La cruda realidad de los robos de salarios: trabajadores del Condado de Cook siguen siendo engañados

CHICAGO — Nicolás Fuentes nunca olvidará el día en que cuando se presentó a su trabajo en Olmarc Packaging Co., en North Lake, a él y su esposa, Isabel, quien también trabajaba ahí, y a otros cientos de trabajadores se les notificó repentinamente que la planta cerraría sus puertas para siempre y que sus servicios ya no eran requeridos.

Fuentes, líder de un sindicato de trabajadores que trabajaba en Olmarc Packaging desde 1990, y todos los afectados quedaron en absoluto estado de shock. Fue el comienzo de una larga trayectoria para poder recuperar lo que la empresa les quedó debiendo a los Fuentes, alrededor de $1,014 a cada uno por tiempo de vacaciones no usadas y una semana entera de salario.

Después de tres largos años de lucha que comenzó con una queja ante Departamento del Trabajo de Illinois y que terminó en las manos de la fiscalía del estado, se determinó que los Fuentes y al menos unos 500 trabajadores no recuperarían ni un dólar de los salarios que se les debían porque la empresa se declaró en quiebra.

“Mire, la central de labor [Departamento del trabajo] no ayuda a los pobres. Solamente a las empresas y a los ricos. Ya no hubo forma de hacer nada”, dijo Fuentes. “La mayoría de los trabajadores tenían de 15 a 20 años trabajando en esa empresa. Muchos confiaban en la palabra del dueño. Y muchos confiaban en mí. Había mucha gente que tenía la esperanza de que yo iba a seguir luchando. Cuando nos enteramos se sintieron defraudados de mí y de todos, y ya no quisimos saber nada”, dijo Fuentes con inmensa frustración como si el hecho hubiese ocurrido ayer.

Cuando la empresa Olmarc Packaging cerró en 2008, tenía instalaciones en North Lake y Franklin Park y empleaba aproximadamente 2,000 trabajadores, según Martín Unzueta, director ejecutivo de la organización Derechos de los Trabajadores de la Comunidad de Chicago (Chicago Community and Worker’s Rights).

“Esta empresa acostumbraba a decirles a sus trabajadores que acumularan vacaciones y que si no se las tomaban se las traspasarían al siguiente año. Entonces era como una cosa normal acumular las vacaciones. Habían trabajadores que llevaban hasta tres a cuatro años acumulando de vacaciones”, dijo Unzueta.

Muchos sospechan, entre ellos Unzueta y Fuentes, que los dueños de la empresa, los hermanos Aldo, Dennis and Ken Marchetti, abrieron otra fábrica bajo otro nombre y en otra localidad, haciéndose de millones en ganancias. La empresa vendió sus bienes por medio de una subasta en línea en BIDITUP el 28 y 29 de octubre del 2008.

Pero esta suposición ha sido difícil de comprobar. Según Dona Leonard, funcionaria de la Secretaría de Estado de Illinois, la agencia no tiene la capacidad de “determinar qué negocio habría abierto este empleador con un nuevo nombre. Necesitamos el nombre del negocio para hacer una búsqueda en nuestros registros”, dijo.

Nicolás Fuentes, de 79 años de edad, y su esposa Isabel, de 67 años, nunca más pudieron encontrar otro trabajo. Él piensa que las oportunidades de empleo se les negaron a ambos debido a la edad. Y aunque disfrutan del apoyo económico y moral de sus hijos, el recuerdo de lo que les pasó les causa pena y desilusión por la injusticia que les tocó vivir no solo a ellos sino que a cientos de trabajadores.

Trabajadores pierden aproximadamente $9 millones a la semana

Un estudio masivo del 2008 sobre el robo de salarios, llevado a cabo colaborativamente por un grupo de investigadores, organizaciones y universidades, incluyendo el Centro de Desarrollo Urbano de la Universidad de Illinois en Chicago, descubrió que los trabajadores en el Condado de Cook pierden alrededor de $7.3 millones de dólares semanalmente. Tomando en cuenta la inflación económica del país, esa cifra equivaldría hoy a aproximadamente $9 millones de dólares, según Alison Dickson, profesora del programa de educación laboral de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Dickson, quien participó en la investigación, indicó que la cantidad se calculó en base a miles de encuestas a trabajadores en industrias donde se pagan salarios mínimos.

“Este estudio provocó un gran efecto dominó porque los hallazgos fueron tan impresionantes. Por ejemplo, Hilda Solís, la secretaria de trabajo en ese momento bajo el presidente Obama, inmediatamente después de leer ese informe contrató a 1,000 inspectores más para el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Esos son el tipo de impactos que queremos tener”, dijo Dickson.

Los funcionarios electos en Chicago también prestaron atención al estudio, generando diferentes ordenanzas para ayudar a los trabajadores, incluyendo la Ordenanza de Licencia por Enfermedad que comenzó a regir en el 2017 y la Ordenanza de la Semana Laboral Justa, que entró en vigor en julio de 2020, para regular los horarios de los trabajadores.

La irregularidad de los horarios de trabajo, según Dickson, “es algo que se ve especialmente en el comercio de retail y el servicio de alimentos, donde los trabajadores realmente no pueden saber cuántas horas van a trabajar a la semana”.

A pesar de las medidas, el problema de los robos de salarios en el país no ha mejorado sino que ha empeorado, según Dickson y otros profesionales dedicados a batallar contra este crudo problema, que afecta desmedidamente a trabajadores inmigrantes e indocumentados.

“El salario mínimo ha subido. Por lo tanto, hay empleadores que están encontrando nuevas maneras de engañar a los trabajadores para minimizar sus pérdidas y obtener ganancias [aprovechándose] de los trabajadores pobres”, dijo Dickson. “Estoy viendo a mucha gente que se enfrenta a cosas como trabajar fuera de los horarios establecidos o trabajar en lo que se conoce como ‘cierre y abre’, que es cuando tú cierras, terminas el turno al final de la noche pero luego tienes que abrir a primera hora de la mañana”.

Con el covid-19 el robo de salarios es ‘peor que nunca’

¿Han empeorado los robos de salarios durante la pandemia? “Es peor que nunca. Hemos visto muchas irregularidades”, aseveró Jorge Mujica, organizador de campañas laborales de la organización Arise Chicago. Antes de la pandemia Arise recibía de 30 a 40 llamadas a la semana de trabajadores que necesitaban ayuda. Desde abril de 2020 hasta hoy, Mujica dice que reciben entre 80 y 100 llamadas al día con reclamos de robos de salarios.

Como los salarios mínimos aumentaron a partir del primero de julio de 2020 en Chicago —$13.50 por hora para empleadores con cuatro a 20 trabajadores y $14 por hora para empleadores con 21 o más trabajadores— Mujica dijo que su organización ha visto muchos casos donde los patrones le dicen a los trabajadores que no pueden darles los aumentos debido a la crisis. Por lo tanto, muchos están recortando los salarios ilegalmente.

Mujica añadió que ha sido difícil confirmar si estas empresas han recibido la ayuda del gobierno por medio del Programa de Protección de Nóminas (PPP en inglés), una medida de ayuda federal para negocios pequeños que han sido afectados por la crisis del coronavirus. “La ayuda no era exclusivamente para pagar salarios por lo que no hay obligación”, dijo Mujica. “En los restaurantes, por ejemplo, los patrones les han dicho a los trabajadores que ‘pues no hay dinero, por lo que no te doy salario’. [Los restaurantes] siempre han sido un gran problema”.

Martín Unzueta, quien también es vicepresidente del consejo de la Alianza Levantando el Piso (Raise the Floor Alliance), dijo que la situación más crítica se está viendo entre los trabajadores de hoteles, restaurantes y construcción en Chicago, pero más directamente los que están ubicados en el centro. “Hemos recibido muchas quejas de personas que tienen que trabajar de las 3 de la tarde hasta la medianoche, y luego abren a las 7 de la mañana, por ejemplo. Eso es una violación de la ley”, dijo Unzueta.

La Ordenanza de la Semana Laboral Justa de Chicago dicta que todo trabajador debe ser notificado de cambios de horario con siete días de anticipación. La medida fue diseñada para que las empresas establecieran horarios más estables.

Según Unzueta, otro asunto que está sucediendo con más frecuencia es la táctica del abrir y cerrar para pagar menos a los trabajadores. “Lamentablemente la ley se los permite. Muchos lugares dicen ‘pues ya no necesitamos tanta gente, vamos a cerrar’. Entonces cierran y a la semana reabren y contratan nueva gente con menos salarios. Desgraciadamente no es en contra de la ley porque las compañías pueden contratar y despedir a quienes quieran mientras no tengan un contrato colectivo”, dijo Unzueta.

La trabajadora de ascendencia mexicana Elizabeth Pérez fue una de las afectadas. Todo comenzó cuando entró a trabajar en el restaurante Capri Lounge & Grill en Willow Springs en febrero de este año para lavar platos y ayudar en la cocina. El restaurante es parte de una cadena de la empresa 5 Brothers Inc., cuyo presidente es un empresario llamado Fillipo Rovito, según registros de la Secretaría de Estado. Mientras que la familia Rovito maneja los negocios, la persona a cargo del restaurante Capri en Willow Springs se presenta como ‘Joey Capri’, aunque es miembro de la familia Rovito.

Según Pérez, ‘Joey Capri’ le dijo que le pagaría en efectivo $75 al día sin tomar en cuenta las horas que ella trabajara. “La verdad es que nunca me dijo qué me iba a pagar hasta que al final del día me dijo que eso era lo que me iba a pagar. Yo acepté porque cualquier dinero que pueda ganar me urge porque tenía cuentas atrasadas,” dijo Pérez, madre soltera de una niña de 11 años.

Ella dijo que sus horarios variaban, pero normalmente trabajaba desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche los miércoles, viernes y sábados. En promedio estaba ganando más o menos $7.50 la hora. Los problemas surgieron rápidamente al darse cuenta de que el dueño no le pagaba lo que correspondía y que varios cheques fueron rebotados por falta de fondos. “Siempre me quedaba debiendo, a mí y a mi hermana”, dijo Pérez, quien aseguró que esta práctica de pago también la hacía con los ayudantes de camareros o busboys y los cocineros, todos hispanos.

Cuando el restaurante cerró en marzo a causa de la pandemia, Pérez se quedó sin trabajo y sin un pago de $800. A su hermana, Ma Selissa Nieto, quien también trabajó en el restaurante, se le quedó debiendo $250. “‘Mañana te los doy’, me decía. Pero nunca me lo dio”, dijo. “Me siento triste porque la gente abusa de gente como yo. Nos dejaron sin comer. Me quedé un mes entero sin dinero y se me acumuló todo”.

Tras semanas de intentos por conseguir lo que se les debía, el dueño finalmente las echó gritando y amenazándolas de llamar a la policía y a inmigración.

La Raza se contactó por teléfono con ‘Joey Capri’, quien negó deberles dinero a las trabajadoras y aseguró que él les paga a todos sus empleados lo que les corresponde y a tiempo. Furioso le aseguró a La Raza que él había despedido a Pérez al descubrir que no era ciudadana y que si lo seguían molestando iba a llamar a inmigración para que fuese deportada [Pérez es indocumentada]. Un día después de la llamada telefónica con La Raza, la contadora del restaurante, quien se negó a confirmar su nombre completo, le afirmó a La Raza que el manager aceptó pagarles. Sin embargo, según Sandy Moreno, organizadora de trabajadores de la organización Trabajadores de Bodegas por la Justicia (Warehouse Workers for Justice), los abogados que representan a las hermanas exigirán una suma más alta ya que el dueño no les pagaba el salario mínimo.

Pérez y su hermana recibieron consejería laboral por parte de Moreno y los abogados son miembros de la organización Raise the Floor Alliance.

Trabajadores indocumentados

El hecho de que un trabajador sea indocumentado no significa que no tenga derechos laborales, aseveran expertos. “La gente no lo sabe, pero todos los trabajadores tienen derechos por ser trabajadores. Si eres trabajador, tienes derechos laborales. Entonces la gente piensa que por no tener papeles no tienes derechos en el trabajo”, aseveró Mujica.

Cuando un empleador amenaza a un trabajador de llamar a inmigración por ser indocumentado es ilegal. “Eso es tráfico de personas. Es esclavitud”, dijo Mujica. “Por eso la educación es muy importante. Pero es una tarea titánica. Hay gente que lo sabe pero así y todo no reclaman por temor”.

Mujica comentó sobre un caso ocurrido hace unos años en una cadena de restaurantes chinos que recibía a trabajadores por medio de una agencia temporal. La cadena tenía un sistema donde los trabajadores empezaban un día lunes y al día siguiente los dueños empezaban a provocar riñas con los empleados. Para el miércoles la situación se ponía insoportable y al llegar el jueves los trabajadores eran despedidos sin pago. “Y esto lo hacían varios restaurantes chinos sistemáticamente todas las semanas. Todos los trabajadores eran indocumentados y en su mayoría latinos. Eso se detectó, denunció y la Procuraduría de Illinois y el FBI cerraron varios de esos restaurantes en una redada”, dijo Mujica.

“Es importante darse cuenta de que todos los trabajadores en este país, independientemente de su estatus migratorio, están protegidos por las leyes laborales y de empleo”, dijo la profesora e investigadora Dickson. “Pero durante la administración Trump ha sido mucho más difícil para muchos trabajadores, especialmente para los inmigrantes indocumentados, hacer valer sus derechos debido a temores muy reales, como lo qué les sucedería si le dijeran a las autoridades gubernamentales sobre los abusos en el trabajo”.

‘El robo de salarios se hace de muchísimas formas’

Hay algunas empresas en industrias como en la construcción, restaurantes, lavado de autos y empacadoras, entre otras, que aplican astutas tácticas para no pagar o pagar de forma incompleta a sus trabajadores.

Tras representar a cientos de trabajadores desde 1991, la organización Arise Chicago ha determinado que existen al menos 22 formas de robos de salarios. Entre ellas no pagar el total del pago de los salarios (común entre los contratistas de construcción, que prometen pagar al terminar un trabajo y luego desaparecen); falta de pago de tiempo y medio por horas extras trabajadas; pago inferior al salario mínimo; pago atrasado; negar un último cheque cuando un empleado sale de la empresa o la empresa cierra; descontar, multar o deducir dinero a los trabajadores por violar algún reglamento o romper algún producto en el trabajo; descontar dinero a los trabajadores por los uniformes proporcionados por la empresa o por el transporte proporcionado por la compañía sin solicitar permiso por escrito del trabajador; no pagar a los trabajadores por tiempo acumulado pagado como vacaciones no usadas; no dar a los trabajadores la totalidad de sus propinas u obligarlos a compartirlas con trabajadores que no reciben propinas; y pagar a los trabajadores con tarjetas de débito que cobran una tarifa, entre otras.

De acuerdo a expertos, la falta de pago de tiempo y medio por horas extras trabajadas es una práctica común. Mariteré Gómez, organizadora de campañas laborales para Arise Chicago, comentó sobre el caso de un joven mexicano cuyo oficio era similar al de un mecánico de automóviles y trabajaba en un suburbio de Chicago. El joven, cuyo nombre no fue revelado debido a un acuerdo legal que él tiene con el empleador, logró recuperar casi $20,000 de tiempo extra que no le habían pagado.

“Le pedían que trabajara 12 horas al día con el mismo pago de $16. No le pagaban tiempo y medio después de las 40 horas, algo que ese sitio de trabajo no hacía”, dijo Gómez. El joven trabajó allí por casi 10 años “pero la ley también dice que solo se pueden recuperar tres años”.

El joven se percató de  que la empresa le debía mucho dinero por las horas extras que trabajaba gracias a que su esposa asistió a un taller de Arise sobre derechos laborales. Ella le dio la información y fue así como el joven se contactó con esa organización.

Tres a cuatro semanas después, el abogado de la empresa y el joven llegaron a un acuerdo. “Si se hubiese ido a demanda, la ley dice que se tiene que pagar tres veces la cantidad que se le debe al trabajador”, dijo Gómez.

Gómez indicó que la empresa no mantenía registros apropiadamente y que no les daba a sus empleados un recibo de nómina con los detalles de las horas y deducciones aplicadas, como lo dicta la ley. Ella piensa que es por eso que decidieron arreglar el caso lo más rápido posible.

Se estima que muchos otros trabajadores fueron afectados de la misma forma pero solo este trabajador presentó la queja por medio de Arise.

El eterno dilema de los lavados de autos

“Los car washers (lavados de autos) son lugares terribles. Son lugares de trabajos muy irregulares”, dijo el organizador laboral Mujica. “Hay un estudio que hicieron en 2012, donde el 56% de los trabajadores reportaban robo de salarios”.

La profesora Dickson afirmó lo mismo. “Las personas que trabajan en los lavados de autos ya son los más pobres y los más desposeídos. Esos son los peores lugares para trabajar… y muchos trabajan bajo condiciones de trabajo que son increíblemente poco seguras”.

Un ejemplo de un caso que terminó trágicamente debido a los peligros de este oficio ocurrió en julio de 2019, cuando un trabajador hispano quedó atrapado en la maquinaria del Express Car Wash ubicado en la Avenida West Lawrence en Jefferson Park. Al sufrir una grave lesión, dijo la Policía de Chicago y la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook, el hombre fue llevado al Hospital Masónico de Illinois, donde falleció a las 10:46 de la noche. El trabajador, Adam Cerceo, tenía 45 años.

Otro incidente que terminó trágicamente en un car wash sucedió cuando un trabajador fue asesinado a tiros por un cliente. El hecho sucedió en agosto del 2010 en el Citgo car wash ubicado en el 1345 de la Calle North Pulaski cuando un cliente llevó su Toyota Camry para ser lavado. Cuando se armó una discusión entre el cliente y un trabajador que se rehusó a secar su auto porque el cliente era conocido por no dar propinas, el cliente se fue del recinto para luego volver y matar a tiros al trabajador César Rosales, de 43 años.

Aunque no se ha podido confirmar, según Mujica los empleados del lugar aseveraron que el dueño no quería lidiar con el suceso, por lo que les pidió a los trabajadores del lugar que movieran el cuerpo de Rosales hacia la acera para que pareciera que el trabajador había sido asesinado en un área pública y no el establecimiento.

“El propietario afirmó que no era responsable porque dijo que técnicamente no eran sus trabajadores, ya que estaban allí voluntariamente”, dijo Mujica.

Los recintos de lavados de autos también son conocidos por la explotación al trabajador. Mujica detalló el caso de un lavado de autos llamado National Carwash ubicado en la Calle Broadway en el barrio de Uptown en Chicago, que ofrecía lavados de autos por $4, convirtiéndose en el lugar más barato de la ciudad para este tipo de servicios.

Sucedía que la empresa usaba un modelo de negocio que consistía en contratar a personas en situaciones de indigencia. Los trabajadores se presentaban a eso de las 6 de la mañana y se les exigía pagar $12 cada día por la oportunidad de poder ser seleccionado para trabajar ahí. Además, tenían que proporcionar su material de trabajo como jabones, aerosoles y toallas.

Después de que una pareja presentó una queja contra ellos a través de Arise, los propietarios acordaron pagarles varios miles de dólares (la cantidad exacta no puede ser revelada debido a un acuerdo legal), según Mujica. Los dueños del establecimiento terminaron cerrando el negocio. Se desconoce si otros trabajadores presentaron quejas similares contra este recinto.

Burocracia y largos procesos: Casi 80% de los casos no son resueltos

Un gran desafío que cientos de miles de trabajadores sufren, no solo en Chicago sino que en todo el país, es el largo proceso por el que tienen que pasar si sus reclamos no son resueltos por medio de intermediarios de organizaciones sin fines de lucro.

Cuando los casos llegan a manos de entidades estatales, el proceso podría demorar entre dos a tres años en resolverse. Ha habido casos que han durado hasta ocho años.

Hay varias formas de presentar quejas contra un empleador que no está cumpliendo con las leyes de derechos laborales. Una es por medio de alguna organización sin fines de lucro que se dedica a abogar por los trabajadores. Si el empleador y la organización llegan a un acuerdo, entonces el caso se resuelve.

Cuando los empleadores no responden, desaparecen o se rehúsan a pagar, entonces se puede presentar quejas formales en distintas jurisdicciones y agencias estatales, dependiendo de dónde el trabajador reside y del tipo de reclamo.

La probabilidad de que los casos tomados por agencias estatales o la fiscalía se resuelvan a favor del trabajador son de un 20%, afirmó Dickson. Es así “porque para la mayoría de las personas es su palabra versus el empleador. Y el empleador tiene muchos más recursos y abogados para luchar contra ellos”, dijo la experta.

En el año fiscal 2019-20, el Departamento del Trabajo de Illinois (IDOL, por sus siglas en inglés) ha recibido más de 4,500 quejas de robos de salarios, en su mayoría por salarios, comisiones, vacaciones y bonos no pagados. El Departamento también logró recuperar $4.4 millones en el año fiscal 2020 y $3.8 millones en el año fiscal 2019 por salarios no pagados.

La Raza se contactó con el vocero de IDOL Michael Matulis, quien emitió respuestas por escrito. En su declaración, la agencia aseguró que no tienen los recursos necesarios para fiscalizar todas las quejas. Se mencionó que la Administración del exgobernador Bruce Rauner les dejó con un altísimo número de reclamos de robos salarios que no fueron examinados. Por esa razón, el gobernador JB Pritzker y el director de IDOL Michael Kleinik instituyeron un plan para “garantizar que los trabajadores en Illinois reciban un trato justo”.

Pritzker efectivamente decretó una orden que dictaba que dentro de 60 días todos los casos pendientes bajo las leyes salariales que la Administración de Rauner acumuló fuesen revisados inmediatamente. Según el comunicado, IDOL cumplió con el decreto, enviando 149 reclamos involucrando a 13 empleadores al fiscal general del estado.

A pesar de que IDOL ha tomado varias medidas para mejorar los procesos, la agencia reconoce que “la realidad es que en algunos casos existen muchas barreras al intentar recolectar pagos de los empleadores. Por ejemplo, un empleador puede mudarse a otro estado que no tenga un acuerdo de reciprocidad con Illinois o declararse en quiebra”.

Asimismo, cuando una decisión ha sido determinada el empleador tiene 35 días para pagar o solicitar al tribunal de circuito revisar la decisión. Si el empleador no paga en 35 días o perdió en la corte, entonces el caso es transferido a la oficina del fiscal general.

En realidad, dijo Mujica, “necesitaríamos un ejército a cargo de esto para que fuese expedito”. Como los procesos son tan largos, “mucha gente se da por vencida y pierde el interés”, añadió Mujica, que ha logrado recuperar en los últimos 10 años más de 8.5 millones de dólares para los trabajadores. “Te va a llevar una vida y la mitad de otra para que pase algo”.

“Los trabajadores también necesitan saber a qué agencia gubernamental recurrir. Deben tener un nivel de alfabetización que sea lo suficientemente bueno como para que puedan averiguar cómo presentar esa queja. Y luego también tienen que ser capaces de hacer eso sin temor a represalias, que es obviamente muy real para muchos trabajadores, no solo los trabajadores indocumentados”, explicó Dickson.

En referencia a la lentitud del gobierno para resolver estos casos, Dickson dijo que no cree “que las agencias estén haciendo un mal trabajo. Realmente creo que es cuestión de recursos. Tomemos la industria del lavado de coches, por ejemplo, donde sabemos que no son solo unas pocas manzanas malas, es casi todos los lavados de coches los que están haciendo esto. No hay manera de que nuestro Departamento de Trabajo tenga la mano de obra para salir y revisar proactivamente una industria entera”.

Trabajadores de bodegas

Sandy Moreno, quien hasta el pasado 13 de noviembre fue organizadora de trabajadores de la organización Trabajadores de Bodegas por la Justicia (Warehouse Workers for Justice) y quien asesoró a las trabajadoras Elizabeth Pérez y su hermana Ma Selissa Nieto, dijo que otro grupo de trabajadores vulnerables a robos de salarios son los que trabajan en la industrias de bodegas y empacadoras.

La organización Warehouse Workers for Justice trabaja en colaboración con la alianza Raise the Floor y otros servicios legales en los condados de Cook y Will.

“Nos enfocamos en educar a la gente para que conozcan sus derechos”, dijo Moreno. “Personalmente he visto a menudo que los empleadores [en estas industrias] han utilizado el covid-19 como una justificación para no pagar o pagar mal a los trabajadores después de haber sido despedidos. Hemos visto que el empleador ha tratado de utilizar la reducción salarial, por ejemplo, de $11 a $10 dólares por hora debido al covid-19”.

La joven, originalmente de California, contó que ella eligió esta profesión de ayudar a trabajadores a organizarse después de ver a su propia familia de trabajadores inmigrantes ser víctimas de robos de salarios. Moreno añadió: “Cuando comencé a trabajar en un sindicato en el Área de la Bahía [área de San Francisco] fue cuando empecé a entender y a observar lo que sucedía con los trabajadores. Me di cuenta de que realmente todos tenemos derechos y que podemos hacer algo al respecto. Siento que es mi deber correr la voz. Hay gente que necesita ayuda. Ellos necesitan saber que hay recursos ahí fuera”.

La educación es la mejor protección

Los expertos que abogan por los derechos laborales aseguran que la mejor arma para protegerse contra el robo de salarios es la educación. No sirve de mucho tener nuevas leyes si lo trabajadores no están informados.

Unzueta indicó que también es importante que los trabajadores estén organizados. “Los trabajadores son más vulnerables cuando no se organizan”, dijo y añadió que los trabajadores de agencias temporales son uno de los grupos más desprotegidos.

“Estos trabajadores son empleados de trabajos diarios, técnicamente lo contratan todos los días y son enviados a trabajar, sin garantías ni derechos, ni acumulan vacaciones, ni seguro médico”, dijo Unzueta. “Estas agencias siempre andan tratando de hacer trampa. Hay muchísimas injusticias y violaciones a la ley. Es difícil en este momento porque las empresas se están aprovechando mucho de la vulnerabilidad que tienen los trabajadores, muchos hacen lo que fuese para poder mantener a las familias”.

Unzueta, director del Chicago Community and Worker’s Rights, añadió que su organización recuperó más de $1.5 millones de dólares en 2019 para trabajadores. La clave para luchar contra estas injusticias “es organizarse siempre, tener a mano la oportunidad de luchar por los derechos. Tenemos que luchar, siempre. No queda otra”.

Para obtener información o ayuda sobre sus derechos laborales

• Arise Chicago: arisechicago.org, (773) 769-6000
• Raise the Floor Alliance: raisetheflooralliance.org, 312-795-9115
• Warehouse Workers for Justice: ww4.org, 815-722-5003
• Chicago Community and Workers’ Rights: chicagoworkersrights.org, 773-653-3664
• Departamento del Trabajo de los Estados Unidos: dol.gov/agencies, 1-866-4-USWAGE (1-866-487-9243)
• Departamento del Trabajo de Illinois: illinois.gov/, 312-793-2800

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La producción y difusión de este reportaje es posible gracias al apoyo de la Field Foundation of Illinois a través de su programa Media and Storytelling. La Raza aprecia su ayuda.