Sigue la “guerra psicológica” contra dreamers por el futuro de DACA

La incertidumbre sigue a tope para cerca de 800,000 jóvenes que están en la cuerda floja por la indecisión del gobierno de Donald Trump de mantener o no el programa de Acción Diferida. Este alivio migratorio permite a jóvenes indocumentados vivir y trabajar legalmente en el país.

El Gobierno está evaluando el futuro del programa DACA destinado a frenar la deportación de los jóvenes indocumentados que llegaron a EEUU de niños, aunque todavía no ha tomado una decisión final, según dijo hoy a Efe un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

Ese portavoz explicó que “continúa la revisión” del plan promulgado por el ex presidente Barack Obama, pero que “no se ha tomado ninguna decisión”.

Durante la campaña electoral, el presidente, Donald Trump, prometió acabar con ese plan, aunque posteriormente reconoció que ese “es uno de los temas más difíciles” con los que se enfrenta en su Presidencia y aseguró que lo encarará “con corazón”, sin dar más detalles.

En las últimas horas, medios locales informaron de que altos cargos del Gobierno, como la secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke, han mantenido reuniones para debatir sobre el futuro de DACA y que el propio Trump se está decantando por acabar con ese programa.

La cadena ABC aseguró que la decisión sobre DACA podría ser anunciada “tan pronto como la próxima semana”.

Trump podría acabar con DACA en cualquier momento con una orden ejecutiva, el mismo mecanismo que Obama usó para promulgar el plan en 2012 y que tiene carácter temporal, pues el Congreso es el único que tiene capacidad para aprobar una ley y cambiar el sistema migratorio.

Si Trump decide acabar con DACA, una de las grandes incógnitas es si el Gobierno ordenará la deportación de los 800,000 jóvenes indocumentados que, gracias al programa, han podido frenar su expulsión, obtener una licencia de conducir y un permiso de trabajo temporal.

La Casa Blanca debe tomar una decisión sobre el plan migratorio antes del 5 de septiembre, momento en el que, si Trump no ha acabado con DACA, los fiscales de Texas y otros nueve estados conservadores interpondrán una demanda contra el Ejecutivo para acabar con el programa por la vía judicial.

El promotor de esta demanda es el fiscal texano, Ken Paxton, un vocal opositor a DACA y que ha pedido a Trump que cumpla con su promesa electoral y derogue el plan de Obama.

Un alto oficial del Departamento de Justicia, que habló bajo condición de anonimato, dijo a Efe que no ha habido ningún tipo de comunicación entre los estados conservadores y el Departamento de Justicia, que sería la rama del Gobierno encargada de enfrentarse a la demanda.

El Departamento de Justicia está encabezado por el fiscal general, Jeff Sessions, quien cuando era senador por Alabama se posicionó contra DACA en repetidas ocasiones.

Sin embargo, dentro del Gobierno de Trump también hay importantes voces que defienden DACA, como la del jefe de gabinete, John Kelly, quien como secretario de Seguridad Nacional mantuvo varias reuniones con congresistas hispanos del Partido Demócrata para buscar una solución para los jóvenes indocumentados.

DACA es muy popular en la comunidad hispana y asiática y, por ello, numerosas organizaciones han dado la voz de alarma ante la posibilidad de que Trump acabe con el programa.

“Si Trump decide acabar con el exitoso programa de DACA, sería una señal de que acepta el consejo de las voces más extremistas de la Casa Blanca y que ha decidido apelar a los supremacistas blancos de su base, en vez de tener el valor de liderar este momento”, opinó en un comunicado María Helena Hincapié, directora del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

Republicanos piden que se mantenga DACA

Por su parte un grupo de congresistas republicanos pidió al presidente Donald Trump que proteja a los jóvenes indocumentados beneficiarios del programa de Acción Diferida (DACA) conocidos como “soñadores”.

En una carta divulgada hoy, los representantes Dan Donovan (Nueva York), Carlos Curbelo e Ileana Ros-Lehtinen (Florida), Jeff Denham y David Valadao (California) y Don Bacon (Nebraska) afirman que mantener el DACA es “en el mejor interés de la nación”.

“Apoyamos firmemente su compromiso de deportar a aquellos que han infringido nuestras leyes y creemos que los recursos que se dirigirían en aquellos beneficiados por el DACA serían mejor invertidos contra los criminales”, apuntan los congresistas.

“Los niños -añaden- traídos a Estados Unidos a una edad temprana no tuvieron elección. No trataron de violar la ley voluntariamente (…) Estos casos requieren un análisis cuidadoso y atento sobre lo que es mejor para los intereses de nuestro país”.

Los congresistas recuerdan en la misiva que los “soñadores” “hablan inglés”, “estudiaron en universidades estadounidenses”, “tienen permiso de trabajo”, “pagan impuestos” y que “están comprando automóviles y sus primeras casas”.

“Todo esto genera ingresos para nuestros gobiernos locales, estatales y federal”, agregan.

Esta carta llega a menos de dos semanas de la fecha límite del 5 de septiembre que 10 estados liderados por Texas han puesto a Trump para que termine con el programa. De lo contrario, llevarán el caso a la Justicia.

El DACA fue aprobado en 2012 por el ex presidente Barack Obama (2009-2017) y ha frenado la deportación de unos 750.000 indocumentados que llegaron de niños al país y a los que se conoce como “dreamers”.