Piden se incluya a los trabajadores sin documentos en los alivios económicos

Una coalición de más de 75 organizaciones le pidió al gobernador de California, a través de un texto, que incluya a los inmigrantes sin documentos como beneficiarios de los alivios económicos que aprobó el Congreso la semana pasada.

Dichos beneficios son para aliviar la situación económica de las personas ante la pandemia del COVID-19 que sigue creciendo a nivel nacional y en el estado principalmente.

Hasta el 29 de marzo, en Estados Unidos ya se habían registrado 131,376 casos de infección de los cuales, 2,328 habían muerto; mientras que en California ya había 5,718 infecciones con 122 muertos, y seguían contando.

El estímulo de 2.2 billones de dólares fue aprobado el viernes pasado en Washington, pero en este rescate fiscal no se incluyó a los trabajadores sin documentos.

Christian Ramírez, director de Política Pública del Sindicato de Trabajadores de Servicios, dijo que se unieron con otras organizaciones y sindicatos para pedirle al gobernador Gavin Newsom que tome medidas; el objetivo es que ninguna persona quede desprotegida en estos momentos de crisis.

Lo que se busca es que no se cometan “los mismos errores que cometió el gobierno federal al excluir a una gran población de este rescate financiero y mucho menos en California, donde una gran parte de la fuerza laboral es migrante”, explicó Ramírez.

Se estima que más de dos millones de trabajadores latinos en California han sido excluidos de esta ayuda, que pone en vilo el bienestar de las familias.

“Nos vemos con la urgente necesidad de que el gobierno de California pueda responder a la población migrante que radica en el estado”, siguió Ramírez. “Le hemos hecho llegar una solicitud al gobernador para que responda a esta necesidad de asegurar que todos los trabajadores californianos, sin importar su situación migratoria, puedan recibir apoyo económico para que puedan sobrepasar esta crisis de salud y la evidente crisis económica que le va a seguir”.

Ramírez agradece que el gobierno y los legisladores estatales han mostrado apertura al dialogo respecto al tema, pero insiste en que es una situación que debe resolverse a la brevedad posible, debido a la magnitud de la crisis que está enfrentado el país por el coronavirus.

“Ahora nos queda esperar respuesta del gobernador, esperar ver qué va a suceder con la legislatura que está en receso, y claro que eso nos preocupa, pero ocupamos una solución legislativa y en su defecto que el gobernador tome las medidas necesarias para tomar una acción ejecutiva”, comentó.

Viven con incertidumbre

Verónica Laguna, una beneficiaria de TPS (Temporary Protected Status, por sus siglas en inglés) que trabaja haciendo limpieza en edificios del centro de Los Ángeles, confía en que el gobernador de California escuche la petición de millones de trabajadores.

“Es una iniciativa que yo apoyo, porque no solo me va a beneficiar a mí, también a mis padres y a muchas familias que estamos en esta situación”, expresó Laguna, quien tiene 42 años y es originaria de El Salvador.

“Yo tengo TPS y hago mis impuestos con un número de seguro social, pero mucha gente inmigrante hace sus impuestos con el número ITIN (Número de Identificación del Contribuyente)”, agrega. “Ellos están cumpliendo la ley y están aportando al país y al estado, entonces por qué no tener esos beneficios. Estamos peleando por una ley que nos pueda beneficiar a todos, sin importar si tenemos o no documentos”.

Laguna, quien vive en California desde hace 19 años, es parte del 70% de inmigrantes que han vivido en el estado por más de una década, y reconoce que ha sido muy injusta la decisión que se ha tomado en Washington.

“Es como un golpe bajo, es difícil estar contribuyendo y que nos digan que no calificamos para algo por un simple papel, emocionalmente me siento rechazada y discriminada, porque solo valemos por nuestro trabajo, no valemos como personas y eso es algo que debería de cambiar, porque todos somos humanos”, declaró.

El panorama para Martha Mejía es aún más complicado, el edificio que limpiaba en Burbank cerró sus puertas por la pandemia del COVID-19. Ella perdió su empleo el pasado lunes y ahora está desamparada y enfrentando fuertes problemas económicos.

“Esta situación me está afectando como a la mayoría, porque no tenemos dinero, porque no podemos ahorrar, porque tenemos un salario abajo del nivel de pobreza de este país, y ahora estamos con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar” confiesa la mujer oriunda de la Ciudad de México.

Desempleo y salud

Christian Ramírez explicó que los beneficiarios de TPS y DACA si podrán aplicar para recibir el seguro de desempleo, pero no para el rescate financiero, además indicó que las familias de estatus mixto también se verán afectadas.

Ramírez subrayó que en el alivio económico si entrarían las personas que puedan demostrar que han estado trabajando legalmente en Estados Unidos, el problema y la confusión está en las familias de estatus migratorio mixto.

“Digamos un matrimonio, donde la esposa tiene TPS y está trabajando, pero el marido no tiene documentos para vivir en Estados Unidos”, explica. “Ese hogar, ese domicilio no puede acceder al rescate financiero que está otorgando el gobierno federal”.

El activista espera que California de un paso al frente y se convierta en referencia para otros estados con una decisión que apoye a una de las fuerzas trabajadoras más importantes del país.

“Lamentablemente el racismo y el clima antiinmigrante que impera en el país sigue contaminando la política pública en Washington”, siguió Ramírez. “Es muy lamentable que tanto demócratas y republicanos hayan caído en ese juego, porque este virus no respeta situación migratoria y no puede ser tan miope al dejar en el abandono a gran parte de nuestra población”.

Ramírez, cuyo sindicato representa a unos 45,000 trabajadores en California, pide a la comunidad latina que busque atención médica si presenta síntomas del COVID-19.

“Sin importar su situación migratoria, cualquier persona que tenga los síntomas del coronavirus tiene que acercarse a una clínica comunitaria”, expresó Ramírez. “Exhortamos a nuestra población a que se acerquen a las clínicas comunitarias, a nadie se le puede negar ese derecho”.