Texas encarcelará a alguaciles que protejan a indocumentados
El gobernador republicano Greg Abbott aseguró que el estado no adoptará las políticas de "santuario" en sus condados
AUSTIN, Texas – El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, aseguró este viernes que el estado sureño encarcelará a aquellos alguaciles (sheriffs) que decidan adoptar políticas “santuario” en sus condados con el fin de proteger a los indocumentados.
“Si un funcionario público, incluyendo un sheriff, continúa adoptando políticas ‘santuario’ una vez entre en vigor la prohibición en Texas, podrán ser penalmente procesados y terminar en la cárcel”, manifestó Abbott en su cuenta de Twitter.
En su discurso anual sobre “el estado del estado” en el Capitolio de Austin a finales de enero, el mandatario texano ya advirtió de que prohibir las “ciudades santuario” está marcado en su agenda como un “elemento de emergencia” de la actual sesión legislativa bianual, que inició el pasado 10 de enero.
A principios de este mes, el Senado de Texas aprobó un proyecto de ley que castigará con sanciones y recortes de fondos a las denominadas “ciudades santuario”, que protegen a indocumentados de ser deportados.
Esta propuesta de ley, que presumiblemente será aprobada en el Congreso estatal, con mayoría republicana, busca penalizar a los gobiernos locales y a las universidades de Texas que opten por no cumplir con las leyes migratorias federales para favorecer la situación de los indocumentados, protegiéndolos de la deportación.
No obstante, las autoridades locales de las ciudades grandes del estado de la estrella solitaria están manteniendo el pulso con el gobierno estatal en este sentido, ya que su capital, Austin, y la ciudad más grande, Houston, están tomando medidas a favor de la comunidad indocumentada.
Sin ir más lejos, los oficiales del condado de Travis, cuya sede es Austin, únicamente colaboran con las autoridades federales cuando un sospechoso sea registrado en la cárcel del condado con cargos de asesinato, agresión sexual o tráfico de personas desde el 1 de febrero.
De lo contrario, los agentes federales deben tener una orden judicial o una orden de arresto firmada por un juez para que la cárcel siga alojando a una persona cuyo estatus migratorio está en cuestión.
Por otro lado, la Oficina del Alguacil del condado de Harris (HCSO), el mayor de Texas y donde se asienta Houston, anunció esta semana la conclusión del polémico convenio federal 287 (g), que establece un acuerdo de colaboración entre las agencias del orden y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Ese programa responde a una sección de la ley de inmigración vigente desde 1996, que permite a los gobiernos locales recibir fondos federales para entrenar a agentes para que lleven a cabo funciones migratorias, como verificar el estatus legal de los detenidos y entregarlos al ICE en caso de que sean indocumentados.
