Una corte federal frena temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

En su fallo del jueves, una jueza federal concedió parcialmente la solicitud del estado de una orden de restricción temporal, deteniendo por el momento el despliegue adicional de tropas de la Guardia Nacional en Illinois.

La jueza federal del Distrito Norte de Illinois, April Perry, escuchó durante horas argumentos este jueves por la mañana en el centro de Chicago, después de que el procurador general de Illinois, Kwame Raoul, y la ciudad presentaran una demanda a principios de esta semana. El caso cuestiona la legalidad de la decisión del presidente Donald Trump de federalizar y desplegar tropas de la Guardia Nacional de Illinois y Texas en el área de Chicago.

Perry dijo que concederá “en parte” la solicitud del estado de una orden de restricción temporal contra el despliegue de las tropas. Al emitir su decisión desde el estrado, señaló que el fallo se basa en una “determinación de credibilidad”, destacando otros procesos y demandas federales en Chicago que generan dudas significativas sobre la evaluación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respecto a lo que ocurre en la ciudad.

“No puedo simplemente dar crédito a las declaraciones [de la administración Trump] en la medida en que contradicen a las autoridades estatales y locales”, dijo Perry. “La percepción de los acontecimientos por parte del [Departamento de Seguridad Nacional] es sencillamente poco confiable”.

La jueza señaló que existe evidencia clara de que enviar tropas de la Guardia Nacional probablemente intensificaría las tensiones en lugar de calmarlas, destacando que las acciones agresivas y, en algunos casos, inconstitucionales de los agentes de ICE ya han alimentado la actividad de protesta.

Agregó que, dado que la Guardia Nacional no está capacitada en funciones policiales ni en tácticas de desescalada, desplegar tropas en el centro de detención de ICE en Broadview o en cualquier otro lugar sería “irresponsable”, especialmente considerando que las fuerzas del orden estatales y locales han indicado que pueden mantener la seguridad y el orden público.

Incorporar soldados armados y sin entrenamiento adecuado, concluyó la jueza, solo aumentaría el riesgo de disturbios y atentaría contra los intereses de la comunidad.

“Considero que permitir el despliegue de la Guardia Nacional en el centro de procesamiento de Broadview o en cualquier otro lugar de Illinois sólo echará más leña al fuego”, dijo.

Reacciones al fallo judicial

Sobre el dictamen de la jueza, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson dijo en un comunicado: “Este fallo es una victoria para los ciudadanos de Chicago y para el estado de derecho. La jueza Perry se ha hecho eco de muchos de los argumentos que hemos repetido en numerosas ocasiones: el despliegue [de la Guardia Nacional] de Trump es ilegal, inconstitucional, peligroso  e innecesario. No hay rebelión en Chicago. Solo hay buenas personas que defienden lo que es justo. La jueza ha establecido que la administración Trump no es fiable. Mienten, tergiversan y ponen a la gente en peligro. Seguiremos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para poner fin a la guerra de la administración Trump contra Chicago”.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo en un post en su cuenta de Facebook: “Donald Trump no es un rey, y su administración no está por encima de la ley. Hoy, una corte ha confirmado lo que todos sabemos: no hay pruebas creíbles de una rebelión en el estado de Illinois. Y no hay lugar para la Guardia Nacional en las calles de ciudades estadounidenses como Chicago”.

El procurador Raoul indicó en un comunicado: “El fallo de hoy es una victoria para el estado de derecho. La administración no ha dado ninguna explicación legal para el despliegue de tropas federales, y no existe ninguna. Está claro que este intento de ocupación dentro del estado de Illinois está motivado por animadversión política y no porque los funcionarios federales sean incapaces de proteger la propiedad federal o hacer cumplir la ley federal. El presidente no tiene la facultad discrecional ilimitada de poner al ejército estadounidense contra sus propios ciudadanos cuando estos ejercen sus derechos constitucionales. Estoy absolutamente comprometido con la defensa de la Constitución y del Estado de derecho, y seguiré luchando contra este ataque ilegal a la soberanía de nuestro estado”.

La senadora Tammy Duckworth, por su parte, dijo en un comunicado: “Hoy, una corte federal ha dado la razón a lo que hemos estado diciendo desde el principio: no hay necesidad de federalizar a las tropas de la Guardia Nacional y enviarlas a Illinois en contra de los deseos de nuestro estado. Me siento aliviado al ver que se ha concedido esta orden de restricción temporal, pero aún nos queda mucho por hacer para contrarrestar la ilegal apropiación de poder por parte de Trump y garantizar que este cumpla realmente con la orden. Seguiré trabajando junto con nuestros funcionarios estatales y locales para asegurarnos de que hacemos todo lo posible para detener el ataque de Donald Trump y su Administración contra Chicago e Illinois”.

La Guardia Nacional en Illinois

La batalla legal se ha desarrollado rápidamente esta semana. En los tres días entre la presentación de la demanda y la audiencia del jueves, unas 500 tropas de la Guardia Nacional de Illinois y Texas fueron desplegadas en el área de Chicago, según el Comando Norte de Estados Unidos, a pesar de las objeciones del gobernador JB Pritzker.

Las autoridades informaron que aproximadamente 300 miembros de la Guardia de Illinois y 200 de Texas fueron movilizados para “proteger a la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos y a otros funcionarios del gobierno federal que desempeñan funciones federales, así como para proteger propiedad federal”, de acuerdo con el sitio web del Comando Norte.

Las tropas están estacionadas en el Centro de Reserva del Ejército de Estados Unidos en Elwood, un suburbio al suroeste de Chicago, donde se instalaron cercas de privacidad y barreras a principios de esta semana.

La demanda de Raoul califica la medida como “manifiestamente ilegal”, argumentando que la orden presidencial viola los límites constitucionales de la autoridad federal y el control estatal sobre sus propias unidades de la Guardia Nacional. “Los demandantes solicitan a este tribunal detener la federalización ilegal, peligrosa e inconstitucional de los miembros de la Guardia Nacional”, señala la denuncia.

El gobierno federal respondió con un escrito de 59 páginas, presentado justo antes de la medianoche del miércoles 8 de octubre, en el que argumenta que el presidente tiene autoridad legal clara para desplegar tropas en misiones federales y que los tribunales deben mostrar una “gran deferencia” hacia el juicio del poder ejecutivo en asuntos de seguridad nacional.

La jueza Perry había rechazado conceder una orden de restricción temporal de emergencia cuando se presentó la demanda el lunes, otorgando en cambio al gobierno federal hasta la noche del miércoles para responder. Señaló que, aunque el despliegue ya había comenzado, el gobierno federal había sido “advertido de hacer una pausa” mientras continuaban los procedimientos judiciales.

La demanda en Chicago refleja batallas legales similares que se desarrollan en otros estados, incluido Oregón, donde las autoridades estatales y la ciudad de Portland presentaron una demanda por el despliegue de agentes federales y tropas de la Guardia Nacional durante protestas recientes. Una jueza federal allí limitó temporalmente ciertas operaciones federales mientras siguen sin resolverse las cuestiones constitucionales de fondo.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.