Ayuda legal a inmigrantes de Santa Ana se enfocará en detenidos sin importar sus antecedentes

El primer programa de asistencia legal “realmente universal” del sur de California para personas en proceso de deportación comenzará a operar en breve en la ciudad de Santa Ana con fondos de la ciudad y de una fundación legal.

“Es un proyecto muy emocionante”, dijo a La Opinion Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Centro legal de Defensores de Inmigración, que firmó recientemente un contrato para ser el proveedor legal del mismo.

“Lo especial de este esfuerzo es que no vamos a discriminar entre un caso y otro”, dijo. “No vamos a considerar si es un buen caso, si la persona tiene antecedentes o no. Sólo vamos a tomar los casos que califiquen y a defenderlos”.

El objetivo de este tipo de acercamiento al problema de la falta de representación para inmigrantes en proceso de deportación es demostrar que todo el mundo tiene derecho a una defensa legal.

En los casos de inmigración, el gobierno no provee defensor, así que las personas sin recursos se ven en problemas para encarar los procesos que les sigue el gobierno.

En principio, el objetivo es ofrecer representación a  personas detenidas en Santa Ana Theo Lacy y en la carcel Musick de Irvine, que sean residentes de la ciudad de Santa Ana y con ingresos bajos que les impidan acceder a un abogado, explicaron los coordinadores.

Las dimensiones del programa son pequeñas en cuanto a la necesidad, pero  Toczylowski, cree que el efecto dominó será mayor del que la gente espera.

“Cada persona que logremos ayudar tendrá un efecto en una familia entera”, dijo Toczylowski. “Si un individuo se salva de la deportación, esto se refleja en niños que permanece en las escuelas, un inquilino o dueño que sigue en su casa, etc etc. Hay un efecto económico y social”.

En principio, el programa de protección legal de Santa Ana en el marco de la “Red de ciudades seguras” tendrá un presupuesto total de 165,000 dólares y podrá ayudar a 40 personas en un año.

Santa Ana tiene una población de 330,000 habitantes, el 80% de los cuales son latinos y la mitad son extranjeros.

El concejal de Santa Ana  Vicente Sarmiento reconoció que la cantidad es pequeña, pero dijo que la ciudad tenía limitaciones de presupuesto.  Agregó que este proyecto se suma a otras medidas que ha tomado la municipalidad desde inicios de año.

“Tuvimos que responder al miedo en la comunidad”, dijo Sarmiento, quien propuso la iniciativa. “Había niños faltando a la escuela, gente que no iba a trabajar y el comercio se había visto afectado. Por eso comenzamos a actuar”.

Santa Ana dio un primer paso en enero al declarase “ciudad santuario” y decidir que la municipalidad no compartiría cierta información sobre personas detenidas en su ciudad con las autoridades migratorias.

En marzo, la ciudad decidió reducir a menos de 100 los espacios que los detenidos de ICE ocupan en la cárcel de Santa Ana y el gobierno federal decidió cancelar el contrato por medio del cual pagaba a la ciudad para que “guardara” a inmigrantes detenidos por la agencia migratoria.

“Teníamos al menos cinco años con ese contrato”, dijo Sarmiento. “Nuestra acción hizo que tomaran represalias”.

La idea de usar fondos públicos para asistencia legal universal no era muy popular entre algunos de los concejales, especialmente José Solorio y Juan Villegas, que expresaron preocupación sobre la condición del presupuesto local.

Solorio también había dicho que quería que se representara únicamente a “dreamers” y personas sin antecedentes penales.

La mayoría de los fondos públicos que municipalidades y condados han lanzado en California excluyen a inmigrantes en deportación por casos de delitos graves, que no es el caso de este proyecto.

Pero Sarmiento dijo que la idea es ayudar a todos sin distinción y buscar la forma de crecer el programa en el futuro, con fondos externos.

“La gente afectada son nuestros vecinos, pagan sus impuestos, hacen comercio en nuestra ciudad”, dijo Sarmiento.

Toczylowski dijo que su organización está en el proceso de abrir una oficina en Santa Ana que se dedique exclusivamente a implementar este programa y trabajando desde ya para buscar más fondos.

“Este es el principio de algo que queríamos hacer”, dijo la abogada. “Nosotros creemos que nadie debe ir a un juez de inmigración sin un abogado que lo represente, sea quien sea”.

Agregó que esperan también que se sumen fondos del estado muy pronto para poder representar hasta un centenar de personas.

El centro legal tiene su oficina principal en Los Ángeles y otra en Riverside, aparte de la que piensan abrir en Santa Ana. El número de teléfono es 213-634-0999