Con el “acta de valores” California espera reducir las deportaciones en la era de Trump

El proyecto de ley “Acta de Valores” de California (SB 54), que esta semana fue aprobado en el comité de seguridad pública de la asamblea estatal, literalmente sacaría de las cárceles del estado a los agentes de ICE, y sería la más avanzada “ley santuario” del país.

Activistas pro inmigrantes anticipan que la medida reducirá notablemente las deportaciones en California, impidiendo que las policías locales colaboren con ICE más allá de lo que estrechamente requiere la ley federal.

Con este proyecto, dicen,  California rechazará no sólo las amenazas y acciones del actual presidente Donald Trump, sino que revertirá algunas de las políticas impuestas por el expresidente Obama que facilitaron la deportación de 3 millones de personas durante su gobierno.

Aunque el proyecto aún debe ser aprobada por la asamblea y firmado por el gobernador Jerry Brown, grupos de defensa de los inmigrantes anticipan que el efecto de la misma será el de reducir notablemente las deportaciones en California.

Chris Newman, de la Ley Nacional de Jornaleros (NDLON) dijo que el proyecto “tiene las protecciones santuario más fuertes del país y repudia las políticas de Trump y también las de Obama” con respecto a deportación de inmigrantes.

“Esta ley reducirá enormemente la capacidad de ICE de “minar” el sistema de justicia criminal y policial para deportar a inmigrantes”, dijo Newman.

El patrocinador del proyecto, el líder del senado Kevin De Leon, dijo que se trata de “liberar a las agencias del orden para que hagan su trabajo y permitir que ICE haga el suyo, que es aplicar las leyes migratorias”.

“Mi objetivo es impedir que aumente la delincuencia, como ocurre cuando la comunidad inmigrante tiene miedo de acercarse a la policía a denunciar crímenes”, dijo De Leon.

Sin embargo, la mayoría de los Sheriffs de condados en California , incluyendo Jim McDonnell, de Los Angeles, se han manifestado en contra de SB54, alegando que la ley limitará excesivamente la relación entre policía y autoridades federales de inmigración.

McDonnell alegó el pasado fin de semana en un programa semanal de entrevistas en la televisión local, que las reglas actuales ya limitan suficientemente la actividad de  ICE en las cárceles.

“Creo que en este momento tenemos un modelo efectivo que permite a ICE el acceso a personas que han tenido comportamiento dañino en la comunidad”, dijo el sheriff, indicando que si se impide la transferencia de detenidos peligrosos entre las agencias “ICE irá a hacer más detenciones en la comunidad“.

La Asociación de Jefes de Policía de California también se opone, argumentando que sus agencias trabajan con ICE en grupos de trabajo para perseguir a pandilleros o carteles de la droga y que esto se volverá mucho más difícil a raíz del proyecto.

La medida limita esta colaboración a “actividades no principalmente relacionadas con la aplicación de la ley migratoria”.

SB 54 ya fue aprobada en el senado estatal y está siendo considerada en la asamblea. Luego tendrá que pasar por el escritorio del gobernador Jerry Brown.

Lo que hará “el Acta de Valores”

Durante más de una década, la colaboración entre policía y las autoridades migratorias ha sido el “multiplicador” más efectivo utilizado por el gobierno federal para deportar a la mayor cantidad de inmigrantes posibles.

Pero si se aprueba el proyecto de ley SB 54 (también conocida como Ley Santuario), California pondrá punto final a dicha colaboración, con pocas y bien delineadas excepciones, para convictos de delitos violentos o serios.

De aprobarse tal y como está escrita la nueva ley va mucho más allá de la llamada “Ley de confianza” o Trust Act, vigente en California desde 2014 y que limita la colaboración de la policía local con ICE a personas convictas delitos serios o violentos.

Por ejemplo, estará prohibido que agentes de ICE estén físicamente en cárceles haciendo entrevistas a los detenidos que están a punto de liberación, para determinar si estos deben pasar a custodia de las autoridades migratorias.

El condado de Fresno, por ejemplo, es uno de los pocos que aún tiene esa práctica de mantener una oficina de ICE dentro de la cárcel.

Otros condados, como el de Los Ángeles, dan a ICE acceso a sus bases de datos y les permiten entrevistar a detenidos sobre su estatus migratorio.

Adicionalmente, no podrán usarse recursos policiales locales para compartir información con ICE acerca de la fecha de liberación de un inmigrante, o su dirección de casa o trabajo.

De León indicó que la nueva legislación no impedirá que se transmitan las huellas digitales de detenidos al gobierno federal y que  las agencias locales notifiquen a ICE de la fecha de liberación de personas que fueron anteriormente convictas o deportadas por un delito serio o violento.

Adicionalmente,  si ICE obtiene una orden de detención judicial para llevarse a un inmigrante, las autoridades locales colaborarán con la transferencia entre agencias, pero no si se trata únicamente de una “orden o detainer ” de la agencia ICE.

En la práctica, esto invalidará los llamados “ICE detainers” y obligaría a la agencia a enfocarse en los peores violadores de la ley migratoria y criminal.

Los “detainers” u órdenes de arresto de ICE, fueron muy controversiales durante años entre los grupos pro inmigrantes y que varios tribunales han calificado de “inconstitucionales” porque mantenían detenidas a personas que ya habían cumplido su tiempo en la cárcel o que no tenían por qué estar allí desde el punto de vista penal.

SB 54 también desafiará abiertamente al presidente Donald Trump, quien en su orden ejecutiva de enero ordenó restablecer contratos entre ICE y agencias locales de la ley para aplicar las leyes migratorias, los llamados “contratos 287g”.

En California solo resta un contrato, el que tiene el Condado de Orange en su cárcel local.  De aprobarse la ley, ese contrato quedaría invalidado y futuros contratos quedarían prohibidos, según explicaron fuentes de la legislatura estatal.

Además, el proyecto ordena al procurador estatal que redacte políticas para restringir, en la medida de lo posible, la presencia de agentes migratorios en los alrededores de “lugares sensibles” como escuelas, hospitales, iglesias y tribunales. 

ICE supuestamente tiene una regla voluntaria que limita sus actividades alrededor de la mayoría de este tipo de instituciones, pero no los tribunales, donde se han visto recientemente actividades de la agencia.