Un juez veterano del Condado de Cook ha sido bloqueado repetidamente para que no trate casos de delitos sexuales. Esta es la razón

Una adolescente de Chicago le suplicó al juez del Condado de Cook, James Linn, que impusiera la pena máxima de prisión al hombre que la agredió sexualmente a ella y a sus dos hermanas, durante varios años, y amenazó con matarlas si se lo contaban a alguien.

“Ayúdenos a asegurarnos de que habrá un violador menos en las calles”, escribió la joven, entonces de 19 años, en una declaración sobre el impacto en la víctima leída en voz alta en la audiencia de sentencia, en mayo de 2011. “Al final del día, solo quiero que se haga justicia de la manera correcta. Sin absolutamente ninguna indulgencia, porque no nos mostró ninguna”.

Pero en un giro favorable para el acusado, Joseph Fultz, Linn dio un paso extraordinario e inusual al revertir el veredicto del jurado y condenarlo por un cargo sexual mucho menos grave. Luego lo sentenció a 18 años de prisión, muy lejos de la cadena perpetua obligatoria que enfrentaba si la decisión del jurado se hubiera mantenido.

Para la oficina del fiscal estatal del Condado de Cook, el cambio radical fue la gota que colmó el vaso después de una serie de decisiones de Linn sobre casos sexuales que los fiscales consideraron desfavorables, según correos electrónicos internos de la oficina y entrevistas con varios exfiscales.

“¿Cuál es su problema?”, escribió en un correo electrónico sobre Linn la entonces Fiscal del Estado, Anita Álvarez. “Esto se está yendo de las manos”.

La oficina del fiscal del estado comenzó a utilizar regularmente una oscura maniobra legal para sacar a Linn de cualquier caso sexual que se le asignara, presentando lo que se conoce como mociones para la sustitución de juez (SOJ en inglés). No era necesario dar ninguna razón para desplazar a Linn, y nombrar rápidamente un nuevo juez en su lugar.

En menos de dos años después de su controvertido manejo del caso de Fultz, Linn fue rechazado en por lo menos 25 casos sexuales usando SOJ, aproximadamente cuatro veces más que el juez más cercano, según un análisis sin precedentes de casos de los tribunales penales.

Entonces sucedió algo que aún no se ha explicado completamente: la cantidad de casos de delitos sexuales asignados por computadora a Linn disminuyó drásticamente en los años siguientes, lo que sugiere que funcionarios de la corte, conscientes de la campaña de la fiscalía estatal, dejaron de tenerlo en cuenta.

Como resultado, Linn no ha presidido ningún caso sexual desde noviembre de 2013, después de haber supervisado más juicios relacionados con delitos sexuales que cualquier otro juez del Condado de Cook en los últimos 13 años. Esta comprobación surge del análisis que hizo The Circuit, una nueva colaboración de investigación de las organizaciones noticiosas sin fines de lucro Better Government Association, Injustice Watch y The Chicago Reporter.

Hablando por primera vez, tres mujeres que testificaron en el tribunal de Linn dicen que el trato indulgente del juez a los agresores sexuales las dejó sintiéndose victimizadas dos veces, primero por las agresiones sexuales y luego por un magistrado que no les creyó del todo.

Linn “realmente no pensó en los daños emocionales que [Fultz] me causó a mí o a mis hermanas, o en lo enfermo que estaba”, dijo la más joven de las víctimas, que solo tenía 12 años en el momento de la sentencia.

La mujer, que ahora tiene 22 años y es madre de dos hijos, emitió una declaración en la que decía que no pensaba recuperar jamás su fe en el sistema judicial.

“Y no es por este caso”, escribió la mujer, que es afroamericana. “Es porque la mayoría de las veces a la gente no le importa las personas que se parecen a mí, o que tienen mi tipo de experiencia. Es por eso que tantos se toman la ley en sus manos”.

Linn, que actualmente preside el caso de alto perfil del actor Jussie Smollett, acusado de orquestar un supuesto ataque racista en su contra, se negó a hablar con The Circuit a través de una portavoz de la corte.

Menos casos de delitos sexuales se dirigen hacia Linn

El proyecto de The Circuit, que incluye un primer análisis de más de dos décadas de datos judiciales sobre casi un millón de casos de delitos graves en el Condado de Cook, examinó los SOJ porque muchos abogados consideran que una gran cantidad de esas mociones pueden ser una potencial señal de alerta sobre la rectitud o temperamento de los jueces.

Entre 2000 y 2013, Linn presidió más juicios judiciales relacionados con delitos sexuales que cualquier otro juez del Condado de Cook, una medida del nivel de comodidad que sentían los abogados defensores al permitir que el juez veterano, y no los jurados, decidiera el destino de sus clientes, comprobó el análisis de The Circuit.

Más que otros jueces, Linn mostró una tendencia a encontrar culpables a los acusados ​​de cargos sexuales, pero por delitos menos graves. Entre 2000 y 2013, lo hizo al menos 13 veces por separado en 67 juicios sin jurado que manejó, relacionados con cargos sexuales, según el análisis. Ningún otro juez del Condado de Cook se le acercó.

Al revisar la gran cantidad de SOJ presentados contra Linn por los fiscales, tanto al mando de la procuradora estatal actual Kim Foxx, como de su predecesora, Álvarez, The Circuit también encontró un patrón que indicaría que el juez a cargo de la división criminal —quien se supone asigna aleatoriamente los casos a los magistrados de niveles inferiores— igualmente dejó de referir casos sexuales a Linn.

Ese patrón se reflejó en un correo electrónico interno de uno de los principales fiscales de la oficina de Foxx, que se obtuvo en virtud de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA en inglés) que hizo The Circuit.

“Llevamos tanto tiempo en SOJing [sustituyendo a Linn] en casos de sexo que los dos últimos jueces presidentes ni siquiera se los envían”, escribió en 2017 a un superior Joseph Magats, entonces jefe de la oficina de procesos criminales y ahora primer asistente de Foxx.

Pero el análisis de los datos de la corte presenta un panorama más complicado que la afirmación de Magats. Desde 2014, solo un puñado de casos sexuales fueron asignados cada año a Linn, que luego fueron transferidos rápidamente a otro juez. Y tanto en 2016 como en 2018, el análisis de los datos que hizo The Circuit no comprobó que se hubiera asignado ningún caso sexual al azar a Linn.

Eso representa un marcado contraste entre el período 2000 y 2013, cuando a Linn se le asignó aleatoriamente un promedio de casi 35 casos sexuales por año, comprobó el análisis.

Con menos casos de sexo asignados a Linn, los fiscales no han tenido que sustituirlo tanto en los últimos años, una ventaja para la oficina del fiscal del estado, ya que esas mociones corren el riesgo de ofender a los jueces que presiden cientos de casos penales.

A pesar de que Linn recibió drásticamente menos casos con cargos sexuales, el juez LeRoy Martin Jr., quien preside la división criminal, insistió en que todos los casos aún se asignan al azar a los jueces de la división, según un comunicado emitido en su nombre por el juez principal del Condado de Cook. A través de una portavoz de la corte, se negó a ser entrevistado para esta historia.

El predecesor de Martin, Paul Biebel Jr., quien se retiró en 2015, también negó haber realizado cambios durante su mandato en la asignación aleatoria computarizada de casos penales. Magats no devolvió llamadas ni correos electrónicos, y Álvarez se negó a comentar. Foxx no respondió a una solicitud de entrevista, pero su oficina emitió una breve declaración a través de una portavoz en la que dijo que las decisiones de sustituir a Linn en casos sexuales estaban “basadas en la información disponible en ese momento”.

Si bien los fiscales han tratado repetidamente de impedir que Linn decida sobre casos de sexo, su desdén por él no se traslada a otros delitos graves, según el análisis.

Es más, varios abogados defensores apoyaron el manejo de los cargos sexuales por el juez y dijeron que Linn simplemente pidió a los fiscales que probaran su caso, cargos sexuales o no, más allá de toda duda razonable.

De hecho, en más de tres décadas en el tribunal, Linn ha impuesto largas condenas a delincuentes sexuales. En 2002, por ejemplo, condenó a Mark Anthony Lewis a 120 años de prisión por violar a una niña de 15 años en la zona norte de la ciudad.

“Empieza sin prejuicios”, dijo el abogado Keith Thiel, a quien Linn absolvió a dos clientes de cargos de proxenetismo y prostitución en 2013, uno de los últimos juicios sin jurado por delitos sexuales supervisados ​​por este magistrado. Agregó que ha defendido más de una docena de casos en la corte de Linn a lo largo de los años, y “no lo considero orientado hacia el estado, pero tampoco hacia la defensa. Realmente está en la mitad del camino… Él pone los pies de todos en el fuego”.

Raúl Villalobos, abogado defensor desde hace mucho tiempo y exfiscal del Condado de Cook, dijo que Linn, cuyo padre también sirvió en un escaño del Circuito de Cortes, no teme a la controversia.

Villalobos recordó a un cliente que enfrentó cargos de agresión sexual criminal depredadora por presuntamente violar a un niño de 7 años. Linn lo condenó por cargos menores de abuso sexual en junio de 2012 y lo sentenció a tres años de prisión.

“[Si] cree que alguien es culpable, lo declarará culpable”, dijo Villalobos. “Pero él exige al estado una carga de prueba que va más allá de toda duda razonable”.

Preguntas sobre la “elección de foros”

Casi al mismo tiempo que la oficina del fiscal del estado sustituía a Linn en casos de sexo, también usaba el mismo libro de jugadas con otro juez por una razón diferente, comprobó la investigación de The Circuit.

Desde 2013, los fiscales actuaron para sustituir más de una docena de veces a la jueza Ann Finley Collins, asignada a la corte de Maywood, en la zona suburbana del oeste, en casos de conducción en estado de ebriedad. Los SOJ se produjeron después de que un grupo de vigilantes de la corte, y la policía del suburbio de Riverside, apelaran al juez principal del condado por varias absoluciones y fallos favorables dictados por Collins en casos de personas que conducían ebrias.

Collins, exasistente de la defensoría pública, no respondió a las repetidas llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios.

Aunque la sustitución de Linn y Collins indica que los fiscales ven a esos jueces como parciales, algunos expertos legales cuestionaron la práctica del fiscal del estado de cambiar rutinariamente a un juez en ciertos tipos de casos.

Frank Cece Jr., abogado defensor desde hace mucho tiempo y exfiscal adjunto del estado, dijo que las medidas eran intentos obvios de los fiscales para obtener un resultado más favorable.

“Que [el] estado elija foros como patrón y práctica con un solo juez está más allá de los límites”, dijo.

Bennett Gershman, profesor de derecho en la Universidad Pace en White Plains, Nueva York, y experto en ética procesal, también expresó su preocupación de que las sustituciones rutinarias de un juez pudieran representar una extralimitación de los fiscales.

“Me parece que se está haciendo un mal uso de la capacidad de destituir [a los jueces]… de una manera [para] sesgar el procedimiento y beneficiar mejor al fiscal”, dijo.

La capacidad de sustituir a los jueces en Illinois se otorgó primero a los abogados defensores, pero la Corte Suprema de Illinois extendió el derecho a los fiscales en una decisión hace más de tres décadas.

Patricia Brown Holmes, exjueza del Condado de Cook y fiscal federal que argumentó con éxito ese caso, dijo que las SOJ les dan a los abogados “la capacidad de sentir que no se le asigna a uno un juez en particular y no se puede hacer nada al respecto”.

Sin embargo, en ocasiones, el uso regular de SOJ por parte de los fiscales contra el mismo juez se ha convertido en un punto de discusión.

En 1990, la Corte Suprema de Illinois dictaminó que el fiscal del estado en el Condado de St. Clair, sur de Illinois, no podía usar las mociones para bloquear repetidamente a un juez y evitar que resolviera casos de delitos graves, en un esfuerzo por forzar a que fuera reasignado.

Más de una década después, un juez del Condado de Cook, Leo Holt, se quejó de que la oficina del fiscal del estado había estado participando en un patrón para eliminar los casos de delitos graves en su corte, tras ser designado en el edificio central del Circuito de Cortes, de la calle 26 y la avenida California. Los fiscales negaron las acusaciones y llevaron la pelea, con resultados mixtos, a la Corte Suprema de Illinois en varias ocasiones después de que Holt se negó a apartarse de un puñado de casos.

El ahora fallecido Holt era afroamericano y ayudó a defender a Martin Luther King Jr. como abogado privado durante las marchas por la vivienda en Chicago, en la década de 1960. Holt tenía la reputación de emitir sentencias y absoluciones más ligeras, afirmaban sus detractores que lo apodaban burlonamente “Let’ Em Go Leo” (Déjalos ir Leo). Sus partidarios argumentaron que la campaña de los fiscales en su contra era racista.

Casi al mismo tiempo, otro juez afroamericano, James L. Rhodes, que manejó casos de menores y delitos graves en la Corte de Distrito de Markham, en los suburbios del sur, desafió con éxito a los fiscales en sus esfuerzos para también sustituirlo regularmente.

“Su idea sobre qué hacer con los menores es simplemente encerrar a todos”, dijo Rhodes, ahora jubilado, en una entrevista reciente. “Como yo no estaba de acuerdo con eso, no lo hice… No querían enviarme casos”.

‘Una palmada en la muñeca’

Antes de que Linn revocara el veredicto del jurado de Fultz, su manejo de otros casos sexuales había provocado la ira de la oficina del fiscal del estado.

Aproximadamente al mismo tiempo de la sentencia de Fultz en 2011, Linn declaró culpable de conducta sexual inapropiada, y de mala conducta oficial, al oficial de libertad condicional del Departamento de Correccional de Illinois Robert Rowels. Su víctima fue una mujer de unos 20 años que se encontraba en libertad condicional y era amenazada de volver a prisión si no tenía sexo con él.

Pero el juez absolvió a Rowels de cargos de agresión sexual más graves a pesar de que las autoridades dijeron que era implicado por evidencia de ADN. Rowels, quien arriesgaba por lo menos cuatro años de prisión si era declarado culpable de los cargos más graves, fue sentenciado por Linn a 120 días en la cárcel del Condado de Cook y dos años de libertad condicional. Rowels se negó a comentar para esta historia.

En una entrevista telefónica, la víctima en este caso dijo que la oficina del fiscal del estado nunca le había informado mucho sobre lo que le sucedió a Rowels, más allá de su condena. Cuando un reportero de The Circuit compartió más detalles sobre el resultado de hace nueve años, la mujer calificó la corta sentencia de cárcel como “desgarradora”.

“Básicamente, recibió una palmada en la muñeca”, dijo Kimeda McGinnis, quien eligió hacer público su nombre para esta historia con la esperanza de ayudar en su propia curación y quizás inspirar a presentarse a otras víctimas de violación.

McGinnis, quien se mudó fuera del estado después de la terrible experiencia, no se arrepiente de haber presentado la evidencia del ADN, a pesar del resultado final del caso y las represalias que dijo haber experimentado de su próximo oficial de libertad condicional.

“Si lo permites, te puede destrozar el alma”, dijo.

A principios de ese año, en otro giro sorprendente, Linn rechazó la condena por agresión sexual que había emitido contra Ryan Logan, que vivía en el vecindario de River North en Chicago.

La decisión se tomó en febrero de 2011, pocos meses después de que Linn encontrara culpable a Logan de violar a una mujer de 31 años que conoció en Match.com, mientras lo absolvía de la agresión sexual a otra mujer que conoció en el sitio web de citas. En cambio, Linn redujo la condena de Logan a un cargo menor de abuso sexual y lo sentenció a sólo 90 días de cárcel. Logan arriesgaba hasta 15 años de prisión antes de que Linn le rebajara la condena por violación.

El abogado Daniel Kirschner, quien representó a la víctima en una demanda contra Logan y Match.com, dijo que Linn redujo la condena después de que el acusado realizó un tratamiento en un centro para delincuentes sexuales.

“Mi cliente no estaba muy satisfecha”, dijo Kirschner recientemente.

Otra decisión que atrajo el escrutinio se produjo en 2009. Linn encontró culpable a George Turner III, entrenador de baloncesto de la escuela secundaria preparatoria Walter Payton College, de abusar sexualmente de dos niñas estudiantes, pero lo absolvió de los cargos más graves de agresión sexual a una adolescente. Linn sentenció a Turner a tres años de libertad condicional y lo multó con 25,000 dólares.

En una entrevista, una de las sobrevivientes, Camille Rodríguez, quien también quiso hacer público su nombre para esta historia, dijo que aprendió a no confiar en el sistema legal después de que Linn absolviera a Turner de los cargos más graves que la involucraban a pesar de su testimonio en el juicio.

Rodríguez dijo que todavía recordaba a Linn declarar que pensaba que algo había sucedido, pero no en el grado que ella había descrito.

“Saber que me senté en la sala del tribunal con un grupo de adultos que me agredían, diciendo que una chica de 15 años podía seducir a un hombre de 30, 40 años…, me llevó a creer que no pude mostrar realmente lo que sucedió”, dijo Rodríguez, que ahora es una trabajadora social que vive fuera del estado. “No era él el juzgado; yo fui enjuiciada”, dijo.

Una demanda presentada por Rodríguez alegaba que Turner la violó repetidamente cuando era el gerente del equipo de baloncesto masculino.

Rodríguez, que todavía se aferra al trauma más de una década después del juicio, dijo que una pena de prisión no habría curado su dolor, pero la habría ayudado de otras formas.

“Al menos me habría llevado a creer que a alguien le importaba una mierda”, dijo. “Esta culpa interiorizada es irracional. Lo sé con cada fibra de mi cerebro, pero no lo he aceptado”.

Turner no devolvió múltiples llamadas en busca de comentarios.

Revertir el dictamen de un jurado

Solo unas semanas antes de la sentencia de Fultz, en mayo de 2011, Linn hizo el sorprendente anuncio. Meses después de que el jurado encontrara a Fultz culpable de agresión sexual criminal depredadora por los repetidos ataques a las tres niñas menores de edad, Linn rebajó la condena a abuso sexual criminal agravado, un delito mucho menos grave.

En la audiencia, William Woelkers, un defensor público asistente que representó a Fultz, le pidió a Linn que desestimara la condena del jurado, señalando lo que dijo era una falta de evidencia física y un testimonio inconsistente de las tres niñas en el juicio, según los registros judiciales.

Stephanie Miller, la fiscal principal, se opuso enérgicamente a la decisión de Linn, y señaló que el jurado, no el juez, estaba en una “posición muy superior” para determinar la veracidad del testimonio de las víctimas.

“Le pedimos que no perturbe el veredicto del jurado”, dijo, según una transcripción de la audiencia.

En su decisión, Linn señaló que la ley estatal requería una sentencia de cadena perpetua para una condena por los cargos de agresión sexual criminal depredadora y cuestionó si el crimen cumplía con la definición de un cargo que requería penetración.

“Creo que abusaron sexualmente de los niños”, dijo el juez. “Así que ajustaré el fallo del jurado, con la fuerte objeción del gobierno. No puedo decir esto lo suficientemente fuerte. Se oponen absolutamente a que el tribunal lo considere”.

En una carta leída en la sentencia de Fultz, la madre de las tres víctimas lamentó que inicialmente no había creído las historias de agresión de las niñas.

“Han tenido que contar esta historia una y otra vez. Eso es difícil para una víctima de violación; es difícil para mí escuchar y ver el dolor en sus caras”, escribió la madre. “La confusión de preguntarme por qué nadie… las ayudó, incluyéndome a mí. Ha sido difícil encontrarles una sonrisa algunos días”.

La hermana del medio dijo en su declaración de impacto de víctima que Fultz la perseguía en sus sueños y que vivía con el temor de que él cumpliera con sus amenazas de matarla a ella y a sus hermanas, si alguna vez lo liberaban.

“Solo espero que se haga justicia”, escribió.

Woelkers, el abogado de Fultz, pidió clemencia y señaló la trágica vida de su defendido. Fue abusado sexualmente cuando era niño, abandonó la escuela secundaria Harper en su segundo año, debido a una discapacidad de aprendizaje, e intentó suicidarse en 1999 después del asesinato de su hijo y su novia, según los registros judiciales.

Linn condenó a Fultz a 18 años de prisión, un marcado contraste con la cadena perpetua obligatoria que una vez enfrentó. Fultz terminó cumpliendo aproximadamente la mitad de ese tiempo antes de su liberación de prisión. Murió a principios de este año de una enfermedad cardíaca, según muestran los registros.

La más joven de las víctimas de Fultz dijo que su muerte, así como el hecho de que ella hiciera pública su historia, le ha traído cierto alivio.

“Sigo siendo esa niña que fue víctima”, escribió en un correo electrónico. “Cada vez que pienso en lo que fue o recuerdo lo que hizo, todavía me siento como una víctima. Pero pensando en dónde estaba entonces y ahora, soy una sobreviviente”.

Los correos electrónicos obtenidos de la oficina del fiscal del estado en respuesta a la solicitud FOIA dejan en claro que la revocación de Linn del veredicto del jurado marcó un punto de quiebre para la oficina.

“El juez Linn y su aversión a las cadenas perpetuas naturales parecen haber vuelto a golpear ayer”, escribió Magats, de la oficina de procesos penales del fiscal del estado, al notificar a los superiores de la decisión en abril de 2011.

Anita Álvarez expresó su preocupación, al igual que Daniel Kirk, su jefe de gabinete en ese momento.

“Vamos a tener que hacer algo”, escribió Kirk sobre Linn en la cadena de correo electrónico. “Está empeorando”.

Al mes siguiente, a Linn se le asignó al azar el caso de Cortez Foster, un hombre sin hogar acusado de agredir sexualmente y robar a un abuelo en Grant Park.

Los fiscales se apresuraron a sacar a Linn del caso. Otro juez condenó posteriormente a Foster a cadena perpetua.

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El análisis de datos para esta historia fue realizado por Forest Gregg y Hannah Cushman Garland de DataMade y Jared Rutecki de Better Government Association.

Traducido por Jorge Mederos.