Administración Trump demanda a California por sus políticas de santuario
El Departamento de Justicia ataca al Estado de California por proteger a los inmigrantes
Donald Trump y Xavier Becerra. Crédito: EFE / Getty Images
WASHINGTON— En un acto sin precedente, el Departamento de Justicia pasó de la retórica a una audaz ofensiva legal contra el estado de California, al entablar este martes una demanda en un tribunal de Sacramento para impugnar su política “santuario”.
La demanda fue presentada en un tribunal de Sacramento, capital del estado, para obviar las cortes de inclinación progresista en ciudades como San Francisco y Los Angeles, en víspera de una presentación del fiscal general, Jeff Sessions, durante la 26 conferencia anual de autoridades policiales de California.
Se trata del ataque más directo y personal contra el fiscal general de California, Xavier Becerra, quien ha liderado sendas demandas colectivas contra la política migratoria del presidente Donald Trump.
La demanda está dirigida contra Becerra y el gobernador Jerry Brown, por la implementación de tres políticas migratorias que, según la Administración, dificultan su labor de combatir la inmigración ilegal.
El documento de 18 páginas, al que tuvo acceso este diario, busca “invalidar” y prohibir de forma “preliminar y permanente” la aplicación de tres estatutos de California que, según el gobierno de Trump, “impermisiblemente discriminan contra EEUU” y violan la “cláusula de supremacía” de la Constitución, que da prioridad a las políticas del gobierno federal.
La Administración Trump se ha ensañado en particular contra tres leyes aprobadas en el último año en California: el “Acta de Protección de Trabajadores Inmigrantes” (“AB450”), que prohíbe que los empleadores cooperen voluntariamente con autoridades de Inmigración so pena de multas; la “AB103”, que autoriza investigar las acciones de los agentes de inmigración, y la “SB54”, que restringe la cooperación de las autoridades locales y estatales con los agentes de Inmigración.
Esas tres leyes, en su conjunto, son un “esfuerzo deliberado” para obstruir el cumplimiento de las leyes migratorias federales, indicó la demanda.
Según un extracto del discurso de Sessions, el titular del Departamento de Justicia dirá mañana en el encuentro en Sacramento que la Administración Trump emprenderá una lucha contra “estas políticas injustas e inconstitucionales” impuestas por el gobierno estatal a las autoridades policiales.
“Estamos luchando para que su trabajo sea más seguro, y para ayudarlos a reducir los crímenes en EEUU. Y creo que vamos a ganar”, afirmará Sessions durante su intervención ante la conferencia anual de la Asociación de Oficiales de Paz de California, en la que también participará Becerra.
Sessions es conocido por su “línea dura” contra la inmigración ilegal desde sus días como senador republicano de Alabama, pero ahora ha puesto énfasis en una lucha campal contra los inmigrantes indocumentados, equiparándolos con criminales, y contra la pandilla “MS-13”.
La estrategia de “nosotros contra ellos” es parte del guión que también mantiene el director interino de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Tom Homan, quien condenó la semana pasada que la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, haya sonado las armas sobre nuevas redadas en la zona.
La demanda del gobierno de Trump –la primera de esta Administración en impugnar leyes migratorias de un estado-, fue defendida también por la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien dijo en un comunicado que California a propósito ha optado por “contradecir la voluntad y responsabilidad del Congreso de proteger nuestra patria”.
La acción del Departamento de Justicia no tomó a nadie por sorpresa, tomando en cuenta que Sessions ya había emitido advertencias contra California y otra veintena de jurisdicciones “santuario”, a las que amenazó con suprimir ciertos fondos policiales.
Una fuente del Departamento de Justicia, que pidió el anonimato porque no está autorizada a discutir el asunto, dijo a este diario que la Administración no descarta entablar demandas similares contra otros gobiernos que han adoptado políticas “santuario”.
La acción contra California es similar a la que adoptó en 2010 la Administración Obama contra Arizona: la entonces gobernadora Jan Brewer, había promulgado la ley “SB1070” para recrudecer el combate contra la población indocumentada en ese estado.
El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que terminó anulando varias de las cláusulas de esa ley al declararlas anticonstitucional, e insistió en que sólo el Congreso puede establecer la política migratoria del gobierno federal.
