Castigarán a padres que paguen coyotes para sus hijos y cobrarán multas a migrantes
Con cárcel y/o deportación, perseguirían a familiares de menores que sean "contrabandeados" hacia Estados Unidos y se cobrarán multas a indocumentados, evasores de deportación y otros. Parte de las nuevas medidas de Trump contra inmigrantes.
El gobierno de Donald Trump está considerando varias formas de castigo, incluyendo cárcel, deportación o pago en efectivo, por la violación de normas migratorias, entre ellas el pago de “coyotes” para la migración no autorizada de menores de edad.
Además, migrantes que no se vayan del país luego de una orden de deportación podrían incurrir en una multa de hasta 500 dólares por cada día en que han ignorado dicha orden, entre otras sanciones económicas que existen por ley, pero hasta ahora no se han aplicado masivamente.
Estas medidas están incluidas en los recientes documentos explicativos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense sobre acciones ejecutivas del presidente.
Ver también: DHS delinea plan para deportación masiva, y nadie queda a salvo
En el primer caso, el gobierno de Trump tiene la intención de llevar a la justicia a las personas que, desde Estados Unidos, “conspiren para violar las leyes migratorias”, particularmente los adultos que paguen por el transporte de menores de edad o niños no acompañados de otro país hacia Estados Unidos.
Esto aplicará aunque sean los padres u otros familiares, que están mencionados en los memos de DHS.
“Los padres y familiares de estos niños traficados hacia Estados Unidos, a menudo también ilegalmente en el país, pagan miles de dólares a los traficantes para traer a sus hijos a este país”, dice el memo.
Agrega que muchos de esos niños son “víctimas de robo, extorsión, rapto, asalto sexual y otros delitos de violencia por parte de los traficantes y criminales en el camino”.
En consecuencia, agregan, los facilitadores serían castigados.
“El director de ICE y el comisionado de CBP asegurará la aplicación correcta de las leyes contra individuos que directa o indirectamente faciliten el tráfico de un niño extranjero hacia EEUU”, agrega el texto del documento.
El memo considera formas de castigar a los padres por facilitar este tipo de delito, y expresa preocupación por las consecuencias del tráfico en los menores.
Este castigo podría incluir “cargos criminales o un proceso de deportación”.
No obstante, según defensores de los inmigrantes, si el gobierno estuviera tan preocupado por el bienestar de los niños, no estaría endureciendo al mismo tiempo las leyes, para limitar los beneficios a los menores que llegan a Estados Unidos escapando de la violencia en sus países.
“Si realmente quisieran ayudar a prevenir la explotación de los niños entonces no se enfocarían tanto en cerrar las fronteras a estos menores, dificultar su permanencia en este país y castigar a los aterrorizados padres”, dijo Tom Jawetz, experto migratorio del Centro para el Progreso Americano.
Otros activistas indicaron que el gobierno de Trump está creando una imagen criminal de “padres desesperados”, que tratan de sacar a sus hijos de situaciones de violencia en varios países centroamericanos.
Según cifras federales, en los ultimos tres años, mientras la violencia se recrudece en El Salvador, Honduras y Guatemala, 155,000 menores solos han venido a Estados Unidos y solicitado refugio. Más del 60% se han reunido aquí con familiares.
“Están usando el término “traficante” para hablar de madres, padres, y otros familiares que intentan sacar a menores de edad de lugares donde están expuestos a la muerte ante pandillas y las niñas, ser novias de pandilleros”, dijo Jen Smyers, directora asociada de Church World Service.
Además, uno de los memos de DHS publicados hoy oficialmente por el gobierno, dirige a ICE, CBP y USCIS, tres agencias que lidian con inmigrantes dentro de DHS, a la creación de programas para el cobro de “multas y tarifas permitidas por la ley a extranjeros y a quienes faciliten su presencia ilegal en Estados Unidos”.
No está del todo claro cuáles son esas multas, pero según un análisis de AILA, la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, la ley considera varios tipos de multas, por ejemplo:
- 500 dólares por día por cada día que no se cumpla una orden de deportación
- Multas a los transportistas que traigan a inmigrantes a los Estados Unidos
- Entre 50 y 250 dólares por cada intento de entrada ilegal al país
- 250,000 dólares por un matrimonio fraudulento para obtener papeles.
Jawetz, de CAP, indicó que esta medida recuerda al proyecto de ley Sensenbrenner (aprobado en 2006 pero sólo en la cámara de representantes) que castigaba con multas a los que ayudaran a transportar u hospedar a inmigrantes, incluyendo instituciones religiosas.
“Al parecer es algo parecido a esta idea, hay que ver cómo la aplican”, dijo el activista.
