Enmienda de nuestra Constitución, y es un derecho fundamental que sostiene nuestra democracia”.

El fallo prohíbe a los agentes federales utilizar las llamadas armas “menos letales”, que incluyen gas lacrimógeno, gas pimienta y granadas aturdidoras, contra manifestantes pacíficos, miembros del clero y de la prensa. También les impide realizar arrestos ilegales o interferir con manifestaciones legales en toda el área de Chicago.

El caso fue presentado por una coalición de abogados de derechos civiles y organizaciones defensoras en nombre de manifestantes, periodistas y líderes religiosos que aseguran que las fuerzas federales usaron fuerza excesiva durante recientes protestas cerca del Centro de Detención en la localidad de Broadview, Illinois, y otros lugares de la región.

“Durante semanas, las fuerzas federales enviadas a Chicago han aterrorizado a los residentes”, dijo Steve Art, abogado del bufete de derechos civiles Loevy + Loevy, que representa a varios demandantes. “Han usado una violencia increíble contra civiles, manifestantes, líderes religiosos y políticos, y contra la prensa. Hoy, una jueza federal ha emitido una orden que prohíbe la conducta ilegal de los agentes federales en el área de Chicago”.

Entre los demandantes se encuentran organizaciones de medios como Chicago Headline Club, Block Club Chicago, el Chicago Newspaper Guild Local 34071 y la National Association of Broadcast Employees & Technicians Local 54041. Los periodistas Raven Geary, Charles Thrush y Stephen Held también se unieron a la demanda, alegando que fueron blanco de ataques o interferidos mientras realizaban su labor periodística.

En un comunicado de prensa, Stephen Griswold, presidente de NABET-CWA Local 41, calificó la decisión como una victoria significativa para la libertad de prensa. “Nuestros derechos constitucionales bajo la Primera Enmienda no deben tomarse a la ligera, y todos debemos mantenernos unidos para proteger estos derechos”, afirmó.

Líderes religiosos que han organizado vigilias en Broadview durante años también respaldaron la demanda. El padre Brendan Curran, un sacerdote dominico que dirige oraciones fuera del centro de detención de Broadview, dijo haber visto “francotiradores en el techo” y agentes federales usando fuerza contra personas reunidas para rezar. “Simplemente buscábamos decencia y humanidad”, señaló.

Abogados de la ACLU de Illinois, Protect Democracy, First Defense Legal Aid, Loevy + Loevy y de las clínicas jurídicas de la Universidad de Chicago y de la Universidad Northwestern se unieron al caso, argumentando que las tácticas del gobierno federal equivalen a una supresión inconstitucional de la libertad de expresión, de prensa y de religión.

Rebecca Glenberg, abogada supervisora principal de la división de la Primera Enmienda de la ACLU, dijo que el fallo “reconoce que la violencia gubernamental contra la libertad de expresión viola la Constitución y socava nuestros valores nacionales más apreciados”.

La orden permanecerá en vigor de forma temporal mientras continúa el litigio sobre la legalidad más amplia del despliegue federal. El Departamento de Justicia aún no ha dicho si apelará la decisión.

El fallo llega mientras continúan otros desafíos legales en tribunales federales sobre el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Illinois y Chicago, y refleja disputas similares en Oregón, donde la ciudad de Portland denunció que el gobierno federal usó fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos cerca de una instalación de ICE en la zona sur de la ciudad.

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