El gobierno de Trump pretende tratar a niños centroamericanos como “pequeños terroristas”

El abogado constitucionalista Peter Schey ha estado en las lides legales por bastante tiempo y aunque no le sorprenden las más recientes propuestas del gobierno de Trump para cambiar el sistema de inmigración en Estados Unidos, su sentencia sobre ellas es demoledora.

“Lo que la Casa Blanca está planeando es un salto atrás de 30 o 40 años en leyes migratorias”, dijo Schey. “En particular, los cambios al sistema de asilo y lo que se proponen hacer con menores de edad que buscan refugio es horrendo, es catastrófico”

Trump está “creando la receta para el masivo abuso infantil” de miles, decenas de miles de niños y menores centroamericanos que vienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, intentando escapar los  niveles de violencia, homicidio, violación y secuestro más altos del hemisferio occidental.

“Lo que propone Trump es tratar a estos menores de edad como pequeños terroristas“, dijo Schey. “Bajo sus supuestos principios de reforma legal, los niños no tendrán acceso a abogado ni tiempo de buscarse uno, estarán detenidos, solos y traumatizados después del viaje, que ya de por sí, es traumatizante”.

Schey fue uno de los abogados que argumentó Plyler v Doe ante la Corte Suprema, logrando establecer que no puede negarse la educación pública a un niño por su estatus migratorio. Su historial supera los 100 casos legales, demandas colectivas y de derechos civiles, incluyendo las demandas contra la proposición 187 en California en los años noventa.

Desde mediados de los noventas, ha peleado legalmente por defender los derechos de los menores refugiados y litigó el famoso caso Flores y hace unos meses fue contratado por la ciudad de Los Angeles para diseñar políticas de protección para los inmigrantes, frente a los ataques del actual gobierno.

La propuesta es “un acto de sabotaje”

El plan de “principios migratorios” presentado por la Casa Blanca este pasado domingo, pretende agilizar la deportación de niños no acompañados, sin derecho a una audiencia; eliminar el “Acuerdo Flores”, que impone límites en la detención, trato y tipo de instalaciones donde se encierra a niños migrantes, y eliminar las protecciones para niños con padres en EEUU.

La Casa Blanca pretende, en otras palabras, destruir cualquier oportunidad de asilo para decenas de miles de centroamericanos refugiados a cambio de una supuesta solución para el caso los “dreamers” o jóvenes con el beneficio DACA.

Una de las perennes acusaciones de la derecha anti inmigrante, muchos de los cuyos “cerebros” ahora son asesores de Trump, es que la implementación del programa DACA por parte del presidente Obama en 2012 fue lo que instigó a decenas de miles de jóvenes centroamericanos a venir sin papeles a Estados Unidos en los años subsiguientes.

Numerosas organizaciones nacionales e internacionales han documentado el éxodo de familias con niños y menores de edad de los mencionados países centroamericanos, que han escapado no solo hacia Estados Unidos sino hacia otras naciones de la región debido a la violencia.

El abogado, cuyo trabajo legal y social de varias décadas ha estado destinado en gran medida a proteger a los niños refugiados,  dijo que ligar el futuro de los “dreamers” al de los jóvenes centroamericanos es un “acto de sabotaje”.

 “Los méritos de los dreamers se sostienen por sí mismos. Estos cientos de miles de muchachos merecen una solución o no la merecen, y la mayoría de los estadounidenses, incluyendo el mismo Trump, creen que la merecen”, apuntó.

“No hay que mezclar las dos cosas, ya que nada tienen que ver la una con la otra”, apuntó.

El abogado,  inmigrante de Sudáfrica, es toda una leyenda legal en los Estados Unidos y su organización, el Centro de Derechos Constitucionales y Humanos de  Los Ángeles, fue la principal demandante en el caso Flores.

Schey y su colega Carlos Holguín demandaron en los años ochenta al gobierno de Estados Unidos por el trato a menores refugiados utilizando el caso de Jenny Lisette Flores, una niña salvadoreña de 15 años arrestada en 1985 entrando a Estados Unidos y detenida prácticamente como una criminal.

El caso fue litigado durante 9 años y llegó a la Corte Suprema, produciendo en 1993 un acuerdo que llevó a un cambio y a mejoras en las condiciones de detención de menores migrantes.

Trump pretende cambiar la ley para eliminar el acuerdo Flores y controlar las condiciones de detención en lo futuro, alegando que hay “defectos peligrosos ” en la ley y en los acuerdos y que esta población debe ser deportada lo antes posible.

“No hay ningún defecto peligroso en el acuerdo”, dijo Schey. “Lo más peligroso aquí son sus propuestas”.